Allen, Pérez-Llorca, Clifford, Ashurst... Los bufetes de élite rechazan clientes rusos en España

Se extiende la lista de despachos de abogados que han tomado la decisión de romper con sus clientes rusos o bielorrusos, y de no aceptar nuevos encargos que puedan provenir de empresas o personalidades de ambos países. En los últimos días, y rompiendo la habitual neutralidad de los letrados en cuestiones políticas, han sido varias las firmas internacionales que se han expresado públicamente rechazando la invasión de Rusia a Ucrania y anunciando que revisarían sus relaciones con clientes del país. En España, el primer bufete en comunicar un paso al frente en esta dirección ha sido Pérez-Llorca, pero no es el único que ha tomado medidas.

Tras la consulta realizada por El Confidencial, Cuatrecasas detalla que, desde el inicio de la guerra, ha implantado controles específicos para evitar que sus abogados acepten cualquier asunto que, directa o indirectamente, implique el asesoramiento de los Estados de Rusia o Bielorrusia, incluyendo a entidades públicas y personas relacionadas o incluidas en listados de sospechosos. En la misma línea, desde Uría Menéndez señalan que, aunque la clientela rusa "siempre ha tenido muy escasa relevancia en la firma, a las 24 horas de la invasión, el despacho tomó la decisión de dejar de trabajar con clientes rusos".

Gómez-Acebo & Pombo, por su parte, tras expresar su solidaridad con el pueblo de Ucrania y el rechazo a la invasión de la Federación Rusa, señala que está examinando su trabajo con clientes o posibles clientes que puedan estar afectados por las sanciones de origen ruso y bielorruso para valorar, en su caso, posibles medidas a adoptar. "Todo ello", agregan desde la organización" siempre desde el máximo respeto al Estado de Derecho, a la función y principios de nuestra condición de abogados, y a los valores que siempre ha mantenido nuestra firma". Garrigues, de momento, ha trasladado ninguna decisión o comentario al respecto.

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Estas posturas se suman a la que el jueves anunció públicamente Pérez-Llorca a través de un mensaje en su cuenta de LinkedIn. En la misma, el bufete trasladó que estaba "revisando" su trabajo con clientes o compañías rusas y bielorrusas para "facilitar el rechazo de nuevos mandatos y la interrupción de los existentes". Una medida que se adoptaba, según explicó la organización, porque "la situación nos exige dar pasos que van más allá del cumplimiento de las sanciones". Junto con el examen de sus encargos, la firma que lidera Pedro Pérez-Llorca avanzó un desembolso de 100.000 euros en metálico para ayudas económicas directas a Ucrania y sus nacionales. Otras firmas nacionales también están articulando fórmulas para enviar ayuda o asistir a los ciudadanos ucranianos.

De este modo, los grandes bufetes nacionales se alinean con un creciente grupo de firmas internacionales que se están distanciando de sus clientes rusos, muchos de ellos con presencia en España. Uno de los primeros en manifestarse (y también con mayor claridad y contundencia) fue el despacho del 'Magic Circle' inglés Allen & Overy. En un mensaje a través de sus canales internacionales, y replicado también en España, la organización manifiesta su "apoyo a los gobiernos de todo el mundo en su respuesta a esta invasión sin sentido y condena las acciones de Rusia". Asimismo, indica que se encuentra examinando el asesoramiento que está prestando en todos los asuntos relacionados con Rusia y rechazarán nuevos mandatos y detendrán todo el trabajo vinculado con el país "que vaya en contra de nuestros principios".

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Durante la mañana del viernes, Clifford Chance también trasladó que no aceptaría nuevos mandatos "de ninguna entidad estatal rusa, empresas estatales rusas o individuos que tengan conexiones cercanas con el presidente Putin" y revisaría los existentes para asegurar que su trabajo fuera coherente, no solo con las sanciones internacionales, sino también con los principios y valores de la organización. Por la tarde de ese mismo día, Linklaters fue un paso más allá y anunció que, además de romper con sus clientes con vínculos directos o indirecto con el régimen ruso, cerraba su oficina en Moscú. Una decisión con una doble lectura: por un lado, el despacho lanza un mensaje coherente con la condena de la invasión de Ucrania y, por otro, asume que, tras las sanciones y el rechazo a los clientes rusos, poco tienen ya que hacer sus abogados en el país. Todo indica que no será la última firma internacional en hacer las maletas.

Ashurst, por su parte, ha señalado que "dada la gravísima situación política y humanitaria que se está produciendo, y teniendo en cuenta nuestros valores como firma y las medidas adoptadas por muchos gobiernos, hemos tomado la decisión de no actuar, por el momento, para ningún cliente ruso nuevo o existente, esté o no sujeto a sanciones". Junto con los mencionados, otros bufetes como Baker McKenzie, Freshfields, White & Case o Everhseds también han asumido posiciones similares respecto de empresas o personalidades rusas.

Debate complejo, trámite sencillo

La posición adoptada por cada vez más bufetes no esconde que la decisión de rechazar trabajar con clientes rusos es una cuestión extremadamente compleja y sensible, según explican desde varios de ellos. En primer lugar, porque, en contra de lo que suele interpretar la opinión pública, la asunción de la defensa jurídica de un sujeto o una corporación no conlleva una identificación de los abogados con sus intereses particulares o económicos, y el derecho a la defensa es un principio general contenido en todos los ordenamientos jurídicos.

En segundo término, en alguna firma se ha planteado la duda de si resulta aceptable que se establezca una regla general para todos los ciudadanos o las empresas rusas, asumiendo una suerte de idea de que todas son cómplices de la invasión impulsada por Vladímir Putin. Asimismo, en varios despachos apuntan a la dificultad de monitorizar a todos y cada uno de los clientes con origen o vinculación con Rusia, dada la infinidad de asuntos que conduce cada uno de ellos y de lo compleja que es la estructura societaria de muchas compañías, fondos o bancos. Y, por último, en las firmas internacionales con presencia en Moscú han analizado el impacto que un pronunciamiento público podía tener para sus empleados en Rusia o para su propia organización (por si podía ser objeto, por ejemplo, de ciberataques).

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En todo caso, el establecimiento de criterios reputacionales o éticos en la aceptación de trabajos no es algo nuevo en el sector legal. Hay despachos que tienen como norma, por ejemplo, no defender políticos acusados de corrupción, y otros que no aceptan trabajar con empresas del sector del tabaco, el alcohol o el juego. Asimismo, como relatan desde una firma internacional, también ha pesado la convicción de que el aislamiento de las grandes empresas y oligarcas rusos podía traducirse en una presión por su parte al Kremlin.

La normativa profesional no establece demasiadas dificultades ni impedimentos a los abogados para rechazar o desistir de un encargo profesional por parte de un cliente. Según el artículo 50 del Estatuto General de la Abogacía, los letrados tendrán "plena libertad para aceptar o rechazar la dirección de cualquier asunto". Asimismo, podrán renunciar a la defensa procesal que les haya sido confiada en cualquier fase del procedimiento "siempre que no se cause indefensión al cliente", estando obligados a despachar los trámites procesales urgentes.