El Gobierno aboca a extranjeros ricos a sacar a bolsa sus inmuebles para evitar patrimonio

El pasado 28 de diciembre, día de los Inocentes, el Gobierno hizo un quiebro a no residentes, grandes fortunas que compran fincas, villas o varios pisos en nuestro país y, en vez de ponerlos a su nombre, constituyen sociedades para evitar pagar el impuesto de patrimonio. La norma elegida para hacerles pasar por la ventanilla de Hacienda es la misma que ha dado luz verde al impuesto temporal a la banca y a las energéticas, la Ley 38/2022.

En su disposición final tercera, introduce una modificación del impuesto sobre patrimonio que obliga a hacer frente a este tributo a "cualquier otra persona física por los bienes y derechos de que sea titular cuando los mismos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español".

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Con este redactado, el Ejecutivo busca combatir la elusión fiscal generalizada entre grandes patrimonios foráneos, consistente en constituir sociedades (SPV o special purpose vehicles) y ponerlas como propietarias de los inmuebles que adquieren en nuestro país. Es lo que los expertos llaman "interposición societaria por parte de no residentes".

El tratar de combatirla tiene connotaciones tanto fiscales como de transparencia, ya que el Gobierno solo eximirá de tributar por patrimonio a las sociedades que salgan a cotizar, ejercicio que les exigirá tener que desvelar quién está detrás de cada una de estas entidades.

"Se considerarán situados en territorio español los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, no negociados en mercados organizados, cuyo activo esté constituido en al menos el 50%, de forma directa o indirecta, por bienes inmuebles situados en territorio español", dice la norma.

Con este redactado, en el que se hace referencia directa a los valores negociados en mercados organizados, el Gobierno emplaza a todos los fondos y grandes patrimonios extranjeros tenedores de inmuebles en España a sacarlos a cotizar, si no quieren tributar por ellos. Y basta darse un paseo por el madrileño barrio de Salamanca, por las localidades más lujosas de la Costa del Sol o por varios municipios de Baleares, y pedir las notas al registro de los titulares de esos inmuebles, para empezar a imaginarse el alcance de esta norma, tanto desde un punto de vista recaudatorio como por el número de nuevas socimis que pueden surgir.

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"Una vía natural de cumplir con la norma y evitar tributar por patrimonio es transformar todas estas SPV en socimis y sacarlas a bolsa", explica Antonio Fernández, presidente de Armanext, firma de asesoramiento independiente especializada en socimis.

El alcance de este cambio legal todavía está siendo analizado por los grandes bufetes de abogados del país, ya que tal y como está redactada la norma, estas sociedades deberán tributar por la totalidad de su patrimonio, desde cuentas bancarias hasta participaciones en sociedades españolas, aunque solo el 50% sean inmuebles en España, y se deberá tributar por el valor de mercado de dichos activos, no por el neto contable.

También está la duda de qué pasa con comunidades como Madrid, donde patrimonio está exento. A priori, y a la espera de las batallas legales que se esperan, los expertos sostienen que se debe equiparar con el impuesto a las grandes fortunas, que tras esta disposición final tercera también afectaría a los grandes patrimonios extranjeros con estas SPV.

Otro interrogante es qué papel juegan los convenios de doble imposición que España tiene firmados con otros países. Un reciente informe de PwC señala que muchos de estos convenios, por ejemplo, los firmados con Alemania, Francia, Luxemburgo o Reino Unido, "presentan disposiciones especiales que permiten a España gravar el patrimonio constituido por acciones o participaciones en entidades cuyo activo está compuesto principalmente por bienes inmuebles en España".