La fiebre del litio en la frontera con Galicia que provocó la caída de António Costa

No fue precisamente silenciosa la tramitación de las dos minas de litio que han provocado la caída del primer ministro portugués, António Costa. Situadas a apenas 15 kilómetros del límite con Galicia, al borde de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Gerês-Xurés, tanto Montalegre como Covas de Barroso generaron desde sus inicios un intenso ruido. Hubo protestas de alcaldes portugueses y de ecologistas lusos y gallegos, estos últimos en modo alerta ante la eventual explotación de la que es considerada una de las mayores reservas de litio de Europa, que va de Cáceres al norte de las provincias de Pontevedra y Ourense, pasando por la región más septentrional de Portugal.

El litio es un elemento crucial para la descarbonización, un ingrediente clave para la fabricación de las baterías que alimentan los vehículos eléctricos. Según estimaciones de la Comisión Europea, su demanda se habrá multiplicado por 18 en 2030 y por 60 en 2050, lo que ha puesto en marcha una carrera para abrir minas por toda Europa, cuyo mercado es enormemente dependiente de las exportaciones chinas. Hay grandes proyectos en marcha en Finlandia, Serbia, la República Checa y Austria. Y por supuesto, en España y Portugal.

En Galicia hay prospecciones en marcha en los ayuntamientos de Fornelos de Montes, Cerdedo, Covelo, A Lama y Forcarei, en Pontevera, y en los orensanos de Avión, Beariz, Boborás y O Irixo. En Extremadura, la explotación a cielo abierto en San José de Valdeflórez, en la Sierra de la Mosca, incitó una gran oposición ciudadana, a la que se sumó la entonces alcaldesa de Cáceres María Elena Nevado, del PP, que tachó el propósito empresarial de "especulativo". El nuevo Gobierno extremeño de María Guardiola se ha comprometido a reactivar los proyectos que no llegaron a cuajar en la anterior legislatura.

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La de Covas de Barroso (Vila Real), a apenas 20 kilómetros de España, está llamada a convertirse en la mayor mina a cielo abierto del continente. Además de su proximidad a la Reserva de la Biosfera Gerês-Xurés, se ubica en el único enclave portugués declarado Patrimonio Agrario Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este mismo año recibió un impulso definitivo: la autorización de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, que desoyó las cerca de un millar de alegaciones en contra y un informe demoledor de un relator de la ONU. Ahora, el presidente de la agencia medioambiental portuguesa figura entre los acusados por la Fiscalía de su país.

La empresa británica Savannah Lithium fue la seleccionada para el proyecto por la Agencia de Medio Ambiente el pasado mayo, a pesar de reconocer en su informe los riesgos que entraña para la declaración de la FAO. "Las afectaciones directas o indirectas, incluyendo los impactos residuales, impuestos por la elevada presión de proyectos sobre el área pueden comprometer la clasificación de Patrimonio Agrícola Mundial. Se considera además que no existe compatibilidad y posibilidad relevante de integración paisajística del proyecto en el territorio", observaba textualmente la agencia portuguesa en su declaración.

En Boticas, el ayuntamiento donde está enclavado Covas de Barroso, su alcalde, Fernando Queiroga, lideró las movilizaciones contra el proyecto y expresó su "tristeza y preocupación". "La mina va a poner en cuestión las inversiones hechas en Boticas y que se basan en la agricultura, la ganadería y el turismo", lamentó. La agencia de la ONU, los ecologistas y alcaldes como el de Boticas alertan del impacto paisajístico y de las afectaciones provocadas por las explotaciones de litio como la de Covas.

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Además del intenso consumo de agua que acarrean, las minas de litio presentan otros inconvenientes como el uso de productos químicos agresivos, contaminación de acuíferos, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructuras, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había y generación de residuos sólidos y químicos, entre otros efectos perniciosos. Son actividades cuyas consecuencias sobrepasan el propio terreno en el que se producen para adquirir características regionales e incluso globales. Del lado gallego, este mismo verano organizaciones como Ecologistas en Acción y Adega, entre otras, alertaron de los peligros de la mina de Covas de Barroso y apoyaron movilizaciones, como una acampada de protesta convocada por ecologistas portugueses entre el 10 y el 15 de agosto.

La otra explotación de litio que ha provocado la crisis en Portugal —junto con un plan de producción de hidrógeno verde en Sines— es la de Montalegre, a apenas 25 kilómetros de Boticas y a 10 de Galicia. También está bajo sospecha, a pesar de que la cancelación decidida en 2021 por el anterior ministro de Medio Ambiente, João Pedro.

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Matos Fernández, otro de los afectados por la investigación del Tribunal Supremo portugués. Pero el litio, o el interés que genera, no son tan fáciles de aplacar: hace apenas dos meses, la Agencia Portuguesa de Ambiente le daba el visto bueno ambiental a Montalegre, después de un enfrentamiento con la compañía Lusorecursos que amenazó con resolverse en los tribunales. La agencia precisó en un comunicado que la declaración de impacto ambiental favorable "tuvo en consideración el interés estratégico del litio para el cumplimiento de las metas de neutralidad carbónica y transición energética", aunque reconoce que requiere de un "nivel alto de exigencia ambiental".

La mina, que será la mayor de Europa, supondrá una inversión estimada de 500 millones de euros. Una investigación de la RTP, la televisión pública de Portugal, descubrió que el propietario de la compañía, Ricardo Pinheiro, es uno de los acusados ​​en el mayor caso de fraude con fondos comunitarios que se recuerda en el país.