El optimismo de Montero: prevé la misma aportación a pensiones pese al hachazo fiscal

El Ministerio de Hacienda espera la misma aportación a los planes de pensiones este año, a las puertas de la campaña navideña, que la que hubo el ejercicio pasado. Esta proyección se produce pese a los efectos del coronavirus en las finanzas de las familias y, sobre todo, a la vez que en el mismo documento el Gobierno ha plasmado un recorte a la bonificación sobre las aportaciones desde 8.000 euros a 2.000 euros.

Este tijeretazo se verá en las bonificaciones de 2022, ya que las del año que viene dependen de las aportaciones de este ejercicio. Sin embargo, los expertos dan por hecho que el futuro cambio fiscal tendrá un efecto inmediato. Al fin y al cabo, aunque solo uno de cada tres partícipes lo hace, los planes de pensiones se recomiendan cuando se van a utilizar como productos para ahorrar sistemáticamente y a largo plazo, no para hacer aportaciones puntuales.

El libro amarillo del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 recoge una estimación de 937 millones para 2021 en reducción del IRPF por aportaciones a sistemas de previsión social, que engloba planes de pensiones y seguros colectivos para la jubilación. Esta cifra es casi idéntica a los 938 millones recogidos en 2020. Y son números mayores que las estimaciones que realizó el actual Ministerio de Hacienda en el anteproyecto de presupuestos de 2019 para los ejercicios 2018 (771 millones) y 2019 (814 millones).

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En este caso, que la cifra sea al alza reduce el margen presupuestario del Gobierno, con lo que en el sector financiero sorprende que no espere una reducción de las aportaciones, como sí ocurre en la industria. Las aportaciones solo a planes de pensiones en 2019 (hay 7,5 millones de inversores en planes y casi un millón en seguros), según los últimos datos de la patronal de gestoras Inverco, sumaron 5.321 millones. Para las gestoras las aportaciones netas, descontando las prestaciones, se situaron en 798 millones.

Las aportaciones a los planes de pensiones se deducen en la declaración de la renta al año siguiente con un máximo de 8.000 euros o el 30% de la base imponible. Pero será la última vez que se mantengan estos incentivos, ya que a partir del próximo ejercicio, si salen adelante los presupuestos, será de un tope de 2.000 euros.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere fomentar el segundo pilar en detrimento del tercero (el primero se considera la pensión pública). Es decir, los planes de ahorro colectivo a través de las empresas y del propio Ejecutivo en vez de planes individuales.

Un producto estancado

Sin apenas desarrollo de los planes de empleo, estancados desde hace una década, los planes individuales eran la única vía para fomentar el ahorro complementario a la pensión pública. Sin embargo, las bonificaciones a las aportaciones son un ahorro regresivo y poco eficiente, según un análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), presidida por Cristina Herrero en sustitución del propio Escrivá.

Los planes de pensiones individuales cuentan con un patrimonio de 77.462 millones, según los últimos datos de Inverco, que llegan hasta septiembre. Aunque la deducción es el principal atractivo de este producto, la fiscalidad es peor en el rescate que en otros instrumentos de inversión. Asimismo, son más ilíquidos, ya que solo se puede retirar dinero a partir de los 10 años de la aportación (la primera ventana será en 2025).

Cuando un ahorrador en un plan de pensiones rescata parte o todo el ahorro, este se suma a la base imponible del IRPF. Es decir, tributa por las aportaciones y por el beneficio. Pero en otros vehículos o inversiones directas en acciones y bonos, se tributa ante Hacienda solo por las plusvalías obtenidas y como ganancias de capital, con tramos que van hasta ahora desde el 19% al 23%. Los cambios fiscales del Ejecutivo incluyen un tramo a partir de los 200.000 euros al 26%.

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Con gran parte de las aportaciones actuales capadas a futuro, hay serias dudas sobre los planes de pensiones. Según el último informe estadístico de instrumentos de previsión social complementaria, de la DGSFP, dependiente de Economía, 127.423 partícipes aportaron entre 6.001 y 8.000 euros; 68.280 partícipes, entre 4.501 y 6.000 euros; otros 95.559 partícipes, entre 3.001 y 4.500 euros, y 222.171 partícipes, entre 1.801 y 3.000 euros.

El sector financiero ha sido muy crítico con la medida. "Hoy en día, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida", aseguran las patronales Inverco y Unespa, de gestoras y aseguradoras respectivamente. En un comunicado, también critican que la disminución del límite a la aportación a sistemas de previsión social "es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española", dado que autónomos y trabajadores de pymes apenas tienen formas de ahorro colectivo.

Asimismo, señalan que esta medida "carece de sentido" en épocas de crisis como la actual, porque los ingresos son irregulares, provocando ejercicios sin aportaciones y otros con niveles más altos de ahorro. También recuerdan que en España hay un déficit de ahorro para la jubilación en comparación con otros países, y que la Comisión Europea apuesta por tres pilares para el retiro: pensión pública, ahorro privado y ahorro colectivo. Por último, niegan que los vehículos de ahorro para la jubilación supongan un coste para Hacienda, si no que solo es un diferimiento de la tributación.