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La factura del colapso judicial: menos inversión y poco crecimiento
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OBSERVATORIO 2021 DE LA JUSTICIA

La factura del colapso judicial: menos inversión y poco crecimiento

Un informe alerta del impacto negativo que tendrá el previsible aumento de la congestión de los tribunales sobre la economía española

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Los tribunales españoles siguen en vilo por el tan anunciado colapso judicial que se lleva pronosticando desde el comienzo de la pandemia. Aunque de momento los datos parecen indicar cierta estabilidad, el sector sospecha que se trata simplemente de la calma que precede a la tormenta. La avalancha, vaticinan, llegará tarde o temprano. Un asunto que no es baladí, ya que el previsible atasco no solo dañará la seguridad jurídica del país, sino que también tendrá un impacto negativo sobre la economía.

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Como pone de manifiesto el 'Informe 2021' del Observatorio de la Actividad de la Justicia, elaborado por la Fundación Wolters Kluwer, un incremento de la congestión judicial podría desembocar en un menor crecimiento empresarial, una bajada del emprendimiento y un descenso de la inversión. Concretamente, el documento señala que una subida de diez puntos de la tasa de congestión judicial supondría una caída de 0,1% del índice de inversión. El impacto económico no se notaría únicamente en el ámbito corporativo. Aspectos tan cotidianos como la decisión de alquilar una vivienda también se verían afectados por una intensificación de la litigiosidad.

¿Cómo se explica esta relación entre la carga de trabajo de los jueces y la economía? "La situación del sistema judicial y el entorno económico de un país no son realidades separadas. Las relaciones entre ambos, de hecho, pueden verse acentuadas en una situación de tensión como la originada por la pandemia", describe en el estudio Juan Mora-Sanguinetti, abogado y economista titulado del Banco de España-Eurosistema. Para el letrado, una de las principales funciones de la justicia es, precisamente, el control del cumplimiento de los contratos. De ejecutarse correctamente, esta vigilancia se traduce en una mayor seguridad jurídica y económica, ya que otorga certidumbre a las empresas y a los particulares.

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Del mismo modo, las recesiones económicas suelen traer consigo un aumento de la conflictividad legal. De hecho, el informe concreta que, durante la crisis de 2008, España se convirtió en el tercer país más litigioso de la OCDE. "La congestión judicial tiene implicaciones para la eficiencia económica, la entorpece", resume Mora-Sanguinetti. Para entenderlo de forma gráfica, basta con imaginar una tienda de ropa cuyas ventas se reducen a causa de una crisis.

Las recesiones económicas suelen traer consigo un aumento de la conflictividad legal

Para sanear sus cuentas, el establecimiento tendrá que tomar medidas como reducir la jornada de sus empleados o realizar despidos. En casos más extremos, el descenso del negocio podría llevar al local no pagar lo acordado a sus proveedores o, incluso, llegar al un punto de endeudamiento que acabe en concurso de acreedores. Decisiones condenadas a acabar sobre la mesa de un juez, aumentando su carga de trabajo y provocando, en definitiva, un efecto negativo sobre otras variables como la inversión o el crecimiento empresarial, grandes dependientes de la estabilidad y la certidumbre.

3.400 alquileres menos en Madrid

¿Cómo afecta la congestión de los tribunales al mercado del alquiler? Aunque en este informe no lo detalla, es una cuestión a la que Mora-Sanguinetti le ha dedicado una gran atención. Como señala en su estudio 'La eficiencia del sistema judicial en España y sus impactos económicos', publicado este año, el alquiler de una vivienda implica una relación a largo plazo entre propietario e inquilino. A mayor eficacia del sistema judicial, mayor será la certeza de ambas partes de que las obligaciones pactadas se van a respetar. Un escenario jurídico saturado, en cambio, generaría más inseguridad a los propietarios, que evitarían alquilar su vivienda si perciben que no pueden hacer cumplir sus contratos.

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En este sentido, el documento calcula que un incremento de un punto en la tasa de congestión judicial en las ejecuciones aumentaría la cuota de la propiedad entre el 0,14 y el 0,16%. Unas cifras que equivalen a 3.400 viviendas menos en Madrid disponibles para alquilar. Por su parte, Barcelona perdería alrededor de 3.100 inmuebles y Valencia, cerca de 1.400.

¿Previsiones equivocadas?

Por otro lado, el informe hace referencia a las repetidas advertencias de colapso que se anunciaron desde marzo de 2020. Unos augurios, recuerda el texto, a los que se sumó el propio Ministerio de Justicia, que a mediados de 2020 estimó que los conflictos laborales aumentarían un 31% en lo que quedaba de año y un 140% el siguiente. En el ámbito civil, el aumento estimado para 2021 era del 145%, mientras que para ese mismo periodo estaba previsto un incremento de los concursos de acreedores del 619%.

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¿Fallaron las predicciones? El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia y también autor del estudio, Miguel Pasqual del Riquelme, descarta que los pronósticos fueran erróneos o fruto de temores infundados y explica que se deben en gran medida a la paralización judicial que tuvo lugar durante los primeros meses de la pandemia. Asimismo, indica que otras medidas como las repetidas moratorias en el ámbito concursal, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las prórrogas en lanzamientos judiciales de vivienda y los refuerzos en el ámbito de justicia han contribuido a retrasar el colapso.

Ahora bien, no descarta que la eventual avalancha termine siendo una realidad en un futuro próximo, "cuando las medidas de contención finalicen si la recuperación económica se retrasa más de lo previsto, o si la pandemia no evoluciona tan favorablemente como todos esperamos", concluye.

Los tribunales españoles siguen en vilo por el tan anunciado colapso judicial que se lleva pronosticando desde el comienzo de la pandemia. Aunque de momento los datos parecen indicar cierta estabilidad, el sector sospecha que se trata simplemente de la calma que precede a la tormenta. La avalancha, vaticinan, llegará tarde o temprano. Un asunto que no es baladí, ya que el previsible atasco no solo dañará la seguridad jurídica del país, sino que también tendrá un impacto negativo sobre la economía.

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