Almeida estudia remunicipalizar la M-30, uno de los planes estrella de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, estudia recuperar uno de los planes estrella de Manuela Carmena, en al aire tras su salida de Cibeles: remunicipalizar Calle 30, la empresa de titularidad mixta encargada de la conservación, mantenimiento y explotación de la M-30. Fuentes municipales han confirmado a El Confidencial que se ha constituido una mesa técnica de trabajo para analizar la viabilidad de la operación, aunque todo está en una fase embrionaria y aún ni siquiera manejan un calendario ni cifras definitivas.

La reconversión de Calle 30, controlada al 80% por el consistorio y al 20% por el socio privado, Emesa (Ferrovial y ACS), quedó pendiente tras el cambio de Gobierno en 2019. Ahora Madrid lo puso en marcha dos años antes, bajo el argumento de que el modelo de gestión suscrito en 2005, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, suponía un quebranto notable para las arcas municipales en favor de Emesa. Esta consideración se basó en el dictamen de la comisión no permanente de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del ayuntamiento, que vio presuntas irregularidades y falta de transparencia en la creación de la sociedad, especialmente en lo relativo a la factura de la luz, que debía ser asumida por Emesa, pero que abonaba la corporación. El informe contó con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y el único rechazo del PP.

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Si bien la remunicipalización pasó a un segundo plano con la coalición de PP y Ciudadanos, lo cierto es que nunca ha muerto del todo, pese a las enormes diferencias con la anterior corporación. Desde el consistorio, detallan que el año pasado ya se abordó la operación, aunque finalmente se optó por no incluirla en los presupuestos. A las puertas de las nuevas cuentas municipales, que en cualquier caso deberán contar con el apoyo de Vox o de los ediles carmenistas que abandonaron Más Madrid, el ayuntamiento ha puesto de nuevo sobre la mesa la opción de que Calle 30 vuelva a ser al 100% de titularidad pública.

La mesa técnica está pilotada por las concejalías de Hacienda, que dirige Engracia Hidalgo, y de Medio Ambiente y Movilidad, controlada por Borja Carabante, ambos del PP. También la integra el consejo de administración de la entidad, presidida por el propio Carabante y cuya consejera delegada es Rosalía Gonzalo, también popular y consejera de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Comunidad de Madrid con Cristina Cifuentes. Fuentes municipales explican que en este momento se estudia la viabilidad económica del proyecto, analizando los costes derivados de la posible indemnización por la rescisión del contrato con Emesa, que vence definitivamente en 2040, y la comparación entre el gasto actual y el de una futura entidad pública. "La decisión no está tomada, no hay nada definitivo", insisten en el ayuntamiento, en alusión no solo a si finalmente se hará la remunicipalización, sino también a los números que se manejan.

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Las cifras en torno a Calle 30, precisamente, han sido uno de los principales objetos de polémica desde que el equipo de Carmena puso en marcha el plan. Según sus cálculos, las pérdidas oscilaban entre los 55 y los 70 millones de euros al año durante su mandato, basadas en las conclusiones de la comisión de investigación, con Emesa como gran beneficiada en cuestiones como la factura de la luz. Así, siempre según la comisión de investigación y con 2040 en el horizonte, el agujero en las cuentas públicas rebasaría los 1.200 millones de euros. Según la memoria del año 2020, la última disponible en el portal de transparencia de la sociedad, el coste total por la prestación de servicios asciende a 135.641.266,98 euros para ese ejercicio, con un resultado final de 62.530.951,28 euros. El Ayuntamiento de Madrid, no obstante, no ha hecho comentarios sobre la merma económica que señaló el informe y denunció su antecesor.

Una fecha que Ahora Madrid tenía prevista para abordar la operación y no llegar a 2040 era 15 años antes, en 2025, cuando vence la deuda subordinada con el socio privado. Esta sería una oportunidad a medio plazo, aunque el ayuntamiento también guarda silencio respecto a esta cuestión. No habrá nada concreto hasta que se presente el proyecto de presupuestos, que en cualquier caso no se prevé que se demore demasiado. Este mismo viernes, de hecho, el alcalde Martínez-Almeida ya avanzó "contactos preliminares" con Vox para sacar adelante las cuentas y las ordenanzas fiscales.

Fuentes municipales insisten en que la decisión "no está tomada"

Pero si Almeida decide finalmente iniciar la remunicipalización, lo más probable es que haya una reacción inmediata por parte de Ferrovial y ACS, como ya ocurrió en el precedente citado. La guerra entre el ayuntamiento y su socio fue indisimulada hace apenas tres años, hasta el punto de que el caso se judicializó. Las dos empresas que componen Emesa se querellaron después de que el consistorio les impusiese tres multas por "incumplimientos contractuales", relativas a sus labores de conservación y mantenimiento de la M-30. Un intangible que sin duda condiciona los planes inmediatos.

Que Calle 30 volviese a ser pública en su totalidad era uno de los ejes de la estrategia desarrollada por la marca municipal de Podemos para recuperar entidades y servicios externalizados total o parcialmente, con el entonces edil de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, a la cabeza, como una especie de enmienda a la totalidad de todos los gobiernos del PP en la capital. Si bien lo completó con la funeraria, Bicimad (el servicio de alquiler de bicicletas) o el teleférico, no hizo lo propio con la recogida de basuras, que fue una de las promesas electorales incumplidas, ni con la entidad que gestiona la vía de circunvalación.