País Vasco hará las gestiones para 'repatriar' a los enterrados en el Valle de los Caídos

El Parlamento Vascoha dado el mandato al Gobierno de Iñigo Urkullu de que haga las gestiones administrativas oportunas para exhumar y trasladar al País Vasco los restos de “republicanos, milicianos, ‘gudaris’ y ciudadanos de origen vasco” que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos para que estas víctimas tengan su “reconocimiento y reparación”.

El mandato surge de una enmienda consensuada entre el PNV, el PSE y Podemos ante dos proposiciones no de ley planteadas por separado por la formación morada y EH Bildu para trasladar al País Vasco a las personas de origen vasco “enterradas injustamente” en el Valle de los Caídos. La iniciativa ha sido avalada por la coalición ‘abertzale’ en tres de sus cuatro puntos, mientras que el PP ha sido el único grupo que no la ha respaldado al abstenerse en su conjunto.

El Instituto de la Memoria va a realizar una "investigación exhaustiva" para clarificar el número de vascos enterrados, incluidas pruebas de ADN

Como primera medida, el Parlamento Vasco ha emplazado al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora a realizar una “investigación exhaustiva” que clarifique el número de vascos que fueron “inhumados injustamente” en este conjunto monumental donde descansan, de momento, los restos de Francisco Franco a la espera de que se asigne un nuevo destino, y proceda a su “identificación, determinando cuándo y cómo fueron llevados y, especialmente, si contaron con la autorización familiar necesaria”. Para ello, Gogora deberá establecer los convenios o contratos necesarios al efecto con organismos especializados. Asimismo, "acogerá a las familias, recogiendo el testimonio y la información que puedan aportar, facilitando la realización de pruebas de ADN u otros sistemas oportunos de cotejo, para la identificación de estas personas". A este respecto, EH Bildu estima que en el Valle de los Caídos hay enterrados cerca de 1.200 ciudadanos vascos y navarros dentro de las más de 30.000 personas que yacen en este emplazamiento.

Precisamente, el punto en el que se recoge el encargo a Gogora no ha contado con el apoyo específico de EH Bildu, que, si bien coincide con el sentido de la iniciativa, no respalda que la investigación la lidere este instituto por la “falta de sensibilidad” que ha demostrado con los familiares de las víctimas del franquismo y la “nula disposición” para “atenderles y acompañarles” en sus reivindicaciones de traer al País Vasco los restos de sus allegados. Según ha denunciado el parlamentario Julen Arzuaga, estas familias se han sentido “solas y desamparadas” ante este organismo, por lo que ha demandado la aprobación de una Ley de Memoria Histórica que obligue por “mandato legal” a Gogora a dar respuesta a estas demandas sin que se esté expuesto a la “voluntad y capricho de sus responsables”. Por ello, la coalición ‘abertzale’ ha decidido abstenerse en este punto y avalar el resto.

El PP no ha avalado la iniciativa al sostener que el Parlamento no tiene capacidad de actuación ante esta cuestión, que ya se regula desde el Congreso

Por su parte, el PP ha justificado la abstención por el “empeño una vez más” de los grupos parlamentarios de plantear “cuestiones que básicamente escapan a la regulación y capacidad de actuación” de la Cámara de Vitoria. En su discurso, el parlamentario popular Carmelo Barrio ha querido “dejar claro” que “nunca me ha gustado” el Valle de los Caídos, ni su “significación ni estética”, y ha apostado también por su “resignificación en el marco de las leyes, de la actuación del Congreso de los Diputados”. Sin embargo, ha rechazado avalar la iniciativa por la falta de competencias de la Cámara ante una cuestión que “por lo menos requiere previamente de otras actuaciones”, como “normas o modificaciones legales”, para “luego poder actuar” sin ser únicamente "voluntarista". Además, según ha expuesto, en la Cámara Baja ya se han puesto en marcha instrumentos para materializar normativamente "la inmensa mayoría de las cuestiones” que se reflejan en la proposición no de ley aprobada en el Parlamento.

