Absuelven al presidente de la UD Las Palmas de defraudar 36 M con su empresa de seguridad

Victoria judicial para el presidente de la UD Las Palmas. Miguel Ángel Ramírez, uno de los reyes de la seguridad privada del país, ha sido absuelto de la causa por delitos contra Hacienda y la Seguridad Social supuestamente cometidos en la gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC). Una decisión adoptada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas con el voto contrario de la magistrada Mónica Herreras.

Ramírez, envuelto en una sucesión de procesos judiciales, alguno con tintes surrealistas, consigue de este modo tomar aire temporalmente. La resolución no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo (TS). La Fiscalía pedía 21 años de cárcel para el directivo futbolístico y cinco para el otro acusado, Héctor Jesús de Armas Torrent, uno de los directivos de la empresa al que la investigación dibujaba como un hombre de paja y que le sucedió como administrador en la empresa. La fiscal del caso, Evangelina Ríos, consideraba probado que el máximo responsable de SIC había defraudado 30,06 millones de euros a la Seguridad Social entre 2009 y 2017 y había eludido el pago de 6,6 millones a Hacienda entre 2009 y 2013.

Esta tesis, como se plasmaba en el sumario del caso, al que tuvo acceso El Confidencial, se sustentaba en la multitud de testimonios de trabajadores que aseguraron que era una práctica habitual abonar como dietas las horas extras y denunciaron la supresión de cualquier plus o complemento recogido en los convenios.

TE PUEDE INTERESAR

El presunto pufo fiscal del presidente de la UD Las Palmas, el caído 'rey de los vigilantes'

Pablo D. Almoguera

La instrucción giró en torno a Seguridad Integral Canarias, una empresa en la que hasta el 2 de agosto de 2011 fue administrador único Miguel Ángel Ramírez, y de la que ostentaba el 92,41% de las acciones. No obstante, la sentencia absolutoria considera que no pueda atribuirse con "exigible claridad y suficiencia la condición de administrador de hecho para sostener la imputación sobre el mismo".

El otro factor clave para haber sorteado el veredicto de culpabilidad es que el tribunal entiende que no se tomó "la obligada y exigida declaración" sobre parte de los hechos investigados. Se refiere el tribunal a la declaración de nulidad de la instrucción durante el tiempo que estuvo al frente de esta causa el hoy exmagistrado Salvador Alba y cuya actuación procesal se invalida en su totalidad.

La Audiencia Provincial, para tomar tal decisión, se apoya en los hechos probados de la sentencia que condenó a Alba a seis años de cárcel por prevaricación, cohecho y falsedad documental, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 10 de septiembre de 2019, y confirmada por el TS.

La vinculación de esta investigación con el proceso que llevó a la detención del exmagistrado Salvador Alba ha sido clave en el veredicto

Los magistrados parten de que "el mismo día" en el que Alba tomó posesión de su cargo en el juzgado de Instrucción número 8 dictó una resolución acordando la toma de declaración como imputados de Ramírez y uno de sus entonces colaboradores. Sin precisar nada más, y con una finalidad "espuria y torticera" ajena a la investigación. Por ello, la Audiencia Provincial considera contraria a derecho tanto esa resolución como las declaraciones prestadas ante el hoy exjuez.

Sobre los presuntos delitos fiscales, la sala "admite que existe una irregularidad al tratar como dietas lo que se corresponde con el abono de horas extras y otros pluses de productividad", pero expone que no todo lo declarado bajo ese concepto debe ser traducido por esa consideración. Y en relación a la presunta diferencia en las obligaciones a la Seguridad Social entre 2013 y 2017, el tribunal "no pone en duda la existencia de un desfase y el deber de regularizarlo", aunque no se considera acreditado que sea consecuencia de una actuación fraudulenta.