Canarias levanta las alfombras y estalla un tercer caso de compras sospechosas tras la trama de Koldo

Primero fue el caso Mascarillas. Luego el caso Koldo, que ya en Canarias se conoce como el caso Torres por el apellido del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que entonces gobernaba en las islas. Pero a estas investigaciones por corrupción se acaba de sumar otra más: cuatro empresarios han sido denunciados por presuntos delitos contra la Hacienda Pública al hilo de la compraventa de mascarillas higiénicas. En concreto, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha admitido la denuncia contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y empresario; Lucas Bravo de Laguna, político en un partido insular; y Christian Cerpa y Noel Jammal, ambos empresarios.

Las empresas involucradas son Damco Trading Services S.A. y la entidad Tanoja Services SL. Ambas tienen domicilio fiscal en Madrid y aparece como administrador único Noel Jammal. Estas, a su vez, transfieren cantidades económicas como "compensación de actividades de intermediación" a Tabaiba y B&M Sport Marketing, dos subcontratas cuyos administradores son Miguel Ángel Ramírez y Lucas Bravo de Laguna. Christian Cerpa, por tanto, no aparece como administrador, pero la Fiscalía le relaciona con el destino final del dinero.

Según la querella, el objeto del contrato que firmaron el 24 de abril de 2020 Tabaiba y Damco y mediante el cual Miguel Ángel Ramírez, presuntamente, "localizaría posibles potenciales clientes para la venta de los lotes de productos" era la "realización de las gestiones necesarias para conseguir acuerdos de compraventa de productos sanitarios e higiénicos para Canarias en exclusiva". El empresario habría recibido, por ello, una comisión del 100% del sobreprecio "que obtuviera de los eventuales compradores". La labor de intermediación desarrollada por Tabaiba habría supuesto un sobrecoste desmesurado en el ámbito de esta labor comercial.

Tras este entramado, y siempre según las tesis de la Fiscalía, Tabaiba subcontrató a la empresa B&M Sport Marketing, de Bravo de Laguna, para "traer a Canarias el material concertado previamente Tabaiba con Damco", por lo que B&M sería la que se encargaría de la "recepción, distribución de los productos y control de la mercancía hasta su entrega por el precio del 33% del importe que Tabaiba perciba de Damco".

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Y para finalizar, Bravo de Laguna, como figura en el escrito, firma con Christian Cerpa un contrato para que “se encargara de la supervisión del material sanitario contactando con proveedores autorizados, el seguimiento del transporte, supervisión en destino, gestión de retirada y restitución de material defectuoso, percibiendo la cantidad que se establezca en cada operación”.

El documento remitido por la Fiscalía aclara que los hechos anteriormente descritos podrían "ser inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que, en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de otros delitos de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación, tal como se expone en el hecho sexto de la querella, y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L.E.Criminal".

Transferencias cruzadas sin justificación

Los hechos se remontan a 2020 cuando, según la Fiscalía, Damco habría recibido del Servicio Canario de la Salud (SCS) un total de 15.891.610 euros por material sanitario. A su vez, de ahí, se habrían transferido 4.589.085,29 euros a Tabaiba por la inmediación. Asimismo, y tras esto, a B&M Sport un total de 1.294.385 euros. En el último eslabón, la empresa de Bravo de Laguna pagó, supuestamente, a Cerpa 286.401,04 euros.

Durante el año 2021, Damco recibe nuevamente del SCS 2.786.000 euros y abona a Tabaiba 2.338.000 euros y a Cerpa 280.400 euros. Y aquí es cuando aparece la empresa Tajona Services, de Noel Jammal, que recibió 4.230.000 euros, de los que se transfirió a Tabaiba 2.196.000 euros. Por último, Ramírez, a través de Tabaiba, habría abonado a B&M Sport 1.059.349 euros y esta entidad a Cerpa 295.431,63 euros.

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En el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que había vetado el anterior gobierno de Canarias presidido por el ahora ministro Ángel Víctor Torres, figura la empresa Damco Trading Services S.A. En el mismo, se puede comprobar cómo el SCS el 27 de abril de 2020, contrata a esta empresa mediante "un contrato de emergencia para el suministro de rapid test ARTRON" por un valor de 1.330.000 euros.

Con esta primera adjudicación se iniciarían sucesivos contratos que acabarían sumando más de 14 millones de euros a la misma empresa bajo la justificación de la situación de emergencia sanitaria que tenía el país. Posteriormente, el 22 de mayo de ese mismo año, se adjudica otro con objeto de "suministro de material sanitario para la lucha frente al coronavirus consistente en 200.000 batas de aislamiento, 6 millones de guantes de nitrilo, 600.000 escobillones y 700.000 mascarillas KN95" por un total de 6.990.000 euros. Finalmente, el 30 de septiembre de 2020, a la misma empresa y por valor de 4.071.610 euros se adjudica el "suministro de material sanitario contra el coronavirus para el SCS consistente en 113.000 Test Rapid Autobio, 748.700 guantes de nitrilo y un millón de mascarillas FFP2".