La bilbainada que se les ha atragantado al PNV y a Teresa Ribera: "stop" al nuevo Guggenheim

Con el Congreso ya disuelto y a 20 días de las elecciones del 23-J, el Gobierno de Pedro Sánchez cumplió con una de las promesas que el PNV le arrancó para la aprobación de los presupuestos de 2023. El Consejo de Ministros del 4 de julio dio luz verde a los 40 millones comprometidos por Transición Ecológica para el Guggenheim Urdaibai, la polémica ampliación de la pinacoteca bilbaína.

El proyecto lleva dando vueltas 16 años y en el PNV, que había rescatado la iniciativa y había hecho bandera de ella en las elecciones municipales del 28-M, descorcharon champán. Había sido un trabajo de "muchos, muchos, muchos años", según explicó Aitor Esteban. Ahora, siete meses después, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que las instituciones vascas abren un periodo de dos años de reflexión para estudiar la "viabilidad" de la iniciativa. La noticia ha provocado una brecha entre los jeltzales, situando al Ejecutivo vasco frente a la Diputación de Bizkaia y ha sorprendido a la ministra Teresa Ribera en fuera de juego, cuestionada por su implicación en un proyecto que los ecologistas critican por su impacto en el entorno y con una denuncia ante la Audiencia Nacional tras flexibilizar la ley de costas para facilitar la construcción de uno de los edificios.

El anuncio de Urkullu cayó como una bomba. "Lo vamos a hacer sí o sí", defendió el PNV en la campaña de las municipales y forales, a pesar de la contestación vecinal y medioambiental que el proyecto genera en Busturialdea, la comarca donde está prevista la ampliación del Guggenheim, con dos subsedes en las localidades de Gernika y Murueta, una inversión de 127 millones de euros y en plena reserva de la biosfera de Urdaibai.

En el plano político, Bildu y Podemos lideran la oposición al proyecto, vendido como el revulsivo económico para revitalizar una zona en declive. Los jeltzales apostaron por relanzar la propuesta, una vieja idea que el PNV usó como arma arrojadiza contra el Gobierno de Patxi López (2009-2012), que la descartó por cuestiones medioambientales, económicas y de rentabilidad, pero ahora han sido ellos quienes la han dejado en stand-by. Si finalmente se llegase a materializar, Vizcaya tendría tantos Guggenheims como actualmente hay en el resto del mundo (Nueva York y Venecia).

Urkullu defendió que tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Vizcaya, miembros del patronato del Museo Guggenheim de Bilbao, habían decidido de forma conjunta darse un lapso de dos años. El órgano, del que también forma parte la Fundación Solomon R. Guggenheim de Nueva York, debe articular su plan estratégico, y es este documento el que recogerá o no la ampliación. "El Gobierno no tiene ninguna decisión adoptada", puntualizó el lehendakari, que justificó la necesidad de "valorar y de evaluar" el proyecto. "Luego veremos si esa idea es factible o no, si es viable urbanísticamente, si es viable en el marco de la gestión del propio Guggenheim Bilbao", ahondó el dirigente vasco.

Las palabras de Urkullu han multiplicado las dudas sobre la polémica ampliación. Primero, por la imagen de desunión que ha ofrecido el PNV y por la brecha abierta en el seno del mismo. "Es el lehendakari quien debe explicar sus dudas", defendió la portavoz de la Diputación de Vizcaya tras conocerse la decisión adoptada. Este lunes, el recién designado candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido la ejecución y la viabilidad de la ampliación frente a los postulados de Urkullu.

"El Gobierno no tiene ninguna decisión adoptada", puntualizó el 'lehendakari', que justificó la necesidad de "valorar" el proyecto

Pero ¿por qué estudiar ahora la viabilidad de un proyecto para el que ya se han comprometido 80 millones de euros (40 del Departamento de Infraestructuras de la Diputación, el área que dirige precisamente Pradales y los otros 40 del ministerio)? ¿Por qué estudiar ahora su viabilidad urbanística si el patronato ya había decidido qué dos parcelas ocuparían las subsedes (la vieja fábrica de cubiertos Delia en Gernika y los Astilleros Murueta, todavía en funcionamiento) y se pidió a Costas que rebajase el grado de protección del litoral en Murueta para poder levantar un edificio a pie de ría?

