El Tesoro avanza el trabajo para que el nuevo Gobierno pueda emitir bonos verdes en 2020

El Gobierno quiere que España se sume a las instituciones públicas que emiten bonos verdes. Hay dos razones de fondo: tener imagen de un Ejecutivo que apuesta por un modelo sostenible en economía y porque cada vez más inversores institucionales priman este tipo de bonos frente a los tradicionales. Sin embargo, para poder emitir, se necesita un desarrollo técnico que involucra a varios ministerios y la voluntad de Moncloa.

Los técnicos del Tesoro, junto a homólogos en otros ministerios, tienen como objetivo finalizar el desarrollo técnico necesario este año o a inicios del próximo para que España pueda emitir en 2020. Fuentes financieras conocedoras de este trabajo señalan que está muy avanzado y se podría culminar a finales de este año o principios del próximo, con lo que el Gobierno que salga de las elecciones del 10 de noviembre —si lo hay— podrá dar el visto bueno a que el organismo que dirige Carlos San Basilio incluya este tipo de emisiones en el programa del siguiente ejercicio.

Desde el Ministerio de Economía, aseguran que “el trabajo avanza con varios ministerios”. Fuentes conocedoras señalan que, además de Economía, están involucrados Hacienda, Transición Energética o Fomento. El desarrollo técnico incluye poder contabilizar proyectos que se van a financiar con estas emisiones.

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Es decir, si por ejemplo se emiten 1.000 millones, que los fondos puedan tener constancia de que están financiando inversión para reducir la contaminación, nuevos equipos de bomberos para luchar contra los incendios o programas sociales. Pero esta cantidad no podrá ir a proyectos ajenos con objetivos medioambientales o sociales. Además, los inversores a veces piden poder cerciorarse de que el uso del dinero es el que se prometió.

Por ello, Economía está implicado por el trabajo del Tesoro, mientras que Hacienda está por cuestión de Presupuestos. En los casos de los ministerios de Transición Ecológica y Fomento, se debe a que tienen inversiones y programas que son susceptibles de ser financiados con emisiones de bonos verdes. En cualquier caso, el próximo Gobierno deberá validar este trabajo para que el Tesoro lance emisiones ya en 2020.

España seguiría así los pasos de otros Estados europeos como Francia o Bélgica. El Tesoro francés emitió 7.000 millones en 2017 con el primer bono verde de un país. En su caso, primero hubo decisión política y posteriormente desarrollo técnico. La voluntad política y el desarrollo técnico fueron de la mano en Bélgica.

ICO, Madrid y País Vasco ya han emitido

Algunas instituciones públicas ya han emitido bonos verdes en España. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) colocó 500 millones en abril a cinco años con un cupón del 0,2%. El 47% de la colocación fue a parar a bancos, mientras que fondos de inversión coparon el 21% y aseguradoras y fondos de pensiones, el 14%. Geográficamente, el 43% del montante fue a parar a Francia y Alemania, donde la industria financiera ha sido pionera en este tema.

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Por su parte, el Ejecutivo regional de País Vasco emitió 600 millones también en abril a 10 años. En este caso, el 29% de la emisión se quedó en España, mientras que el 23% fue a parar a Francia. Los fondos de inversión coparon el 47% de la emisión. También en abril, la Comunidad de Madrid captó 1.250 millones con un bono verde a 10 años.

En el sector privado, también hay muchos ejemplos. BBVA ha sido muy activo en la emisión de bonos verdes, así como compañías de gran tamaño como Iberdrola o Telefónica. Banco Santander ha sido la última entidad en lanzarse a por este tipo de inversores, con un bono verde sénior preferente por valor de 1.000 millones el 1 de octubre. El grupo que preside Ana Botín explicó al mercado que usará la mitad de los fondos para la refinanciación de proyectos de energía renovable eólica y solar, y la otra mitad para nuevos proyectos en este segmento.

Más oferta y más demanda

El Tesoro empezó el año con la estimación de emitir 209.000 millones en 2019, pero avanzado el año su secretario general, Carlos San Basilio, redujo la previsión por debajo de los 200.000 millones por primera vez desde 2011. El año que viene, previsiblemente, las necesidades de financiación estarán por debajo de este umbral, y podrán estar incluidos bonos verdes.

El empuje de la inversión en sostenibilidad cada vez es mayor. La ministra Teresa Ribera aseguró a principios de año, en el foro Spain Investors Day, que la transición ecológica movilizará 200.000 millones de inversión en los próximos 10 años, aunque en este montante se incluyen inversiones privadas en un 80% y públicas en un 20%. Es decir, según las cuentas de la titular de Transición Ecológica —el otrora Ministerio de Energía renombrado—, habrá una inversión pública de 40.000 millones en una década.

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Desde el lado de los fondos, cada vez tienen más hueco las inversiones sostenibles. El mercado de bonos ESG batió un nuevo récord en 2018, con 181.000 millones de dólares a escala global, según datos recopilados por Dealogic y Crédit Agricole. De hecho, el peso de los nuevos emisores aumentó hasta el 41% de la oferta, lo que muestra una tendencia creciente. Los mayores inversores, según estos mismos datos, fueron Crédit Agricole, HSBC, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan.

La inversión verde ha resultado ser algo más que una moda que tratan de aprovechar las gestoras para vender fondos. Sin embargo, sigue pendiente una taxonomía desde Bruselas que clarifique qué se entiende por inversión sostenible. Esto debería ocurrir entre 2019 y 2020. Entre sus objetivos, está contribuir a mitigar el cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección del agua, economía circular, prevención o control de la polución y biodiversidad o salud de los ecosistemas. Para los analistas de S&P, “la disponibilidad de datos es el mayor obstáculo para una rápida implementación de la taxonomía”.