La lentitud de los tribunales bloquea 11.000 millones de euros al año

La lentitud de los tribunales a la hora de hacer realidad las sentencias que dictan tiene consecuencias sobre la economía. En concreto, los órganos judiciales paralizan cada año cerca de 11.000 millones de euros. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por Sigma Dos que analiza el impacto que tiene sobre la economía española la demora de los jueces a la hora de ejecutar sus fallos y proyecta cuánto dinero podría estar circulando en caso de mejorar la eficacia judicial.

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El estudio se apoya en los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre la cantidad de sentencias civiles registradas durante el año 2019, que ascienden a 484.300. El documento estima que aproximadamente el 60% de esos fallos tienen consecuencias dinerarias, y cifra en 10.000 euros el importe medio de cada uno, por lo que concluye que estas resoluciones judiciales mueven alrededor de 14.000 millones de euros anuales. Ahora bien, según los cálculos del CGPJ, en 2019, los tribunales solo llegaron a ejecutar poco más del 25% de estas sentencias, poniendo en circulación únicamente 3.600 millones de euros. Ello supone que cerca de 11.000 millones de euros se quedaron durante ese año paralizados en los tribunales a la espera de ser repartidos.

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Durante la presentación del informe, que ha tenido lugar este miércoles en la sede del Consejo General de los Procuradores, el presidente de la entidad, Juan Carlos Estévez, ha subrayado que la Justicia española es de las más eficientes de Europa, pero en lo que respecta a la fase declarativa. Sin embargo, nuestra Administración se encuentra entre las más lentas a la hora de materializar los efectos de un fallo. Un aspecto relevante teniendo en cuenta que la justicia no solo consiste en reconocer una situación de desigualdad, sino también en corregirla. "Cuando un ciudadano acude a los tribunales no busca únicamente que le den la razón, que confirmen que alguien les debe dinero, lo que busca principalmente es cobrarlo", resume Estévez.

Este problema es, según el informe, uno de los más acuciantes del tercer poder. "Cada año, el número de ejecuciones que se quedan en trámite al finalizar el año sigue aumentando. La adopción de medidas que agilicen este proceso y aumenten la tasa de éxito es una de las asignaturas pendientes de la Justicia española", asevera.

La justicia no solo consiste en reconocer una situación de desigualdad, sino también en corregirla

¿Soluciones? Dar poder a los procuradores

En este sentido, el estudio destaca la figura del procurador como solución para dotar de rapidez al proceso de materializar un fallo. En España, estos profesionales participan en los procedimientos judiciales como apoyo, pero no tienen un poder de decisión real a la hora de dotar de efectos a una sentencia. Esta tarea recae primordialmente sobre los jueces, que son los que tienen la primera y última palabra para obligar a un deudor condenado a pagar desde el importe discutido en el litigio hasta las costas o los intereses.

Opinión

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La alta carga de trabajo que acumulan y los numerosos pasos por los que hay que pasar para aprobar estas cuestiones convierten el proceso de ejecución de una sentencia en un trámite muy tedioso y largo, que se alarga de media entre seis y 12 meses. Otros países de Europa, en cambio, no implican a los jueces en esta tarea o, al menos, no les dan tanto peso. En su lugar, dotan a los procuradores de un papel ejecutor, por lo que estas figuras, conocidas como 'huissier' o agentes judiciales, se convierten en una pieza clave en este proceso, lo agilizan (este trámite se alarga un máximo de dos a cuatro semanas) y logran índices de éxito mucho más altos.

Ejemplo de ello es Estonia, donde la labor de ejecutar un fallo ya dictado corresponde en exclusiva al procurador y la tasa de éxito alcanza el 85%. Lo mismo ocurre en Francia (65%), Países Bajos (62%), Luxemburgo (60%) y Lituania (52,5%). Otros países con una alta tasa de materialización de sentencias, como Bélgica (72,5%) también dotan de mucha autonomía a los agentes judiciales, aunque estos profesionales dependen de otros actores como abogados o notarios.