La cruz de Miño: el agujero de 19 millones por unas expropiaciones mal hechas que aún pagan los vecinos

A medio camino entre A Coruña y Ferrol, por la carretera de la costa, está Miño. Un municipio de 5.859 vecinos con un presupuesto anual de 6 millones de euros y una deuda con el Estado que se acerca a los 20. Haciendo cuentas, cada vecino tiene una hipoteca extra de 3.413,55 euros con el ayuntamiento, a cuenta de unas expropiaciones multimillonarias mal hechas y peor pagadas para un proyecto de lujo en el que todavía hoy se pueden ver esqueletos de hormigón y vigas al aire, que conviven con otros chalés habitados en una urbanización extravagante y desproporcionada, con solares baldíos y carentes de servicios.

En las playas de Miño, en Perbes, gustaba de veranear Manuel Fraga, el expresidente gallego, en un chalé-fortín a un paso de la arena. El caso es que la zona se puso de moda a finales de los 90 por la flexibilidad de las licencias urbanísticas, y fue allí donde Martinsa-Fadesa, la superconstructora que fusionaron Fernando Martín y Manuel Jove, se lanzó a construir una macrourbanización anexa a un campo de golf: Costa Miño. En total: 1.217 viviendas con su parcelita en un ayuntamiento pequeño encajado en la ría de Betanzos, a un paso del green con 18 hoyos. Para edificarla, el municipio —donde históricamente había gobernado el PP— expropió en 2002 los terrenos y fincas a unos 300 vecinos por mucho menos de lo que les correspondería: 6,32 euros por metro cuadrado.

La burbuja inmobiliaria del ladrillo estalló en 2008, y buena parte de las viviendas unifamiliares proyectadas quedaron sin vender o directamente a medio hacer, para deleite de okupas y ladrones que sustrajeron materiales de obra. Lejos del lujo soñado para la pequeña Marbella del Norte, Costa Miño Golf se quedó en un cementerio de tejados fundidos sobre plantas inacabadas de ladrillo y viviendas sin puertas ni vida, que ilustran perfectamente la fiebre constructora de aquella época y sus demonios. En el plano se quedaron el hotel de cinco estrellas, la gasolinera y el centro comercial anexo al proyecto. La mala tramitación del proceso de expropiación de los terrenos y la cascada de reclamaciones judiciales contra las empresas promotoras dispararon la deuda del Concello, que se embarcó en un entuerto de litigios, sentencias, recursos e impagos que abocaron a Miño a la bancarrota.

Las reclamaciones judiciales de los vecinos mal expropiados fueron avanzando hasta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó que les adeudaban 21 millones. Condenó al Ayuntamiento de Miño a pagarles el justiprecio —26 euros por metros cuadrado— por las irregularidades del proceso, ya que no habían requerido aval económico preceptivo (30 millones de euros) a una empresa que entró en concurso de acreedores y se liquidó en 2015, dando sepultura a la que fue la mayor inmobiliaria de España. Fue el germen de la enorme deuda colectiva contraída por vecinos de Miño que no habían nacido cuando se inició la macrourbanización, pero que arrastran sus consecuencias.

A los desmanes urbanísticos de Miño todavía les quedaría otro fleco, y es que, en la misma época de efervescencia constructiva, se proyectaron otras 750 viviendas en el monte Piñeiro, en un espacio protegido. Detrás estaba una UTE de cinco firmas, entre ellas Vallehermoso. Su construcción se frustró, pero el Concello fue condenado a devolverles los 3 millones que ya habían adelantado como canon urbanístico y otros 1,5 en intereses.

A Miño se desplazó esta semana Pedro Blanco Lobeiras, el delegado del Gobierno en Galicia, para negociar con su alcalde una nueva prórroga —la tercera— para afrontar el pago de los 19 millones que el municipio coruñés todavía debe al erario público. En enero de 2014, la deuda era de 30,5 millones. En diez años, los vecinos han tenido que amortizar 10 millones, y aun así, lo que deben triplica su presupuesto para 2023. Con el nuevo acuerdo, amplían plazos de 2043 a 2050 y las cuotas se reducen a la mitad: de 900.000 a 500.000 euros anuales, que abonarán en diciembre para que la corporación local disponga de mayor liquidez para los gastos corrientes.

"Es una deuda enorme que heredamos de otros", lamenta su alcalde, Manuel Vázquez Faraldo (PsdeG). Economista de profesión, y al frente del consistorio desde 2019, ha tenido que afrontar dos mandatos con las arcas locales asfixiadas y más casas que vecinos. "Esta prórroga es un alivio: no tener que reducir gastos ni subir impuestos; y es importante para el futuro de Miño", concluye.

Parte de las viviendas inacabadas fueron a manos del Sareb —el banco malo— que, muy lentamente, les fue dando salida a un precio muy ventajoso, y el Concello autorizó unas 46 licencias de primera ocupación. En julio, subastó por algo más de 400.000 euros un lote de 20 chalés pareados en estructura para tratar de dar salida a los últimos cadáveres de aquella promoción y convertirlos, 15 años después, en casas habitables, desterrando la ciudad fantasma.