¿Es lícito cobrar por recomendar abogados? El Colegio de Vizcaya zanja el debate

Poco a poco, la abogacía va aceptando la entrada de nuevos actores en el mercado legal. En una reciente resolución, el Colegio de Abogados de Vizcaya ha apoyado que los 'marketplaces' jurídicos —plataformas que conectan a clientes con un problema legal con el abogado adecuado— puedan recibir comisiones por su labor. En su dictamen, el organismo da la razón a SuperAbogado, una web en la que el usuario da una breve explicación de su asunto y especifica la provincia donde quiere ser atendido. La aplicación le pone en contacto con el letrado más apropiado y, si acepta el caso, le cobra un porcentaje. Con este dictamen, el primero hasta la fecha desde el ámbito institucional, el organismo resuelve un debate recurrente en el sector, que se divide entre los que ven estas plataformas como un operador más y los que opinan que su modelo está en contra de la ética y dignidad de la profesión.

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La controversia por estas herramientas comienza en el mismo momento de su llegada al mercado jurídico español. "Siempre se han visto con malos ojos. Cuando surgieron, hubo críticas generalizadas, pero eran veladas; nadie planteó reclamaciones ante las instituciones", relata Jorge Morell, abogado y fundador del despacho Términos y Condiciones. Los detractores se apoyaban en el Código Deontológico, que en su artículo 19 prohibía a los letrados pagar, exigir o aceptar comisiones o cualquier otro tipo de compensación a terceros por enviar o recomendar a posibles clientes futuros.

No obstante, en junio de 2019 se reformó el código y se incluyó un pequeño matiz: "Salvo que se informe al cliente de esta circunstancia". Y es precisamente en esa coletilla en la que se apoya el colegio vasco para validar el modelo de SuperAbogado. En el dictamen, que recoge 'Derecho Práctico', rechaza la queja de una letrada de Bilbao (que, al ofrecerle la plataforma aparecer en su directorio, consideró ofensiva la propuesta y acudió al colegio) y recuerda que estas prácticas ya no están vetadas. "Hablamos de una actividad deontológicamente permitida, siempre que el cliente esté enterado de ello".

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En este sentido, el organismo asume que tanto los usuarios como los letrados que recurren a estas vías "conocen perfectamente que existe una comisión o cantidad que cobra el anunciante por cada contrato de prestación de servicios que consiga para el profesional". Al fin y al cabo, la sociedad está muy familiarizada con este tipo de modelos, similares a los de otras plataformas más populares como Airbnb o eDreams. "Otro asunto a abordar es si la cuantía de esa comisión puede considerarse excesiva o no, pero esto ya no es tema de debate en esta resolución", concluye el dictamen.

Respaldo institucional

A pesar de que la resolución se limite a aplicar lo establecido en el código, para los 'marketplaces' jurídicos la resolución supone un gran avance. "Nos da la seguridad de saber que el día de mañana no puede venir un organismo y tirar por tierra nuestra estructura", subraya Juan Francisco Moreno, director general de SuperAbogado.

También celebra el dictamen Martí Manent, letrado y fundador de ElAbogado. "Es algo que nosotros venimos diciendo desde hace tiempo, pero que lo diga un organismo colegiado se agradece mucho", señala. Y es que no siempre ha sido fácil. A lo largo de estos últimos años, Manent se ha encontrado con el rechazo no solo de profesionales del sector —no demasiados, confiesa—, sino también de colegios de abogados que se negaban a publicitarlos en sus revistas o páginas web al considerar que su forma de trabajar no era ética. El fallo, por tanto, puede ayudar a que desde el ámbito institucional "nos vean como lo que somos: otro operador más".

Ahora bien, conviene matizar que la resolución no responde a una postura oficial del Colegio de Abogados de Vizcaya, sino que es la respuesta a una reclamación. Desde el organismo, de hecho, adoptan una actitud de cautela y han rechazado difundir la resolución a ningún medio, este incluido.

Crece la aceptación

A pesar de las reticencias todavía existentes, los directorios admiten que la percepción del sector hacia su modelo ha variado mucho en los últimos años. "Hemos notado un cambio en los letrados, cada vez están más abiertos a trabajar con nosotros", afirma Moreno. Una opinión que comparte Manent, que concreta que el recibimiento ha sido especialmente caluroso desde junio del año pasado, una vez acabó el confinamiento domiciliario. "Tuvimos un 'boom' de usuarios y de altas de letrados", revela. "El uso de la tecnología se generalizó y muchos clientes ya no querían desplazarse. Los abogados se dieron cuenta de que podían resolver cualquier asunto de forma telemática y se apuntaron a la plataforma para conseguir negocio en cualquier parte de España", agrega.

Otro elemento que ayuda a que el sector se abra a este modelo es, según Esther Montalvá, diputada de la sección de Asuntos Digitales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el hecho de que no exista ninguna queja. "Desde que estoy en este puesto, ya hace cuatro años, no ha llegado ninguna incidencia. Ni de consumidores ni de compañeros abogados", destaca. La desconfianza que pueda existir es, en su opinión, natural teniendo en cuenta que la abogacía presenta cierta resistencia al cambio, "pero, como en todos los sectores, los cambios se suelen mirar con precaución".

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A pesar de ello, Montalvá anima a las instituciones a actualizar la profesión y acoger los nuevos modelos. "Democratizan mucho el ejercicio de la abogacía porque permiten a letrados pequeños aprovecharse de herramientas digitales para hacerse un hueco", indica. Sobre la existencia de comisiones, admite que puede chocar con los principios éticos de la profesión, pero considera que se puede diseñar de tal manera que sea compatible.

Situación en otros países

España no es el único país donde se han generado dudas respecto a estas plataformas jurídicas. Otros sectores han sido mucho más críticos, llegando a registrar denuncias al considerar contraria a la ética la forma en que operan. "En Alemania, se han generado varios conflictos", indica Morell. El más reciente, de mayo de 2020, enfrentó al Colegio de Abogados de Hamburgo con Wolters Kluwer, una editorial jurídica con sede en Holanda, por un producto que generaba contratos 'online' a usuarios. El organismo criticaba que no hubiese ningún abogado detrás del proceso y lo calificaba de competencia desleal. "Pero el tribunal dio la razón a la empresa en la mayoría de puntos y descartó que desvirtuara la profesión", concluye Morell.

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En Argentina, las quejas por este motivo llegaron a provocar el cierre de una plataforma. Fue en 2018, cuando un tribunal de Córdoba prohibió la descarga y uso de Quickvorcio, una 'app' que conectaba a letrados con personas que querían separarse de mutuo acuerdo. La jueza dio la razón al Colegio de Abogados de la región y consideró que la herramienta usaba publicidad engañosa para captar clientes, lo que dañaba el "buen nombre de los profesionales del derecho" e inducía a error a los ciudadanos comunes respecto a los pasos procesales, tiempos y consecuencias que implica un proceso de divorcio.

En Estados Unidos, por su parte, el litigio más relevante en este sentido comenzó también en 2018, cuando la empresa TIKD (una 'app' que permite recurrir multas de tráfico desde el móvil emparejando a los recurrentes con abogados de la zona) demandó a la Florida Bar, una suerte de Colegio de Abogados del estado, y a un bufete especializado en multas de tráfico llamado The Ticket Clinic. La plataforma los acusó de lanzar una campaña de desinformación contra ella con la intención de que los letrados no se dieran de alta. Por su parte, los demandados alegaron que TIKD estaba operando sin la debida autorización y proporcionaba información legal engañosa a sus usuarios. El conflicto llegó hasta la Corte Suprema de Florida y actualmente está pendiente de resolución.