EREs en la banca: el ejemplo de Caixabank y las contradicciones del Gobierno

A la propuesta de 8.300 salidas planteadas este martes por CaixaBank, siguió el jueves el anuncio de BBVA de que pretende reducir su plantilla en unos 3.800 efectivos. En apenas unos días, dos de los principales bancos españoles han puesto sobre la mesa un recorte de en torno a 12.000 puestos de trabajo, poniendo las bases para lo que puede ser un ejercicio récord en lo que a despidos en la banca se refiere.

Aunque se pueda esperar que estas cifras acaben reduciéndose sensiblemente tras la negociación con los sindicatos, resulta llamativo que estas primeras propuestas hayan superado con creces los pronósticos iniciales. En el caso de BBVA, el número supera en alrededor de un 26% las 3.000 salidas que se habían insinuado en las semanas anteriores, y comprende un recorte de hasta el 16% de la plantilla del banco, lo que reviste este ajuste de una contundencia muy superior a la que han mostrado movimientos similares en el sector en los años previos.

Son varias las razones que justifican la resolución del banco que dirige Carlos Torres a la hora de encarar este recorte. Los fondos provenientes de la venta del negocio de Estados Unidos dotan a la entidad de un colchón de capital suficiente para asumir los costes iniciales de este proceso sin necesidad de moderar su impacto y le permiten dar un impulso notable a un proceso de transformación en el que precisamente BBVA no parece llevar la delantera, pese a su pretendido liderazgo tecnológico.

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Pero la proximidad entre su anuncio y el también tajante recorte planteado por CaixaBank —no solo en número de salidas, sino también en las condiciones ofrecidas— obliga a considerar la posibilidad de que el paso dado por la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri haya podido suponer en cierto modo la apertura de un camino que el resto del sector se disponga ahora a transitar.

Al fin y al cabo, si de alguien se podía esperar en las circunstancias actuales una especial sensibilidad hacia las implicaciones sociales de sus recortes era de la entidad que, tras haber absorbido Bankia, cuenta entre sus principales accionistas con el Estado, que controla un 16% del capital a través del FROB. Sin embargo, y pese a la reciente intensificación de las protestas desde distintos sectores del Gobierno, CaixaBank no ha dado hasta el momento muestras de sentirse limitado por ese tipo de consideraciones.

Precisamente, si el Estado favoreció la integración de Bankia con CaixaBank, fue por el entendimiento de que el sector sigue precisando de una mayor consolidación que favorezca el nacimiento de entidades más grandes, más sólidas y más rentables. Y a nadie puede sorprender que estos objetivos pasen en buena medida por la aplicación de ajustes con que limar duplicidades y obtener unas sinergias de costes fundamentales. Por eso, no deja de resultar paradójico que ahora ministros como la vicepresidenta Nadia Calviño o José Luis Escrivá se desmarquen con comentarios críticos hacia el sector, que no pueden entenderse sino como parte del juego de 'marketing' político y de las inevitables contradicciones que surgen cuando los principios bienintencionados con los que se accede al Gobierno chocan con la fría realidad.

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En pocos sectores como el financiero se suele vigilar tanto el daño reputacional que pueden conllevar sus actuaciones. Al fin y al cabo, un banco al que la clientela decida darle la espalda es un banco en problemas. Es por eso que, cuando se trata de adoptar decisiones comprometidas, se suele dar cierta vigilancia entre rivales a la espera de que alguno dé el primer paso para evitar el estigma que puede suponer ser pionero en según qué políticas. Un ejemplo claro reciente es el referido al cobro de los depósitos minoristas, en el que varias entidades han admitido durante años la necesidad de la medida sin atreverse a aplicarla antes que el resto.

El daño reputacional de ser pionero en según qué medidas suele pesar en las decisiones

En este sentido, sí puede verse que un ajuste por parte de CaixaBank más duro de los que han venido predominando en el sector en los últimos años, si acaba aplicándose sin consecuencias ostensibles para la reputación de la entidad, puede verse como un aliciente para que otros bancos decidan abordar con menos miramientos sus propios procesos de ajustes. Pero no puede perderse de vista que tanto CaixaBank —por las condiciones financieras de su integración con Bankia— como BBVA —por la venta en EEUU— parten de una situación peculiar que les permite enfrentar este proceso con menos reparos económicos que los que tendrían que considerar sus rivales.

En cualquier caso, que los ajustes del sector financiero se apliquen a un ritmo mayor o menor parece un fenómeno inevitable. Y aunque, cuando se discuten las perspectivas laborales de tantos miles de personas, nunca se pueden considerar de más los llamamientos a la prudencia y la responsabilidad social por parte de las entidades, tampoco puede obviarse que el sector se enfrenta desde hace años a un escenario de mercado especialmente complejo, que dificulta con mucho la generación de rentabilidad, mientras crecen las necesidades de realizar inversiones para dar respuesta a la digitalización del negocio (que conlleva igualmente un acelerado cierre de oficinas), con la que también se ha incrementado la competencia. La crisis del coronavirus no ha hecho sino agudizar estas difíciles condiciones.

Bloquear la capacidad del sector para afrontar su transformación no puede concebirse en ningún caso como una solución, pues, al contrario, solo puede servir para prolongar la agonía de una industria que sigue resultando esencial para el buen funcionamiento de la economía. Plantear las medidas que puedan ayudar a abordar ese proceso del modo menos traumático posible para los trabajadores afectados sería, sin duda, una medida más eficaz que tratar de hacer más angosta una vereda cuyo final no parece admitir alternativas.