La venganza talibán contra las juezas afganas: "Su obsesión al salir de la cárcel es matarnos"

El 15 de agosto de 2021, día en que los talibanes se hicieron con el control de Kabul, capital de Afganistán, Helena Hofiani se encontraba trabajando en su sede judicial. En las últimas semanas, el avance de los islamistas radicales se había mostrado imparable y la toma de la ciudad se antojaba inevitable. Ni el ejército afgano, ni las tropas extranjeras, en retirada, planteaban resistencia alguna. "Un compañero entró corriendo en la oficina gritando que la milicia talibán había tomado Kabul y que estaban abriendo las prisiones. Yo entré en pánico", relata, "en ese momento supe que mis sueños y aspiraciones acababan de desaparecer para siempre".

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Helena Hofiani es jueza. Está especializada en violencia de género y ha trabajado en varias secciones de la Corte Suprema de Afganistán. Es, además, autora de varias sentencias contra grupos terroristas, que han enviado a la cárcel a muchos talibanes sedientos de venganza. "Sabía que lo primero que harían era detenernos a mí y todos los que hemos colaborado en construir un Estado de Derecho. Antes de que sucediera, salí de Kabul y me escondí en un pueblo pequeñito. Apagué el móvil, destruí los documentos que revelaban mi profesión y empecé a buscar la manera de salir del país". Una vez se hicieron con el control del territorio, los funcionarios se convirtieron en el objetivo número uno de los talibanes. "Registraban casa por casa buscándonos", describe Hofiani. Una cruenta persecución en la que también se han producido amenazas y torturas a sus familiares para que revelaran su paradero.

Dentro de la obsesión talibán por acabar con quienes consideran colaboracionistas con Estados Unidos y las potencias extranjeras, su gran fijación son las juezas. Por su doble condición. Por ser mujeres o, lo que es lo mismo, un sexo que, según su imaginario, no merece libertad o derecho alguno. Y por ser magistradas y, por tanto, haberles sometido a la humillación de ser juzgados y, en muchos casos, condenados.

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"Recuerdo cuando tuve que juzgar a un joven terrorista. Se parecía muchísimo a mi hijo", cuenta la también jueza afgana Suraya Ahmadayar: "Le dije que le pondría una sentencia leve si se comprometía a abandonar su actividad y a convertirse en alguien útil para la sociedad y su familia". La reacción de aquel adolescente le heló la sangre. "Me respondió: 'Sois herejes por colaborar con Estados Unidos. Nuestra responsabilidad moral es mataros". Sin ápice de arrepentimiento o voluntad de enmienda, el acusado prometió a Ahmadayar y al resto del tribunal que, en cuanto fuera liberado, llevaría a cabo un acto suicida para acabar con todos ellos.

"Todo el empeño de los talibanes liberados es vengarse del juez que le condenó o envió a prisión a su familia", subraya la Ahmadayar, que atesora una amplia experiencia en el sistema judicial afgano. Ha trabajado en el Tribunal de Apelación de Seguridad Pública, el Tribunal Penal de Apelación, el Tribunal de Primera Instancia de Menores y, más recientemente, ha sido presidenta del Tribunal de Delitos de Tráfico del Tribunal de Primera Instancia de Kabul.

"Juzgué a un joven que me dijo: 'Sois herejes por colaborar con Estados Unidos; nuestra responsabilidad moral es mataros'"

Hofiani y Ahmadayar son dos de las ocho juezas afganas acogidas en España, gracias a la intervención y la ayuda de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IWAJ, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que han impulsado y coordinado su llegada al país. De las 270 magistradas que se calcula que ejercían en el país antes de la involución talibán, ya han logrado sacar del país a más de 160. Unas 70 esperan aún poder ser rescatadas del infierno de persecución, tortura y ejecución a las que las ha condenado el régimen islamista radical.

La esperanza de muchas mujeres

El acceso de mujeres a puestos de responsabilidad, cuentan las juezas afganas en España, no solo tenía un valor individual, por su propia evolución personal y profesional. Ver en la magistratura rostros femeninos insufló esperanza a muchas otras afganas y las empoderó para reclamar sus derechos y denunciar a quienes trataban de negárselos, o las vejaban o ejercían violencia contra ellas. Porque con la caída del régimen talibán de hace 20 años, el machismo retrógrado no desapareció. La lucha, incluso antes de la insurrección, seguía siendo una constante.

"Ver a mujeres en los juzgados y tribunales dio confianza y seguridad a muchas otras, y les dio la opción de progresar", narra Gulalai Hotak, jueza que ha ejercido en varios órganos judiciales del país, entre ellos, el Tribunal Supremo de Afganistán, y colaboradora en numerosas organizaciones internacionales que apoya la libertad y los derechos de sus compatriotas. La magistrada, no obstante, rompe a llorar cuando narra la historia de una mujer que tuvo el atrevimiento de reclamar a sus seis hermanos su parte de la herencia cuando falleció su padre. "La apalearon hasta matarla", recuerda con la voz quebrada, "darles protección legal y seguridad era muy importante para que ellas pudieran denunciar y reclamar sus derechos".

La realidad ahora es muy distinta. "Es un infierno", expone conteniendo la rabia Friba Quraishi, jueza de familia, que también ha ejercido en el Tribunal Supremo del país, y que además de encarcelar a numerosos terroristas y talibanes, ha participado en procedimientos administrativos y financieros para garantizar su transparencia. "En Afganistán se está viviendo un auténtico genocidio. Una mujer no puede salir de casa si no es acompañada de su marido. No tiene derecho a hablar, ni a recibir educación, ni a participar en la sociedad. Les han privado de todo y ahora son objeto de violencia constante", describe Quraishi, que levanta la voz para reclamar: "¡No se olviden de ellas, por favor!".

