Dimite António Costa, primer ministro de Portugal, tras una investigación por corrupción

El primer ministro de Portugal, António Costa, ha anunciado este martes su dimisión tras hacerse pública una investigación por corrupción abierta por la Fiscalía. Costa y varios miembros de su Gabinete están siendo investigados por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno.

"Fui hoy sorprendido con la información (...) de un proceso criminal en mi contra", ha anunciado el socialista en una intervención televisada. "Las funciones de un primer ministro no son compatibles con cualquier sospecha de un acto criminal. En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia, el presidente de la República", ha agregado. El jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, ha aceptado la renuncia de Costa y anunciado la convocatoria el miércoles y jueves de un Consejo de Estado en el que se disolverá la Asamblea portuguesa, lo que implicará una convocatoria de elecciones anticipadas.

Horas antes, sobre las 9:00 de la mañana, Portugal se veía sacudido por la noticia de que agentes del Ministerio Público y la Policía de Seguridad Pública (PSP) estaban realizando allanamientos a edificios gubernamentales y domicilios de altos funcionarios del gobierno de António Costa. La Fiscalía portuguesa precisó en un comunicado que había llevado a cabo el registro de "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos". Dichas alegaciones "serán analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia", añadió el Ministerio Público.

Al menos 42 edificios, entre residencias particulares y ministerios de gobierno, fueron registrados en el contexto de una investigación del Ministerio Público por las millonarias licitaciones del litio en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines. La propia residencia oficial de Costa, quien a principios de 2022 repitió mandato gracias a la mayoría absoluta obtenida por su partido en las elecciones legislativas, fue allanada.

Una investigación realizada por Politico en 2021 reveló que los proyectos de minería de litio en la región norteña de Montealegre, respaldados de forma entusiasta por el Gobierno de Costa, se habían visto envueltos en una maraña de controversias debido a la baja calidad de los recursos que se extraían y al desproporcionado daño ambiental de las operaciones. Poco después, uno de estos proyectos fue cancelado.

Costa ha agregado que desconocía proceso alguno y que está “totalmente disponible” para colaborar con la justicia. “Es una etapa que está llegando a su fin. Fueron casi ocho años a los que me dediqué con todas mis energías”, ha respondido ante la pregunta sobre su futuro político. “No voy a volver a presentar mi candidatura al cargo de primer ministro. Es una etapa de la vida que ha terminado", ha sentenciado, agregando que se va "con la conciencia muy tranquila”. Desde su reelección al comenzar 2022, el gobierno del socialista ha encadenado varios escándalos que han provocado que, en menos de dos años, más de una docena de miembros del Ejecutivo se hayan visto obligados a dimitir.

Múltiples implicados

La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados. También fueron declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.

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Los registros fueron dictados por la Fiscalía y se están desarrollando a través de la Policía de Seguridad Pública (PSP) y la Autoridad Tributaria y Aduanera. Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.

El comunicado de la PGR asegura que, en el curso de las investigaciones, "salió a la luz que los sospechosos habían invocado el nombre y la autoridad del Primer Ministro y que éste había intervenido para desbloquear procedimientos en los negocios de litio e hidrógeno verde". El comunicado también aseguraba que los estos hechos “podrían constituir delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva de un cargo político y tráfico de influencias”