Choques entre Ahora Madrid y el 'lobby okupa' para regular la cesión de espacios

Los colectivos autogestionados de Madrid cuentan ya con su propio 'lobby'. Su finalidad: negociar con el Ayuntamiento de Madrid la cesión de espacios municipales, ya sean edificios públicos o solares en desuso, como es el caso del antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi. Para ello, y agrupados bajo el paraguas de la Red de Espacios Ciudadanos, han elaborado una propuesta de marco regulatorio que siente las bases de “un modelo de cesión de espacios públicos de autogestión ciudadana para la ciudad de Madrid”.

El ayuntamiento lo está estudiando, y desde el área de Gobierno de Coordinación Territorial y Asociaciones, que dirige Nacho Murgui, avanzan que el documento final “se presentará en breve”. En un principio, se anunció que el documento marco estaría listo para el pasado mes de noviembre. El retraso ha impacientado al tejido asociativo, que no esconde su desconfianza sobre las posibles “rebajas” que puedan implantarse respecto a su propuesta. “Es una paradoja. Creíamos que nosotros teníamos plazos más largos debido a nuestro ritmo asambleario, pero se ha dado el caso de que los servicios jurídicos de la Administración tardan más”, explican desde la portavocía de la Red de Espacios Ciudadanos.

Desde el Gobierno municipal, se justifica la tardanza por el empeño de dotar al marco regulatorio de criterios objetivos y “todas las garantías legales que aseguren la igualdad y la transparencia en el acceso de los recursos públicos”. Por otra parte, el ayuntamiento está realizando un inventario de espacios municipales vacíos o infrautilizados y una evaluación de su grado de disponibilidad para las entidades demandantes.

Las diferencias de partida entre el ayuntamiento y la red tienen que ver con la figura de los sujetos de cesión. Desde Ahora Madrid, se apuesta por que sean asociaciones legalmente constituidas, mientras que la red establece una figura más difusa y con menos corsés denominada 'iniciativas de gestión ciudadana'. Estas últimas estarían conformadas, según su marco regulatorio, “por la comunidad que promueve la iniciativa, en colaboración con todas aquellas otras personas que la gestionen, la usen y la habiten”.

El área de gobierno que dirige Murgui insiste en que la condición de partida para la cesión de espacios es que las asociaciones tengan personalidad jurídica, un paso necesario para una relación contractual con la Administración. Según los datos que maneja la oposición, el listado de asociaciones que podrían demandar la cesión de espacios (declaradas de utilidad pública en el registro municipal de entidades ciudadanas del consistorio madrileño) superaría el millar. Los colectivos que han impulsado este proyecto, basado en experiencias ya en marcha, como La Tabacalera de Lavapiés, el Campo de Cebada o el Centro Social Seco, se oponen a esta figura.

Con o sin personalidad jurídica

La propuesta matiza que los sujetos de cesión en términos de personalidad jurídica serán los que mejor se adapten a las necesidades de cada iniciativa. Esto es, “desde una simple asociación cultural o vecinal hasta otros sujetos que puedan adaptarse mejor a la especificidad de cada caso de entre los que existen y con el espíritu de investigación sobre nuevos formatos de reconocimiento de estructuras horizontales de gestión”. De limitarse la cesión a asociaciones con personalidad jurídica, colectivos autogestionados como el Patio Maravillas, al que estuvieron vinculados varios concejales de Ahora Madrid, no podrían demandar la gestión de un espacio municipal en desuso.

La filosofía que mueve la iniciativa impulsada por la red pasa por forzar el “reconocimiento del derecho de la ciudadanía a su participación en la ciudad y a la dotación de medios para su ejercicio”. Otra de sus exigencias es formar parte de una mesa de seguimiento “con capacidad de interlocución y competencial” junto a las áreas de gobierno y técnicos municipales implicados. Un extremo que daría continuidad al cometido de esta red de redes o 'lobby okupa', como ya lo han bautizado desde sectores vinculados a la oposición.

La disponibilidad de espacios en relación a la demanda será una de las cuestiones cruciales para medir el acceso a estos espacios con garantías legales y de igualdad. En este sentido, el marco regulatorio propuesto por la red se inclina por que los espacios (locales, inmuebles, parcelas, etc.) sean “preferentemente de propiedad municipal”. Con todo, añaden que cuando no existiera disponibilidad, “se abordarán las negociaciones pertinentes con otras administraciones y/o propietarios vía permuta, cesión, compra, expropiación o cualquier otra fórmula”.