Un juez anula la suspensión de multas que Almeida aprobó en 2019 para Madrid Central

La decisión del Ayuntamiento de Madrid de aprobar una moratoria de multas para Madrid Central en junio de 2019 fue "disconforme a derecho". Esa es la conclusión del magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que en un sentencia notificada este miércoles da la razón a Ecologistas en Acción y tumba la decisión de José Luis Martínez-Almeida: considera que el alcalde ignoró las consecuencias que conllevaba la medida para la salud de los madrileños y el medioambiente.

En junio de 2019, el ayuntamiento acordó que desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre se establecía una moratoria de multas en Madrid Central. La medida abría así un periodo de tres meses en los que quienes accediesen indebidamente a esta área de bajas emisiones recibirían un aviso pero no serían sancionados. Pese a ello, la medida se suspendió cautelarmente en julio de 2019 tras estimarse los recursos interpuestos por el PSOE y Greenpeace, arrancando así una batalla judicial cuyo último capítulo llega este miércoles.

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En la sentencia, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid se muestra tajante: "La existencia de deficiencias en el sistema de multas debe ceder ante la protección a la salud y al medio ambiente. Ante una medida dirigida a la protección del medio ambiente como es Madrid Central, el acuerdo municipal (objeto del recurso) no ofrece ninguna alternativa para suplir la supresión de la zona de bajas emisiones ni justifica tampoco que la misma haya sido ineficaz o haya producido un daño mayor del que trataba de evitar, ello en el plano medioambiental".

En la misma línea, la resolución, contra la que cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recuerda que "la protección de la salud y el medio ambiente son principios que deben regir los poderes públicos". Según sostiene el magistrado, "en este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales".

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El Ayuntamiento de Madrid aprobó esta moratoria para ganar tiempo mientras decidía cómo reformar Madrid Central, pero el juez considera que el mecanismo que estableció no era conforme a derecho: "La sustitución de las denuncias por infracción por meros avisos supone la renuncia de la administración municipal al principal mecanismo para garantizar el cumplimiento de la norma que reconoce el ordenamiento jurídico, cual es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración".

Consecuentemente, el juez considera que "con el acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 de junio de 2019 por el Ayuntamiento de Madrid se renuncia a garantizar el cumplimiento de los preceptos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible relativos al acceso no autorizado a la ZBE (Madrid Central), cuya finalidad declarada es la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas, la protección del medio ambiente y la ordenación de la movilidad para la protección de la seguridad de las personas y la seguridad vial".