La Fiscalía pide a la Xunta que le informe sobre la llegada de los 'pellets' a espacios protegidos

La Fiscalía ha pedido a la Xunta de Galicia que le informe sobre "la llegada y detección de material potencialmente contaminante" en "espacios de especial protección y consideración medioambiental". El fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha dado este paso después de que el pasado lunes abriera una investigación por el vertido de millones de microplásticos en las costas gallegas: "Presentan indicios de toxicidad, no son biodegradables y no pueden eliminarse".

Además de a la Xunta, Vercher ha acordado dirigirse a las Fiscalías Superiores de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco para recabar las actuaciones que hayan podido llevar a cabo hasta el momento. También extiende esta petición a las comandancias de la Guardia Civil de estas comunidades, a las que solicita que procedan a "la toma de muestras de material potencialmente peligroso y al análisis del mismo". "Habiendo constancia de que se han tomado muestras y practicado analíticas por parte del personal especializado del Seprona, se indique en qué consisten y su resultado si lo hubiera", añade.

Estas primeras diligencias tratan de aclarar tanto "los lugares de arribada" como las "cantidades de microplásticos" que están apareciendo en cada uno de ellos. En el caso de Galicia, Vercher pregunta de forma directa por los espacios protegidos del parque nacional de las Islas Atlánticas y del parque natural de las Dunas de Corrubedo y lagunas de Carregal. Al acordar la apertura de la investigación el pasado lunes, también apuntó a que los pellets estaban llegando ya a las costas de Portugal y Francia.

El fiscal considera que estos hechos pueden encajar con el artículo 325 del Código Penal, que castiga con penas de entre seis meses y dos años de prisión a quienes "contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente" lleven a cabo vertidos que causen o puedan causar "daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas". Este delito también contempla penas de multa e inhabilitación especial para "profesión u oficio por tiempo" de uno a dos años.

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Aunque otras zonas como Tarragona también han sufrido vertidos de pellets durante los últmos años, considera que esta vez se trata de un "modus operandi distinto que resulta preciso esclarecer". La Xunta de Galicia sostiene que el vertido tuvo lugar el 8 de diciembre, cuando un buque perdió en aguas portuguesas hasta seis contenedores con millones de estos pellets.

La asesoría jurídica de la correspondiente naviera ha contratado un equipo de servicios técnicos para el seguimiento y control del suceso, poniéndose a disposición de las autoridades españolas para colaborar en las labores de limpieza y asumir el pago de los costes derivados. En el oficio notificado este miércoles, Vercher no acuerda ninguna diligencia respecto a esta compañía.

A falta de que avance la investigación, el vertido ya ha provocado un enfrentamiento a nivel político. En pleno arranque de la precampaña por las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero, desde el Gobierno de Pedro Sánchez acusan a la Xunta de no haber gestionado el suceso de forma adecuada y de haber tardado demasiado en elevar el nivel de alerta, mientras que el presidente gallego y candidato del PP, Alfonso Rueda, asegura que solo tratan de aprovechar lo ocurrido para arañar votos.

"Claro que esto no es el Prestige. No es el mismo material, no son las mismas circunstancias, no tiene la misma entidad… Salvo en una cosa. La gestión del PP es idéntica: esconder la cabeza y mentir", denunció esta misma mañana el ministro de Transportes, Oscar Puente, a través de Twitter. "La oposición y el Gobierno central intentan sacar rédito del vertido de plásticos de forma irresponsable y perjudicial para Galicia. Esperamos que el Gobierno se ponga a trabajar buscando y deteniendo los sacos en el mar, que es su competencia", publicó minutos después el PP de Galicia en esta misma red social.