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Sumar cuestiona el proyecto cultural estrella del PNV y el respaldo de Transición Ecológica
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Sumar cuestiona el proyecto cultural estrella del PNV y el respaldo de Transición Ecológica

El ministro de Cultura rechaza la ampliación del Guggenheim por los "problemas medioambientales y urbanísticos" que generaría y enmienda la plana a Teresa Ribera, que ya ha comprometido 40 millones

Foto: El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene este miércoles en la sesión de control al Gobierno. (EFE/Mariscal)
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, interviene este miércoles en la sesión de control al Gobierno. (EFE/Mariscal)
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La cuestionada ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao no solo ha abierto un cisma en el seno del PNV, entre el todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha expresado sus dudas sobre el proyecto y el partido en Vizcaya, defensor a ultranza del mismo, también en el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado la propuesta por los “problemas medioambientales y urbanísticos” aparejados a la construcción de dos subsedes en Gernika y Murueta, dos municipios en plena reserva de la Biosfera de Urdaibai. Con sus palabras, el también portavoz de Sumar ha enmendado la plana a Transición Ecológica y a la ministra Teresa Ribera, que ya ha comprometido 40 millones para la descontaminación de terrenos y modificó la ley de Costas para desbloquear unos trámites urbanísticos ligados a la iniciativa.

Urtasun ha defendido esta mañana en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que “la cultura y el medio ambiente deben ir siempre de la mano, siempre”, dando a entender que en este caso no se cumple esta premisa. La ampliación del Guggenheim es un proyecto que ha generado una fuerte polémica en Euskadi. Tras 16 años de debate sobre la idoneidad del mismo y una vez que parecía que el proyecto arrancaba, Urkullu anunció a finales de enero que el Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya, las dos instituciones que forman parte del Patronato del Museo Guggenheim de Bilbao, necesitaban más tiempo y se daban un periodo de dos años de reflexión para estudiar la “viabilidad” de la iniciativa.

El anuncio, un auténtico terremoto, evidenció una ruptura en el seno del PNV. Mientras Urkullu defendía la necesidad de "valorar y de evaluar" el proyecto, la Diputación de Vizcaya se comprometía con la ejecución de la ampliación y apuntaba a que "es el lehendakari quien debe explicar sus dudas". Pero también puso en un serio compromiso a Transición Ecológica por su implicación en la iniciativa, que como ha remarcado esta mañana Urtasun, genera muchas dudas sobre el impacto en el entorno, protegido por la Unesco. “Muchos informes han sido claros en remarcar los inconvenientes que en materia medioambiental y urbanística presenta este proyecto”, ha defendido Urtasun en respuesta a una pregunta planteada por Javier de Andrés, diputado del PP por Álava y candidato de la formación a lehendakari.

Foto: Manifestación contra el proyecto del Guggenheim Urdaibai. (Reuters/Vincent West)

El titular de Cultura, aunque ha remarcado que en todo caso el proyecto de ampliación compete a las instituciones vascas, ha insistido en las afecciones que causarían en Urdaibai los 140.000 turistas que visitarían las instalaciones, según los cálculos que manejan los impulsores de la iniciativa. “Efectivamente, esa ampliación desde el punto de vista medioambiental y urbanístico genera grandes problemas”, ha zanjado, poniendo en evidencia la actuación del PNV y de la ministra Ribera. El compromiso de Transición Ecológica con la propuesta es total después de varias visitas orquestas por el PNV para que la propia Ribera y su equipo conociesen la zona, como desveló en su día el portavoz de los jeltzales en el Congreso, Aitor Esteban.

Pero más allá de Urtasun quienes también han cuestionado el proceder de Ribera han sido los ecologistas. En el punto de mira está la actuación de Transición Ecológica para rebajar el grado de protección de la parcela de los astilleros Murueta, enclave en el que se levantaría una de las subsedes del museo, tal y como había solicitado la Diputación de Vizcaya. El pasado mes de noviembre, el ministerio ratificó un informe previo de la Dirección de Costas del País Vasco por el que se reducía la servidumbre de protección del terreno, permitiendo la construcción a 20 metros del litoral y no a 100, como se había estipulado con anterioridad. El ministerio argumentó que había nueva documentación que acreditaba que dicha parcela realmente se había catalogado como urbana. Esta decisión motivó que la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop presentase un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

placeholder Vista de los terrenos de los astilleros Murueta, donde se levantaría una de las nuevas subsedes del Guggenheim. (EFE)
Vista de los terrenos de los astilleros Murueta, donde se levantaría una de las nuevas subsedes del Guggenheim. (EFE)

La ampliación del Guggenheim será también uno de los caballos de batalla de las próximas elecciones vascas. Muchos Ayuntamientos de la zona, en manos de Bildu, lideran la movilización ciudadana contra el proyecto y frente a los postulados del PNV, que considera que el Museo sería un revulsivo económico para una comarca en declive. Será además el Gobierno vasco que salga de las urnas el próximo 21-A el que deberá decidir si retoma o no el proyecto tras el parón anunciado por Urkullu. Su sucesor en la carrera por la Lehendakaritza, Imanol Pradales, es un firme defensor del mismo.

La cuestionada ampliación del Museo Guggenheim de Bilbao no solo ha abierto un cisma en el seno del PNV, entre el todavía lehendakari, Iñigo Urkullu, quien ha expresado sus dudas sobre el proyecto y el partido en Vizcaya, defensor a ultranza del mismo, también en el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado la propuesta por los “problemas medioambientales y urbanísticos” aparejados a la construcción de dos subsedes en Gernika y Murueta, dos municipios en plena reserva de la Biosfera de Urdaibai. Con sus palabras, el también portavoz de Sumar ha enmendado la plana a Transición Ecológica y a la ministra Teresa Ribera, que ya ha comprometido 40 millones para la descontaminación de terrenos y modificó la ley de Costas para desbloquear unos trámites urbanísticos ligados a la iniciativa.

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