"Es una consecuencia de la movilización ciudadana", remarca Edorta Jiménez, miembro de Zain Dezagun Urdaibai Elkartea, una de las múltiples plataformas contrarias al proyecto. En la entidad, apuntan también a un cálculo electoral ante la proximidad de las elecciones vascas y al hecho de que el PNV haya acusado cierto desgaste ante Bildu. "Dentro del PNV hay una gran tensión", apunta una fuente conocedora del proyecto que prefiere mantenerse en el anonimato. Este fin de semana, al calor del cruce de acusaciones, la coalición abertzale celebró un acto en la comarca para exigir que la decisión última sobre el Guggenheim Urdaibai no se tome en Nueva York y que el futuro de la zona no quede al "albur de las crisis internas o de gestión del PNV". No obstante, la izquierda radical evitó posicionarse a favor o en contra.

Las entidades contrarias alegan diversos motivos, pero el fundamental es el impacto que tendría la llegada de 140.000 visitantes —la cifra que manejan las instituciones vascas— en la reserva de la biosfera de Urdaibai, la única que existe en Euskadi.

También el hecho de que todavía no se hayan resuelto otras intervenciones que los vecinos de la zona consideran claves, como garantizar el suministro de agua a Bermeo, una de las principales localidades y en la que habitualmente se registran restricciones en verano por la mayor afluencia de gente y por el hecho de que los acuíferos están contaminados.

El papel de Transición Ecológica

Por eso, las entidades ecologistas no entienden el papel que ha jugado el Ministerio de Transición Ecológica. La plataforma Guggenheim Urdaibai Stop ha presentado en la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de Costas de atender la demanda de la Diputación de Vizcaya para rebajar el grado de protección de la parcela de los astilleros Murueta, enclave en el que se levantaría una de las subsedes del museo.

El pasado mes de noviembre, el ministerio ratificó un informe previo de la Dirección de Costas del País Vasco por el que se reducía la servidumbre de protección del terreno, permitiendo la construcción a 20 metros del litoral y no a 100, como se había estipulado con anterioridad. El ministerio argumentó que había nueva documentación que acreditaba que dicha parcela realmente se había catalogado como urbana.

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Al movimiento se suman los 40 millones que Transición Ecológica ha otorgado al proyecto y que están vinculados a la descontaminación de terrenos, a iniciativas de renaturalización y a la restauración del flujo natural de la ría en Murueta. Fuentes del ministerio consultadas por El Confidencial descartan valorar la decisión de paralizar el proyecto, así como las críticas de los ecologistas, y tan solo se limitan a señalar que la Diputación de Vizcaya tiene la obligación de ejecutar los 40 millones en un plazo de seis años. Si no lo hace, deberá devolver el dinero.

Pero las críticas contra Teresa Ribera no se circunscriben solo a las plataformas proteccionistas. Las decisiones adoptadas no han sentado bien a ex altos cargos del Gobierno de Patxi López. La implicación del ministerio en el proyecto del Guggenheim Urdaibai es una enmienda a la totalidad de la política que defendió el Ejecutivo del PSE. Entonces, el PNV hizo casus belli del proyecto. Los socialistas descartaron la propuesta. "El modelo era el de una franquicia, poniendo mucho dinero sin que pudiéramos tener influencia en Nueva York", recuerda uno de los cargos de aquel Ejecutivo. "¿Modificas tus propias normas? Las tesis a las que se está agarrando el ministerio son muy discutibles", cuestiona otra fuente sobre el proceder del Gobierno central. Hace 16 años, el PSE dudó de la viabilidad del proyecto; ahora, socio del PNV en las principales instituciones vascas, también ha matizado su postura.