Almeida aplaza remunicipalizar la gestión de la M-30 hasta la próxima legislatura

El Ayuntamiento de Madrid no remunicipalizará la gestión de la M-30 esta legislatura. El equipo de Gobierno encabezado por José Luis Martínez-Almeida no ha incluido en el proyecto de presupuestos para 2023 ninguna partida o plan para Calle 30, la empresa encargada del mantenimiento y conservación de la vía de circunvalación, por lo que el proyecto se aplaza hasta el próximo mandato en el mejor de los casos, según fuentes municipales. Esta decisión contrasta con el mandato del Pleno de Cibeles de principios de este año, cuando todos los partidos políticos con representación en la capital acordaron iniciar los trámites para asumir su titularidad a medio plazo, con el pasado mes de julio en el horizonte.

El plan para que Calle 30 pase a ser 100% pública surgió de la mano de Manuela Carmena y Ahora Madrid, que denunciaron un presunto quebranto a las cuentas municipales de más de mil millones de euros por el modelo de gestión público-privado escogido por Alberto Ruiz-Gallardón en 2005. Como informó El Confidencial hace ahora un año, el actual Ayuntamiento, ya con el PP y Ciudadanos al frente, retomó el proyecto tras el cambio de gobierno y creó una mesa técnica para valorar la posibilidad de que la entidad sea controlada exclusivamente por el consistorio antes de la finalización del contrato, que acaba en 2040 pero permite hacer cambios en 2025. Ahora funciona con un modelo mixto, de modo que la Administración controla el 80% y el 20% restante recae en Emesa, una sociedad formada por Ferrovial y ACS.

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La mesa, constituida por las concejalías de Hacienda y Medio Ambiente y Movilidad y el consejo de administración de la empresa, lleva más de dos años analizando la viabilidad económica del proyecto y los costes que derivarían de una posible indemnización por la rescisión del contrato con el socio privado. Pese a la voluntad inicial, lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid no ha previsto la remunicipalización en ninguno de los presupuestos que ha elaborado hasta la fecha. Que no lo haya hecho para el ejercicio de 2023 sorprende aún más, ya que los grupos acordaron por unanimidad en enero acabar con la sociedad vigente e iniciar el expediente administrativo para recuperar la gestión directa del mantenimiento y explotación de la M-30.

La moción, planteada por el PSOE, instaba a comenzar los trámites antes de que acabara el 2022, con el pasado mes de julio como fecha límite. También el compromiso de constituir una comisión de seguimiento con presencia de todos los partidos, con la ventana de 2025 como primera oportunidad para cambiar el modelo, que es cuando vence la deuda subordinada con Emesa. Si bien las reuniones se han celebrado periódicamente durante los últimos meses, con encuentros individuales con los diferentes representantes políticos, la realidad es que los avances no han sido muchos.

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Fuentes del mismo grupo socialista explican que se les trasladó un informe con las opciones sobre la mesa, desde el mutuo acuerdo con Emesa a la rescisión de la firma, pero no les convenció. "Había muchas lagunas y vimos que era teledirigido. En todos los escenarios ganaba el socio", detallan a este diario. En un segundo escrito se corrigieron algunos aspectos, pero la respuesta fue muy parecida. "Siempre nos ha parecido que había mucha dilación y que no querían hacerlo", añaden. La próxima reunión se celebrará en los próximos días, ya con la seguridad de que el plan no se abordará.

Comisión de investigación

La oposición calcula que el convenio actual genera pérdidas cercanas a los 100 millones de euros todos los años. Este fue uno de los argumentos que llevó al Gobierno de Manuela Carmena a impulsar una comisión de investigación para esclarecer las presuntas irregularidades en el convenio, sobre todo después de que la Cámara de Cuentas de Madrid señalase "deficiencias" en la fórmula escogida por Ruiz-Gallardón. El estudio sobre la situación económico-financiera de Calle 30, que contó con el voto a favor de Ahora Madrid, PSOE, Ciudadanos y el único rechazo del PP (Vox aún no tenía representación), concluyó que hubo falta de transparencia en la creación de la entidad y puso de manifiesto algunas anomalías, como las relativas a la factura de la luz. Aunque debía ser asumida por Emesa, era abonada por el consistorio.

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Según la comisión de investigación, que hizo los cálculos con vista a 2040, el agujero en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid sobrepasa los 1.200 millones de euros. Este fue uno de los asuntos más polémicos del mandato de Carmena, con las empresas en pie de guerra frente al entonces edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y la sociedad compuesta por Ferrovial y ACS fue notable y llegó incluso a los tribunales. Las dos empresas presentaron una querella contra el consistorio tras ser sancionados por "incumplimientos contractuales" por las labores de conservación y mantenimiento de la M-30, una acción que no se ha repetido con José Luis Martínez-Almeida al mandado de Cibeles. Y aunque los decibelios se rebajaron con la llegada del PP y Ciudadanos, no hay duda de que la respuesta de Emesa por el fin del contrato condiciona las decisiones de la Administración.