EL ayuntamiento APRUEBA EL MARCO REGULATORIO

Ahora Madrid da vía libre a movimientos okupas en su cesión de espacios públicos

El Ayuntamiento aprobó las bases por las que cederá espacios públicos a las asociaciones. Para ello, deberán inscribirse en el registro pero no será necesaria la titularidad municipal

Foto: La Policía desalojaba en junio de 2014 el Patio Maravillas en Madrid. (Reuters)
La Policía desalojaba en junio de 2014 el Patio Maravillas en Madrid. (Reuters)

El Ayuntamiento de Madrid aprobó el viernes el marco regulatorio que establece las directrices de cesión de espacios públicos para entidades ciudadanas de la ciudad. El área de Coordinación Territorial que dirige el número tres de Manuela Carmena, Nacho Murgui, tenía previsto que se aprobara en el mes de noviembre pero el estudio de los criterios rectores lo retrasó hasta finales de febrero. Aún así, el consistorio ya tiene listas las bases por las que se asignarán espacios municipales a las asociaciones solicitantes que, como requisito imprescindible, deberán constiuirse legalmente e inscribirse en el Registro Público de Entidades Ciudadanas.

El consistorio tenía pensado confeccionar un catálogo de espacios municipales disponibles para este uso como pidieron algunos grupos políticos de la oposición, pero finalmente no lo hará sino que a medida que identifiquen lugares que no se utilicen para servicios municipales, los ofrecerán a las asociaciones. El área de Murgui también eligió los cinco primeros espacios que estarán a disposición del tejido asociativo, entre el que destaca el de la plaza de Legazpi, en el distrito de Arganzuela. 1.000 metros cuadrados de los 32.700 que engloba el antiguo Mercado de Frutas y Verduras que los distintos movimientos sociales, vecinales y culturales del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA) llevan mucho tiempo demandando. [Vea las imágenes del que podría convertirse en el centro social más grande de Europa].

Los otros cuatro espacios que el consistorio 'entregará' están ubicados en el barrio de Salamanca, Chamberí, Fuencarral-El Pardo y Ciudad Lineal. Hasta la aprobación del marco regulatorio las asociaciones constituidas -de titularidad pública obligatoriamente- que podían demandar un lugar municipal para el desarrollo de su actividad superaban el millar. Ahora, según los criterios y requisitos aprobados, el Ayuntamiento da 'carta blanca' a muchas más al no exigir la titularidad pública municipal, como denunció la portavoz del grupo de Ciudadanos, Begoña Villacís, entre los que podrían haber colectivos y movimientos okupas si éstos se encuentran en el registro.

Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, reclamado por el EVA. (E. Villarino)
Antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, reclamado por el EVA. (E. Villarino)

Entre los primeros espacios cedidos no se encuentra el palacete de la calle Alberto Aguilera número 20, demandado por el Patio Maravillas, colectivo al que están ligados algunos concejales de Ahora Madrid como Celia Mayer, Guillermo Zapata o Pablo Carmona. El colectivo se interesó por este espacio de 2.700 metros cuadrados por su cercanía al barrio de Malasaña, donde desde hace ocho años desarrolla su actividad. El problema con este lugar pasaba por que como publicó este diario, una décima parte del edificio está ocupada actualmente por efectivos del SAMUR, el servicio sanitario y de emergencias municipal que depende del delegado Javier Barbero. Además, el Patio no podía aspirar a conseguir un lugar público sin constituirse como una asociación legal, aunque sus portavoces explicaron que valoraban utilizar la entidad jurídica de alguno de sus colectivos para cumplir con el requisito del consistorio.

Aunque los nuevos inquilinos del Palacio de Cibeles han introducido novedades en el procedimiento por el que las entidades ciudadanas pueden demandar un espacio público, la normativa vigente es exactamente la misma por la que se regía el PP desde 2004: el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Algunas formaciones políticas como el caso de C's pusieron sobre la mesa del Pleno municipal otras alternativas, como una ordenanza municipal existente en otros municipios madrileños, para establecer una especie de concurso en el que las distintas asociaciones 'compitieran' por los espacios según la actividad que desarrollen y el valor que aporten a los distritos. Opción desechada por Murgui al considerar que el proceso de competencia iba contra el espíritu del proyecto.

El primer criterio que el Ayuntamiento seguirá para determinar las adjudicaciones tendrá en cuenta "el arraigo" y la labor "desarrollada en el ámbito de proximidad del distrito". Conceptos que partidos de la oposición consideran "ambigüos" en exceso. En cuanto al procedimiento para la cesión, el área "podrá solicitar con carácter facultativo" un informe técnico y otro social para estudiar la viabilidad técnica y el interés social de los proyectos. Eso sí, la determinación de los integrantes del grupo técnico corresponderá al delegado del área.

La concejalía que dirige Nacho Murgui es una de las grandes apuestas del consistorio de Manuela Carmena. Reactivar y fomentar el tejido social madrileño e ir aplicando poco a poco un proceso de descentralización del poder municipal en favor de las juntas de distrito son los dos grandes objetivos de la concejalía de Coordinación Territorial y Asociaciones. El presupuesto del área para 2016 está fijado en casi 36 millones de euros, y el grueso -más de 31 millones- se destinará a los denominados "planes de barrio".

Los cuatro criterios de adjudicación

- Que desarrollen su actividad en la ciudad de Madrid, valorándose el arraigo y que la labor de la entidad se desarrolle en el ámbito de proximidad del distrito.

- Que los proyectos presentados sean de cooperación público-social, promuevan la participación ciudadana, el desarrollo comunitario o estén dirigidos a mejorar la calidad de vida urbana, a defender la igualdad, a luchar contra la exclusión social o persigan fines de interés social que redunden en beneficio de los habitantes de Madrid y que sean de competencia municipal.

- Que el uso de espacio solicitado sea compartido, siempre y cuando las actividades de las entidades solicitantes sean compatibles.

- Que las actividades que desarrollen las entidades sean, mayoritariamente, abiertas, gratuitas e inclusivas.  

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