Detergente, 2 kilos de mandarinas y un divorcio: las 'smartbox' legales llegan al súper

"¿Sueles hacer la compra en Súper Arcos? ¡Conoce nuestros servicios jurídicos 'low cost'! Fácil y rápido para contratar a un abogado de los nuestros". Este es el reclamo que lanza Abogartis, un despacho de Jerez de la Frontera (Cádiz) a través de mensajes en redes sociales que acompaña con fotos de sus 'stands' en los diferentes supermercados donde se publicitan. Pero la novedad no acaba ahí. El bufete ofrece sus productos a través de 'smart boxes'. Es decir, tarjetas asociadas a diferentes asuntos jurídicos entre las que el consumidor puede elegir dependiendo de su necesidad. En concreto, hay 10 opciones: divorcios de mutuo acuerdo, herencias, informes periciales, cancelaciones en ficheros de morosos y reclamaciones de cantidades, de salarios en caso de despido, de lesiones por accidente, de tarjetas con intereses abusivos, por cierre de clínica dental y por vulneración del derecho al honor. Los precios oscilan entre los 19 euros para los procesos más sencillos y los 199.

"La idea llevaba un tiempo rondando mi cabeza", relata Miguel Orellana, uno de los cinco letrados que conforman Jurisleg, el despacho que está detrás de Abogartis. Residente en Arcos de la Frontera, una localidad de algo más de 30.000 habitantes, cuenta que el equipo quería expandirse, por lo que decidieron lanzar una línea de productos 'low cost'. "Elegimos ciertos asuntos que pueden resolverse fácilmente porque son muy mecánicos, como puede ser un divorcio de mutuo acuerdo o una reclamación de cantidad hasta los 2.000 euros", explica. Es decir, servicios sencillos para los que se puede ofrecer una respuesta rápida y a un bajo coste.

Por eso, lo que se oferta es muy específico y no le vale a cualquiera. "Si tienes cualquier problema o desacuerdo con tu cónyuge, la tarjeta de divorcio no es para ti", asevera Orellana. En el caso de las herencias, por ejemplo, se exige que sea un trámite amistoso y que haya un máximo de cuatro herederos en línea recta (hijos y nietos). El coste son 199 euros.

¿Por qué en los supermercados? Orellana cuenta que siempre le ha generado mucho interés el mundo empresarial (tiene un máster en administración de empresas en el ámbito jurídico por el ISDE), y le impactó la historia de Hero, la compañía española especializada en productos de alimentación infantil. "Al principio, vendían sus papillas solamente en farmacias, pero un día decidieron empezar a comercializar en grandes superficies. Las farmacéuticas lo vieron como una traición e hicieron una campaña muy grande en contra de sus potitos, pero aun así las ventas se dispararon porque fueron adonde nadie más estaba", relata. El resto, como se suele decir, es historia.

Poca calidad

La iniciativa de Orellana ha despertado numerosas críticas en el sector. Los motivos son diversos. Para empezar, están los que reprochan las cuantías de las tarifas por ser demasiado bajas e irreales, y descartan que vayan asociadas a una buena calidad en el asesoramiento. Acusan a estos despachos de hacer publicidad engañosa, y utilizar los precios bajos como un reclamo para atraer clientes y luego cobrarles precios superiores.

¿A qué se debe este rechazo? "Hay una percepción de que estas entidades prestan un mal servicio", comenta Fernando Candela, presidente de la Comisión de Deontología del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y revela que desde el organismo han recibido muchas quejas de asociaciones de consumidores contra este tipo de despachos. En la misma línea, muchos letrados se quejan de haber recibido clientes rebotados de plataformas 'low cost' a los que se les ha asesorado mal y acuden a otros bufetes para que les ayuden a arreglarlo.

A este respecto, el abogado Alberto García Cebrián, fundador de las célebres 'divorcionetas' (furgonetas que publicitan divorcios por 150 euros por cónyuge), comenta que es cierto que hay quien realiza malas prácticas, "pero son una minoría". Defiende que fijar precios más asequibles es una práctica válida en la profesión, en la que existe libertad a la hora de fijar honorarios, y no tiene por qué ir asociado a una menor calidad. Se trata, argumenta, de adaptar los procesos para ser más eficiente. Aun así, García apunta que el secreto del éxito de estos modelos es el evidente: "Ganamos menos".

