Esprint de Escrivá para lanzar la plataforma de fondos de pensiones públicos en 2023

El proyecto de fondos de pensiones de promoción pública se está haciendo de rogar. Sin embargo, el ministerio que dirige José Luis Escrivá quiere sortear el impasse político que dejó el 23-J y ha acelerado los pasos, con el Gobierno en funciones, para sacar adelante la plataforma y que se pueda iniciar la contratación. Aunque, primero, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) tiene que aprobar los fondos, algo que no ha hecho.

Este es el primer paso, que no depende de Escrivá. La DGSFP está tardando más de lo previsto en dar el visto bueno a la constitución de los 15 fondos de pensiones de las cinco gestoras adjudicatarias —cada una gestionará un fondo de renta fija, otro mixto y otro de renta variable—. Así, la DGSFP tiene que autorizar los fondos para que se constituyan ante notario.

En paralelo, lo que sí depende del ministerio es trabajar con las gestoras para poner en marcha la plataforma, que se está haciendo de rogar. El objetivo con el que trabaja el departamento de Escrivá es que vea la luz este 2023, aunque en una primera fase en la que será consultiva, para iniciar la divulgación de los productos.

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En una reunión celebrada este mes, según fuentes del mercado, se acordó que haya una primera fase en los próximos meses en que un grupo de trabajo formado por responsables de tecnología de las cinco gestoras (VidaCaixa, BBVA, Santander, Caser —con asesoramiento de Indexa— e Ibercaja), junto con el ministerio, desarrollen la plataforma. El ministerio ya está ultimando el diseño de la plataforma y en fase de pruebas, y se espera que se inicie pronto el volcado de datos por parte de las gestoras, para que esté visible antes de finales de año.

La adjudicación para los macrofondos se produjo el 21 de julio, antes de las elecciones, y el reglamento de estos productos se aprobó el 28 de julio, estableciendo un plazo de seis meses para que los fondos estén a disposición del público. Estos pasos dejaron ya solo por hacer trabajo técnico, compatible con un Gobierno en funciones. El ministerio espera que se lancen, además, planes simplificados de asociaciones, empresas, sectores a través de convenios colectivos, etc. Estos planes tendrán una estructura más simplificada, sin miembros del ministerio en la comisión de control, pero sin promoción pública.

Las cinco gestoras adjudicatarias tienen el compromiso de alcanzar los 500 millones en cada caso bajo gestión para mantener su licitación en el plazo de tres años, que se inicia cuando se adscriba el primer plan de pensiones a uno de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Es decir, cuando esté en marcha y se inicien las contrataciones. Asimismo, el ministerio convocará un procedimiento abierto para seleccionar gestoras para constituir nuevos fondos antes de tres años. En la última licitación, se quedaron fuera Nationale-Nederlanden y Mapfre, mientras que Fonditel llegó fuera de plazo.

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Una de las claves para el éxito del proyecto, y que se cumpla la proyección del ministerio de que estos fondos gestionen 3.956 millones en cinco años, es el funcionamiento de la plataforma. Se trata de la pieza angular, para facilitar la contratación de los fondos. Las partes han acordado una fase inicial hasta diciembre para lanzar la plataforma.

Sin embargo, según fuentes del mercado, al principio solo estará en funcionamiento a modo consultivo, para facilitar que se pueda valorar la oferta y que se acelere con la divulgación de esta vía de ahorro complementario, labor que tendrán que realizar tanto el ministerio como las gestoras. De hecho, era una de las cuestiones que se valoraban en el pliego. Para una segunda fase, se espera que se pueda ya realizar la contratación de estos fondos de pensiones, aunque todavía sin todas las funcionalidades.

Falta de conocimiento

Por ahora, queda mucho por hacer en cuanto a divulgación. Este miércoles, el Observatorio Caser presentó un estudio sobre el conocimiento de autónomos y trabajadores sobre los planes de pensiones de empleo, a través de una encuesta con 550 personas entre autónomos, empresas —de diferentes tamaños— y asociaciones y colegios profesionales.

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El sondeo muestra que queda mucho camino por recorrer. Solo el 27% de empresas y autónomos entre los encuestados ha oído hablar de los planes de pensiones de empleo o los planes de pensiones de empleo simplificado. El porcentaje va subiendo en función del tamaño de la empresa, pero confirma que en primera instancia el proyecto de Escrivá de sustituir el ahorro complementario desde los planes privados al ámbito laboral ha pinchado.

El Gobierno de Pedro Sánchez, por iniciativa de Hacienda y de Seguridad Social —la AIReF de Escrivá criticó las deducciones a los planes de empleo—, redujo la deducción máxima por aportaciones a planes de pensiones de 8.000 a 1.500 euros anuales. En paralelo, ha tratado de desarrollar un esquema de incentivos para el ahorro a través del ámbito laboral —lo que denomina la OCDE pilar II, siendo el primero la pensión pública y el tercero el ahorro privado—. Sin embargo, aún no está en marcha y, según opinan en el sector financiero, ha acabado siendo menos ambicioso de lo que se preveía.