Ahora, una vez concluya la investigación encargada a Gogora, el Gobierno de Urkullu deberá llevar a cabo por orden del Parlamento las gestiones administrativas oportunas para exhumar y trasladar al País Vasco los restos mortales de los ciudadanos vascos enterrados en el Valle de los Caídos “conforme con la voluntad de los familiares, en caso de existir, siempre que las condiciones técnicas lo hagan posible”. Los restos mortales, según se recoge en la proposición, se situarán “respetando la voluntad de los familiares, contando con asociaciones de víctimas y memorialistas, organizaciones históricas e instituciones locales, en ubicaciones adecuadas ya existentes o que se tengan que construir, para que estas víctimas tengan su reconocimiento y reparación”.

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Paloma Esteban

La aprobación de la iniciativa llega justo un día después de que el Senado haya condenado “rotundamente” el franquismo y “cualquier acto de exaltación del mismo” en una moción impulsada por el PSOE que también recoge el apoyo de la Cámara Alta a la exhumación de Franco aprobada por el Gobierno español vía Real Decreto, y que salió adelante con la abstención del PP y Ciudadanos. Precisamente, la iniciativa del Parlamento Vasco reclama que se lleve a cabo con urgencia la exhumación del dictador. Así, emplaza al Gobierno de Pedro Sánchez a “afrontar de manera decidida y urgente la resignación de la función” del Valle de los Caídos para que este lugar “deje de ser un lugar de tributo al dictador, de memoria franquista y nacional-católica”. En ese sentido, pide “desacralizar completamente el espacio monumental, eliminar toda expresión y connotación franquista y religiosa, y desmantelar los elementos simbólicos incompatibles con la memoria democrática como el monumento cruz-espada”.

El debate de esta iniciativa se ha llevado a cabo de forma respetuosa, sin la tensión vivida al inicio del pleno durante la toma en consideración de la proposición de ley de EH Bildu encaminada a regular el aprendizaje gratuito del euskera que condiciona la obtención del título de graduado en la Educación Secundaria Obligatoria a la acreditación del perfil B2 de conocimiento de la lengua vasca. Esta exigencia ha sido calificada por la parlamentaria del PP Juana de Bengoechea de “innecesaria, discriminatoria, liberticida, chantajista e ilegal” dentro de unos argumentos que han sido tildados de “ridículos y fascistas” por la ‘abertzale’ Rebeka Ubera. El ambiente se ha caldeado y, ante la petición de amparo por la representante popular, la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejería (PNV), ha asegurado que hay que “diferenciar” entre fascistas y argumentos fascistas, si bien ha reclamado a los grupos que utilicen “palabras adecuadas, apropiadas, por el bien” de la institución.

El debate se ha producido de forma respetuosa, sin la tensión vivida al inicio del pleno, cuando EH Bildu ha acusado al PP de utilizar "argumentos fascistas"

Los grupos han atendido a este requerimiento durante el debate de la proposición relativa a la exhumación de los ciudadanos vascos enterrados en el Valle de los Caídos, que se ha producido sin sobresaltos ni acusaciones ni palabras malsonantes. La iniciativa aprobada también insta al Gobierno de España a “atender con premura todas las reclamaciones y peticiones de exhumación de los restos de las víctimas que realicen sus respectivos familiares en aras a hacerse cargo de los mismos y darles digna sepultura”, así como a “proceder a la identificación individual de los restos mortales de las más de 30.000 personas” que se encuentran en este lugar “siempre que las condiciones técnicas lo hagan posible, garantizando la tutela judicial de los procedimientos de exhumación en aras a preservar los derechos que corresponden a las víctimas”.

Igualmente, reclama que se lleven a cabo las medidas recogidas en los distintos informes emitidos por Naciones Unidas, instituciones europeas y expertos internacionales para “reconocer y reparar a las víctimas” y se “colabore con las investigaciones judiciales destinadas a esclarecer responsabilidades en este ámbito y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unión Europea por regímenes totalitarios, como fue el franquista”.