Lluvia de expedientes y sanciones tras el 18-F en Galicia: de Sánchez a la Xunta pasando por Jácome
La Junta Electoral sancionará a la Xunta por enviar un SMS a los sanitarios con subidas salariales dos días antes de ir a votar. Sánchez también fue expedientado por anunciar la construcción de un gran barco en Ferrol
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Pasado el 18-F y ya camino de las elecciones convocadas en Euskadi para el 21-A, la Xunta Electoral de Galicia (XEC) y la Junta Electoral Central siguen despachando la catarata de denuncias presentadas en los dos últimos meses por posibles infracciones de la Ley Electoral (LOREG 85/1985) que han sido muchas y de todos los colores. De un megabuque en los astilleros públicos de la ría de Ferrol al envío masivo de SMS para anunciar subidas salariales dos días antes de ir a las urnas.
Más de 70 acuerdos han dictado estos días los 11 miembros de la Junta Electoral gallega y otros 15 elevados a la Junta Electoral Central. La última infracción -con la apertura de un expediente sancionador- le cayó este jueves a la Xunta de Galicia por anunciar, vía SMS, la subida salarial y mejoras en la carrera profesional a los profesionales del Servicio Gallego de Salud (Sergas) el viernes 16, dos días antes de los comicios.
La Xunta justificó el envío masivo como parte de una comunicación "fluida" del Sergas con sus trabajadores, pero las denuncias por electoralismo y oportunismo político desde la maquinaria autonómica llegaron desde casi todos los frentes políticos: BNG, PSOE y VOX, y se agruparon en la misma pieza.
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En un acuerdo fechado el 21 de febrero, la Junta Electoral gallega le dice a la Consellería de Sanidade que nada impedía que, "de querer enviar esos mensajes", lo hiciesen pasados unos días, con el proceso electoral ya cerrado. Los mensajes hacían hincapié en incrementos salariales del 7 al 15% por trabajar noches y festivos hasta los 888 euros que puede llegar a cobrar un facultativo por la quinta guardia de 24 horas. La subida salarial suponía hacer efectivos los acuerdos pactados y aprobados en abril del 2023 que la Xunta decidió anunciar que abonaría justo dos días antes de ir a votar.
Vulnerar la neutralidad
De mayores dimensiones fue, sin embargo, el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desembarcó en Navantia el 24 de enero para avanzar la construcción de un megabuque de aprovisionamiento de combate (BAC) para la Armada en el astillero de Ferrol, cuyo plantilla lleva meses y meses de movilizaciones para exigir más buques en sus gradas. Sánchez tradujo el barco en 439 millones de inversiones y en tres millones de horas de trabajo.
En este caso, la Junta Electoral Central estimó la denuncia del PP. Abrió un expediente sancionador al presidente del Ejecutivo por vulnerar la neutralidad política con la infracción del artículo 50.2 de la LOREG, que limita los anuncios de las Administraciones en tiempos electorales. La JEC le afeó a Sánchez que ignorase el deber de neutralidad que "debiera mantener", como corresponde al cargo que ejerce.
Parecida fue la reprimenda de la JEC al ministro de Transportes, Óscar Puente, que el pasado 5 de enero, en la víspera de Reyes, apareció por sorpresa montado en un tren a Vigo para anunciar desde allí la llegada de los nuevos AVE a la comunidad. Lo hizo acompañado del alcalde, Abel Caballero, y del candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro y la cosa terminó con una denuncia del PP y su estimación parcial, aunque sin sanción.
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Las denuncias también cayeron contra el presidente electo de Galicia, Alfonso Rueda, quien se tuvo que ceñir a los asuntos administrativos durante la rueda de prensa semanal posterior al Consello de la Xunta después de la reprimenda de la Xunta Electoral gallega por "emitir valoraciones como candidato" y hablar de sus "logros", estimando así una denuncia del PSdeG. Los populares también tuvieron que retirar vídeos de las redes sociales por orden de la Junta Electoral Central, que estimó un recurso contra una resolución de la Junta gallega y considerar que el partido estaba reincidiendo en las mismas infracciones al difundir imágenes y audios de contenido electoral que, si bien, no pedían el voto explícitamente, estaban pensando para persuadir al elector.
De los expedientes de la JEC tampoco escapa el regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por colocar un cartel de obras del gobierno municipal con los colores de su formación democracia ourensana. Mientras, una denuncia de Sumar contra el PP por el reparto de propaganda con el logo de la Xunta fue archivada por realizarse fuera del plazo. Por último, la Fiscalía estudia una denuncia de un particular contra una edil del BNG en el municipio coruñés de Coirós por difundir, supuestamente, propaganda durante la jornada de reflexión. La denuncia fue remitida al Ministerio público desde la propia Xunta Electoral.
Pasado el 18-F y ya camino de las elecciones convocadas en Euskadi para el 21-A, la Xunta Electoral de Galicia (XEC) y la Junta Electoral Central siguen despachando la catarata de denuncias presentadas en los dos últimos meses por posibles infracciones de la Ley Electoral (LOREG 85/1985) que han sido muchas y de todos los colores. De un megabuque en los astilleros públicos de la ría de Ferrol al envío masivo de SMS para anunciar subidas salariales dos días antes de ir a las urnas.