Alternativas 'low cost'

La cuestión de fondo sobre esta polémica es la llegada del 'low cost' a la abogacía, que sigue provocando sentimientos encontrados. Por un lado, están los que consideran que estas opciones no cumplen con las obligaciones deontológicas y provocan la 'uberización' de la profesión. En el bando contrario, se encuentran los que defienden que el sector tiene que modernizarse y adaptarse a las nuevas realidades del mercado.

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Pedro del Rosal

En el segundo grupo se encuentra Jorge Morell, abogado y fundador del despacho Términos y Condiciones. "Hay servicios legales que se pueden procedimentar más de lo que se cree", indica. El letrado opina que la tecnología puede estandarizar muchas de las labores que desarrollan los profesionales jurídicos, lo que permite abaratar costes. Esta automatización, no obstante, es más sencilla de introducir en ciertas áreas del derecho más relacionadas con la tecnología o procesos muy sencillos mecánicos como pueden ser las reclamaciones. "En asuntos más complejos, como herencias o divorcios, es más complicado", matiza.

Por su parte, Esther Montalvá, diputada de la sección de Asuntos Digitales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), está a favor de los nuevos modelos, "pero siempre y cuando lleven la deontología por delante, se ofrezca un buen trato al cliente y respeten la imagen de la abogacía", subraya. Bajar los precios porque se usa la tecnología "no puede llevar a eliminar el factor humano del asesoramiento", ya que se trata de un elemento esencial en el ejercicio de la profesión, sobre todo en asuntos como divorcios, en los que está en juego la cuestión de cómo se va a organizar una familia a futuro.

Publicidad engañosa

¿Es engañosa la publicidad de los despachos 'low cost'? "El hecho de fijar precios bajos no incumple 'per se' ningún tipo de norma deontológica", subraya Candela. El problema, agrega, viene cuando la oferta no se corresponde con la realidad. Por ejemplo, si se anuncian divorcios a un coste determinado, pero al acabar el proceso el abogado alega trámites adicionales o una complejidad especial para inflar la factura.

En este sentido, Orellana explica que, cuando llegan los clientes con las tarjetas de los servicios jurídicos de Abogartis, se analiza el asunto para ver si encaja con las características de cada producto. Así, por ejemplo, si no hay mutuo acuerdo entre dos cónyuges que quieren divorciarse, "o bien les devolvemos el dinero o bien les llevamos el caso a través de nuestro despacho y les descontamos el precio de la 'smartbox".

Por otro lado, muchos letrados consideran que cobrar tarifas demasiado bajas menosprecia la labor del profesional jurídico y no valora el esfuerzo que puede haber detrás de los procedimientos. "Hay una gran parte del sector que opina que el servicio que presta la abogacía requiere tiempo, trabajo y mucha profesionalidad, por lo que es importante trasladar a la ciudadanía que ese esfuerzo debe ir acompañado de una recompensa económica", expone Candela.

No obstante, el letrado tras Abogartis descarta estas críticas y reitera que hay ciertos procesos que no requieren de un trabajo exhaustivo y son fácilmente estandarizables, por lo que los precios son mucho más adaptables. Sobre los comentarios negativos, apunta que estos solo provienen del sector, mientras que los consumidores han visto el proyecto como algo muy positivo. "Hemos recibido muy buen 'feedback', los clientes agradecen tener un precio cerrado desde el primer momento", destaca.

La misma tendencia observa García, que agrega que con estos modelos no se busca desdeñar la labor de los letrados, sino ofrecer alternativas asequibles y transparentes a los clientes. A su juicio, cobrar tarifas más bajas no causa una mala imagen a la profesión, "pero sí lo hace cobrar precios desorbitados", agrega.

Mortadela y un divorcio

Aunque muchos han bromeado sobre el hecho de instalar publicidad en un supermercado, otros lo han visto con indignación, ya que opinan que colocar un cartel de servicios jurídicos al lado de una charcutería "denigra la profesión". Una opinión que comparte Rafael del Rosal, abogado experto en deontología, que considera que, al ofertar los servicios en este formato, "parece que no te estás tomando en serio los problemas del cliente".

No obstante, Orellana dice no entender estas críticas, y se pregunta por qué publicitarse en un súper atenta contra la dignidad del sector. "Al final, es un sitio como otro cualquiera", comenta. En su opinión, el mundo evoluciona y el sector jurídico tiene que avanzar con él. "No podemos seguir esperando que los clientes vengan por el boca a oreja o porque ven el cartel en la puerta", subraya. García Cebrián va más allá y califica estos comentarios de elitistas, propios de letrados con una visión muy tradicional y conservadora de la profesión.