El Colegio de Madrid suspende 6 meses al letrado del engaño de los gastos hipotecarios

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha sancionado con seis meses de suspensión en el ejercicio de la abogacía al socio de ADS Abogados Alberto Caminero Lobera por "engañar" a sus clientes en la gestión de las reclamaciones judiciales de sus gastos hipotecarios. El órgano colegial considera probado que el letrado mantuvo una conducta "desleal" con sus defendidos porque, a pesar de que publicitaba en su página web que se ocupaba de la reclamación de los gastos, posteriormente, su actuación se limitaba a reclamar la nulidad de las cláusulas controvertidas y no el reintegro de la cuantía correspondiente a las mismas.

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La conducta del letrado fue denunciada por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) el pasado mes de marzo, tal y como informó El Confidencial. Según el escrito presentado por la organización, ADS Abogados llevaba a cabo una maniobra engañosa con sus clientes. En lugar de solicitar de forma conjunta la nulidad de la cláusula hipotecaria y la devolución de la cuantía —dos acciones independientes, pero que suelen instarse a la vez porque carece de sentido práctico obtener la declaración de nulidad de forma aislada—, el despacho se limitaba a tramitar la primera acción.

¿Por qué actuaba así? Según detallaba Asufin, la razón es que en las demandas en que la cuantía reclamada es inferior a 2.000 euros no suele haber condena en costas o, de haberla, está vinculada a la cuantía del pleito y, en casos como los descritos, es muy reducida. En cambio, al instar solo la acción de nulidad, se trata de un procedimiento de cuantía indeterminada, en que las costas se fijan de acuerdo con unas reglas que las suelen situar por encima de los 1.000, 2.000 o incluso los 3.000 euros, según la región donde se celebre el juicio.

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"El abogado denunciado les hace creer que va a realizar esa reclamación [la del reintegro de los gastos], pero en lugar de ello solo reclama que se declare la nulidad. Y, una vez obtenida la sentencia, rompe toda vía de comunicación con sus clientes, ya que no vuelve a contestar sus llamadas ni sus correos electrónicos", evidenciaba la organización en su escrito al ICAM. Asufin tuvo conocimiento de tal actuación por las quejas de varios consumidores en Rankia.com, un portal de intercambio de información y consejos financieros, en el que empezaron a multiplicarse los mensajes de personas que decían haber sido engañadas por ADS Abogados.

Dos infracciones

El acuerdo dictado por la junta de gobierno del ICAM, fechada el 27 de octubre, asevera que "aun siendo correcto reclamar solo la nulidad de la cláusula, constituye un engaño al justiciable, toda vez que la publicidad versa sobre reclamación de los gastos, no sobre la declaración de nulidad de una cláusula que no implicará su devolución". En este sentido, continúa la resolución, que ADS Abogados limite su actuación a la reclamación de la nulidad de la cláusula "no reporta ningún beneficio al cliente y sí al letrado, que podrá beneficiarse de la condena en costas; este es el motivo de la deslealtad que se le atribuye".

Patricia Suárez (Asufin): "Es un caso aislado, pero igual que exigimos transparencia a los bancos, se la pedimos a los abogados"

La conducta, según concluye la junta a propuesta del instructor del expediente disciplinario, constituye dos infracciones muy graves del Estatuto General de la Abogacía. En primer lugar, del artículo 84.b), que sanciona la "publicidad de servicios profesionales" con incumplimiento de los requisitos que establece la propia norma. Y, en segundo término, del 84.c), que penaliza los actos y omisiones que constituyan "ofensa grave" a la dignidad de la profesión, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el estatuto.

ADS Abogados se anuncia como un despacho que tramita gratis las reclamaciones relacionadas con cláusulas suelo, gastos de hipoteca, multidivisa, tarjetas 'revolving', 'swaps' y otros productos bancarios. "Abonamos los honorarios de abogado, procurador y perito economista. 100% gratuito", dicen los rótulos de su web. En marzo, cuando Asufin presentó su denuncia al ICAM, el portal explicaba: "Solo llevamos casos muy viables, así no tenemos que cobrar a los clientes adelantos ni porcentajes. Cobramos solo de la condena en costas al contrario y si la hay. Si no hay condena en costas, no cobramos nada, aun ganando", un texto que ya ha desaparecido de la página.

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En conversación con El Confidencial, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha destacado que, a pesar de tratarse de casos aislados, es importante detectar y denunciar las prácticas de bufetes como ADS Abogados "porque perjudican muchísimo al conjunto de abogados de consumo, que hacen una gran labor", y porque hay que evitar "que se abuse doblemente de los consumidores". "Al igual que hemos exigido transparencia a los bancos, tenemos que pedírsela a los abogados en el servicio que dan para pleitear contra las entidades", asevera. En opinión de Suárez, es importante no demonizar la figura de las costas procesales porque "tienen un sentido, que es compensar a quien se ha obligado a reclamar cuando ya se sabía que tenía razón".

La "insostenible" defensa del letrado

El acuerdo de la junta también realiza duros reproches a los argumentos presentados por el letrado en la tramitación del expediente. Según detalla el escrito, este alegó que se habían manipulado pruebas contra él y se había incurrido en falsedad de documento público porque los pantallazos que se aportaban de la web de ADS Abogados no eran reales. La resolución responde que "tales alegaciones son inadmisibles", puesto que no acredita alteración alguna del contenido del portal.

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Asimismo, el ICAM se sorprende de que Caminero Lobera niegue ser el director de ADS Abogados y se presente en su respuesta como un mero "colaborador" del bufete. En este sentido, aunque el instructor del caso modificó su propuesta de resolución refiriéndose a él como la "cabeza visible" de la firma, el letrado también recurrió tal extremo. "El bufete ADS es una herramienta de trabajo del letrado, a través del cual ejerce su profesión y contrata sus servicios jurídicos con sus clientes", asevera la institución colegial. Esta circunstancia queda acreditada, se expone, en las 20 hojas de encargo profesional aportadas en las denuncias dirigidas contra él, con el logo del despacho y su nombre y firma. También consta en el Registro Mercantil como socio y administrador único de ADS. "Por todo ello, pretender que el bufete no es el vehículo a través del que el letrado ejerce su profesión resulta insostenible", concluye el colegio.