"En Afganistán se vive un genocidio; han privado de todo a las mujeres y ahora son objeto de violencia constante. ¡No las olviden!"

Helena Hofiani, Suraya Ahmadayar, Gulalai Hotak y Friba Quraishi participaron el pasado martes en la jornada 'Encuentro con Juezas Afganas Exiliadas en España', organizado por la sección de la Corte Española de Arbitraje CEA Mujeres y AMJE. En el evento, celebrado en la Corte de Arbitraje de Madrid, también narraron su vivencia las magistradas Nazima Nezrabi y Safia Jan Mohammad. Todas coincidieron en hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que no reconozcan al gobierno de los talibanes y, con desesperación, reclamaron que no se olvide la dramática situación que están viviendo sus compatriotas.

Ayuda internacional

Helena Hofiani y Nazima Nezrabi fueron las dos primeras juezas afganas en llegar a España, pocas semanas después de la caída definitiva del país en manos de los talibanes. La última aterrizó en nuestro país el pasado 11 de mayo. La mayoría llegan con su familia más cercana, marido e hijos, pero dejan atrás a todos los demás. Dos de las juezas, además, hicieron el viaje embarazadas y han tenido a sus hijas ya en suelo español. María López de la Usada, de AMJE, se emociona recordando el parto y los días posteriores. "Pasar esos días lejos de sus madres, de sus hermanas, es duro. Las integrantes de la asociación las estamos acompañando en todo este proceso, supliendo a su familia... Es muy emocionante y nos está reportando una energía recíproca impresionante", relata.

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La IWAJ y AMJE juegan un papel fundamental para las juezas afganas que buscan salir del país. La asociación internacional trata de mantener el contacto con ellas en su huida del país y las asiste en la elección de destino. Una vez definen que irán a España y obtienen el visado por parte de las autoridades, AMJE entra en contacto con ellas para preparar su llegada. Una vez pisan suelo nacional, un pequeño equipo de miembros de la organización las acompañan en sus primeros trámites, les proporcionan algo de dinero y cualquier otro bien básico que necesiten, y les brindan compañía y afecto.

"Tenemos la expectativa de que aún pueda llegar alguna jueza más", señala López de la Usada, que también reclama algo más de implicación de las autoridades y los medios en la acogida de estas mujeres. "Se ha notado mucha diferencia entre las primeras y las últimas en llegar", explica. Así, con Hofaini y Nezrabi la tramitación de sus expedientes de asilo se produjo en apenas días, mientras que las últimas en llegar llevan meses esperando pasar la primera fase del proceso, que les da mayor acceso al sistema de acogida. "La impresión es que no estamos lo suficientemente preparados. Al empezar la invasión de Ucrania y llegar aquí quienes huían de la guerra, el sistema ha colapsado", reflexiona.

Desde que llegaron a España, las ocho juezas se afanan en aprender español. De hecho, durante la jornada en la Corte de Arbitraje de Madrid, Nazima Nezrabi se atrevió a realizar parte de su discurso en castellano. "Estoy muy agradecida a AMJE y a IWAJ por su ayuda, también a España", aseveró ante un auditorio enmudecido, impactado por la crudeza de los testimonios. La asociación de juezas también destaca la implicación de muchas universidades, bien a través de becas, bien organizando jornadas en las que las magistradas afganas puedan trasladar su experiencia y demostrar su extraordinario conocimiento técnico. No en vano, subrayan, son juristas que han ayudado a levantar un Estado de Derecho, como trató de serlo Afganistán. Su testimonio es incalculable y sirve para recordar que ningún logro es irreversible.

Son juristas que ayudaron a levantar un Estado de Derecho. Su testimonio debe servir para recordar que ningún logro es irreversible

No obstante, como apunta la magistrada y directora regional de la IWAJ Gloria Poyatos, la normativa de asilo aún adolece de graves deficiencias para ayudar a proteger a las mujeres que sufren persecución por el hecho de serlo. La Convención de Ginebra, que regula el Estatuto del Refugiado, no recoge expresamente el género o el sexo como causa específica de persecución que da derecho a tal condición, sino que los engloba dentro de concepto "pertenencia a determinado grupo social". Sí son motivos expresos, en cambio, la raza, la religión, la nacionalidad o las opiniones políticas.

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El problema, continúa Poyatos, es que ese enfoque es el que impregna también la normativa europea y española, que sí reconocen el género y el sexo como causa de persecución internacional, pero con un matiz. Al evaluar la solicitud, cuando se base en dicha causa, la autoridad la concederá o no "en función de las circunstancias imperantes en el país de origen". Una coletilla, según la magistrada, "que es tan abierta que, en la práctica, la concesión de la protección queda al albur de la autoridad decisoria". Además, hace más difícil el acceso a la misma, porque no basta con indicios de persecución, sino que la solicitante deberá presentar pruebas.

"Es jurídicamente muy difícil de entender por qué el género se somete a una valoración más exigente que la raza, la nacionalidad, la religión o las opiniones políticas", señala Raquel Ballesteros, socia del bufete Simmons & Simmons e integrante de CEA Mujeres. "No puede tolerarse que en ningún lugar del mundo se normalice que las mujeres son de peor condición que los hombres y no hay justificación para que la normativa entorpezca brindarles la mayor de las protecciones posibles. Pido un esfuerzo. Si hay que cambiar la Convención de Ginebra, se cambia. Y si hay que cambiar la normativa española y europea, también", remata la letrada.