El juez investiga al rey de la seguridad por desviar fondos para no pagar a Hacienda

El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra el empresario de la seguridad privada y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y un grupo de personas afines (Héctor de Armas, Alicia Rosa Pérez, Jacobo López Redondo, Margarita Robayna, Manuel Hernández Ramírez, Jorge Hernández Ramírez, Antonio Redondo y Jesús Miguel Acosta) por desviar supuestamente fondos que debían haber sido destinados a pagar las deudas de su compañía, Seguridad Integral Canaria (SIC), con la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Según el escrito del ministerio público, "para evitar pagar las numerosas deudas que pesan sobre SIC, se han realizado una serie de acciones por parte de Miguel Ángel Ramírez y las persona que ha utilizado como meros detentadores de sus participaciones sociales en distintas empresas (...) para lograr desviar los fondos y bienes de SIC a estas y otras sociedades y así poder justificar una situación de insolvencia y la presentación el 22 de diciembre de 2017 del proceso concursal ante el Juzgado Mercantil número 2".

Entre las acciones realizadas por Ramírez y sus colaboradores, resalta la Fiscalía, "destaca la venta de acciones de la que era titular SIC en la Unión Deportiva Las Palmas", que iban a ser embargadas para hacer frente a la deuda pero finalmente no pudieron serlo "al haberse vendido". Según el ministerio público, esa venta "se hizo en fraude". En concreto, se vendió por "importe del valor nominal de cada acción pese a que el valor real de las mismas era superior". Como describe el Juzgado 5, "para fundamentar aún más el negocio ficticio empleado para evitar el embargo, se señala que pese a esa venta SIC no percibió dinero alguno como contraprestación". Los que hicieron la operación, continúa la Fiscalía, "intentaron justificar un crédito a favor de Miguel Ángel Ramírez con SIC de algo más de 200.000 euros que había prestado a la tesorería de la sociedad".

SIC debe, según diferentes investigaciones judiciales, más de siete millones de euros a la Hacienda pública por retener dinero a sus trabajadores y no ingresarlo en la Agencia Tributaria, además de casi 1,5 millones a la Seguridad Social "por infracotización" después de fijar salarios inferiores a los que delimita el convenio, y otras cantidades aún no contabilizadas. En esos procedimientos de adeudo se encuentra personada la sección de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera. Su secretario general, Basilio Febles, tras ser consultado por El Confidencial, asegura que esta investigación del Juzgado 5 "constata" sus sospechas. "Ya intuíamos que estaba desviando dinero para no pagar a la Agencia Tributaria y a los trabajadores a través de malas prácticas", confiesa el sindicalista, que no descarta solicitar la personación en este nuevo procedimiento judicial.