La pareja de Ayuso también necesita el sí de la Abogacía del Estado para cerrar un pacto

La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, necesita el visto bueno de la Abogacía del Estado para cerrar un pacto que le permita reducir su hipotética condena por fraude fiscal. Su defensa trasladó hace más de un mes una propuesta de conformidad a la Fiscalía en la que reconocía la comisión de dos delitos, pero el posible acuerdo exigiría también el aval de la Abogacía. En estos casos, los servicios jurídicos del Estado actúan como acusación en nombre de la Agencia Tributaria.

Una vez se admita a trámite la denuncia en un juzgado, fuentes jurídicas apuntan a que los contactos con la Fiscalía y la Abogacía suelen darse en paralelo. También avisan de que los servicios jurídicos del Estado resultan en ocasiones más difíciles de convencer. "La Abogacía siempre acusa. La Fiscalía, a veces no", resume un abogado. Las mismas fuentes señalan que el primer paso consiste en saldar cuentas con Hacienda y, a partir de ahí, se van cerrando el resto de flecos del acuerdo.

Los pactos en los procedimientos por fraude fiscal son habituales. A cambio de reconocer los hechos y de pagar la cuota defraudada junto a una multa, se rebaja la acusación para que la pena final no obligue al investigado a entrar en prisión. Estas negociaciones no tienen por qué darse hasta la fase final del procedimiento y a veces no se conocen hasta el propio juicio, pero en el caso de González Amador, los contactos han comenzado antes incluso de que un juzgado admita a trámite la denuncia.

Según explicaron este jueves desde la Fiscalía Provincial de Madrid, las fechas claves de las negociaciones han sido las siguientes: el 2 de febrero, su defensa les escribe un correo con una propuesta de conformidad en la que el empresario reconoce el fraude a Hacienda; el 12 de febrero, el fiscal le responde que toma nota de su voluntad de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades defraudadas; el 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid registra la denuncia contra González Amador y otras cuatro personas, y el 12 de marzo, el fiscal le envía la denuncia al abogado y le comunica que el hecho de que haya otros investigados no impide alcanzar un pacto.

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La polémica surgió a última hora de este miércoles cuando, agarrándose a este último correo, desde el entorno de la presidenta madrileña aseguraron que había sido la propia Fiscalía la que había ofrecido un acuerdo. Desde el ministerio desmintieron esta versión horas después y aseguraron que "el único pacto de conformidad (...) que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado", lo que dejó en segundo plano el posible papel que la Abogacía del Estado aún debería jugar en el mismo.

Mientras tanto, la denuncia sigue su curso y ha recaído en el Juzgado de instrucción número 19 de Madrid, que ahora tendrá que decidir si imputa a González Amador. La Fiscalía sostiene que aportó "facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados" y puso en marcha un fraude a través de dos empresas, "dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades de 2020 y de 195.951,41 euros para el de 2021".

El fiscal considera que estos hechos encajan con dos delitos contra la Hacienda pública en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. En su denuncia pide al juzgado que tome declaración a González Amador y a otras cuatro personas como investigados, tras lo que finaliza con otra solicitud: "Ofrézcase el procedimiento a la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado".