El fiscal pide 21 años de prisión y 105 M de multa para el rey de la seguridad canaria

El Juzgado de Instrucción 8 de Canarias dictó el pasado 9 de octubre auto por el que ordena la apertura de juicio oral contra el empresario dueño del conglomerado societario vinculado a Seguridad Integral Canaria (SIC), Miguel Ángel Ramírez, la propia compañía y el que fuera administrador único durante la última etapa, Héctor de Armas. El juzgado admite de este modo las acusaciones particulares, ejercidas por el sindicato USO, la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social, y pone fin a un largo proceso de investigación desarrollado en torno a los negocios de Ramírez, que también ejerce como presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva Las Palmas.

La Fiscalía pide para el empresario 21,5 años de prisión y más de 105 millones de euros de multa por delitos continuados contra Hacienda y la Seguridad Social perpetrados entre 2011 y 2017, además de otros 14 años de cárcel y 79 millones de sanción para su socio Héctor de Armas, al que considera el títere de Ramírez. Según el ministerio público, De Armas sustituyó al propietario de la compañía en el cargo de administrador único en 2011, justo después de que el dueño fuera inhabilitado por sentencia firme. La realidad, sin embargo, fue que Ramírez —que ostentaba el 91,4% de las acciones— continuó ejerciendo como director de orquesta a pesar de haber abandonado el puesto. "Siguió tomando todas las decisiones", defiende la Fiscalía, que explica en qué consistió el operativo de fraude puesto en marcha por ambos acusados.

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"Con el fin de reducir su partida de gastos y con la intención de menoscabar (...) al erario público, entre 2009 y 2013 [Ramírez] recurrió a una ficción consistente en disfrazar de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias realizadas por sus trabajadores", resume el ministerio público, que subraya que el dueño de SIC montó todo un operativo en torno a este objetivo por la "razón obvia" de que por ellas no paga partida alguna el empleador en el IRPF de cada trabajador ni en la base de cotización sobre la que se calculan las cuotas a ingresar en la Seguridad Social. "Se ahorraba, por lo tanto, SIC el abono de las retenciones y de las cotizaciones" a través de este procedimiento, sentencia el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Confidencial, que pone de manifiesto con claridad que Ramírez actuó de este modo "de manera deliberada".

"SIC ocultó y omitió, con el consiguiente perjuicio para el erario público", relata el ministerio público, 1,6 millones de euros en 2009, otros 1,6 millones en 2010, 1,4 millones en 2011, 988.000 euros en 2012 y algo más de un millón en 2013 a la Agencia Tributaria, cantidades a las que hay que sumar los 3,5, 3,1, 2,7 y 2,1 millones que dejó de ingresar en 2009, 2010, 2011 y 2012 a la Seguridad Social, y que arroja un montante total que sobrepasa los 17 millones de euros. A esconder esta cifra habrían colaborado "mendazmente" tanto Ramírez como De Armas, según considera la Fiscalía, que entiende que "ambos eran plenamente conscientes" de que el primero "conservaría el pleno ejercicio de las facultades" del cargo de administrador único cuando el segundo asumió formalmente el puesto y que sería el máximo accionista quien seguiría tomando "cualquier decisión empresarial". De Armas, añade, únicamente se avino a todas estas decisiones y "llevó a cabo su ejecución".

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El socio, continúa, "era perfecto conocedor de la simulación creada de propósito, consistente en camuflar las horas extraordinarias como dietas, a la que contribuyó asumiendo como propias en su condición de administrador único las instrucciones que impartía Ramírez y propiciando así la perpetuación de esta estrategia defraudatoria en el tiempo" que, a partir de 2012, modificó su estrategia, aunque mantuvo el fondo. En ese año, relata la Fiscalía, ambos socios "pusieron en marcha otra mecánica complementaria a la anterior y destinada igualmente a seguir reduciendo de manera fraudulenta la base de cotización de los trabajadores".

En concreto, esta nueva forma de operar la llevaron a cabo con un falso comité de empresa. Según describe el ministerio público, se sentaron a negociar un nuevo convenio con los representantes de los trabajadores que habían salido de las elecciones sindicales de 2005. Obviaron que en 2013 había habido nuevos comicios que habían concluido en la aprobación de otros miembros. El acuerdo con el adulterado comité permitió a Ramírez aprobar un nuevo convenio que reducía el sueldo de los trabajadores, les aumentaba la jornada laboral y suprimía conceptos como los pluses de nocturnidad, de festividad o las horas extra. Estas últimas, además, sí que las cobraban algunos empleados, aunque a través de una transferencia aparte de la nómina y de forma muy puntual.

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"Es evidente que la finalidad no era reducir los costes salariales en un momento de crisis, como alegaba la empresa, sino simplemente impedir posibles reclamaciones de los trabajadores", asegura la Fiscalía, que destaca que esta reducción de sueldos no buscaba "reflotar" la compañía, pues no se estaba hundiendo, sino "incrementar su cifra de negocio" e incluso "ampliar la plantilla" para seguir creciendo. "En modo alguno se aprecia la situación de crisis alegada por Ramírez", sostiene el ministerio público, que —al contrario— pone de manifiesto que la sociedad aprovechó la situación para "mejorar su posición competitiva".

El acuerdo, como rememora la Fiscalía, fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias. Estuvo negociado, añade, por un comité "pasivo", despachado en apenas "cuatro reuniones" en las que los representantes de los trabajadores se limitaron a "recibir propuestas" sin pedir "la más mínima justificación" sobre una propuesta que en realidad consistía "únicamente en la supresión de derechos económicos" a los empleados. Tras la declaración de nulidad, Ramírez aprobó un nuevo convenio colectivo para evitar que sus trabajadores se acogieran al estatal, mucho más beneficioso, en el marco del cual siguió defraudando a través del truco de las dietas. "Seguía perpetuando la precariedad de la mayor parte de sus trabajadores", resuelve el ministerio público, que recuerda que también esta segunda iniciativa del propietario de SIC fue anulada por el TSJ de Canarias.

Sin embargo, tampoco esta sentencia provocó la rectificación de Ramírez, que "no solo no procedió a ingresar las diferencias de cotización en los plazos reglamentarios, sino que además continuó sin abonar a los trabajadores los salarios a los que tenían derecho en aplicación de los convenios estatales". Apenas dos meses después de la segunda nulidad, SIC solicitó el concurso voluntario, que sirvió para que la compañía "cediera gran parte de sus clientes a otras empresas vinculadas con Ramírez". El auto de apertura de juicio oral que acaba de acordar el Juzgado de Instrucción 8 de Canarias incrementa la fianza que solidariamente tienen que abonar Ramírez, De Armas y la propia sociedad hasta los 50 millones de euros, con el fin de que esta cantidad pueda cubrir la suma a la que previsiblemente tendrán que hacer frente los tres acusados.