Sareb convierte Cataluña en su laboratorio de vivienda social en alquiler en España

La Sareb ha convertido Cataluña en su laboratorio de vivienda social, con un parque de 3.500 viviendas de alquiler social en esta comunidad autónoma, que es la mitad de las que tiene el denominado “banco malo” y que gestiona el grueso de los activos heredados del rescate bancario de 2012. Del total de la cartera de Sareb, 6.000 pisos corresponden a alquileres sociales aprobados

Hoy el presidente de la Sareb, Javier Torres, y el responsable de vivienda asequible, Pau Pérez de Acha, han presentado sus proyectos de vivienda social, destacando la importancia de estratégica de Cataluña. Eso incluye el denominado “Plan Viena” que servirá para promover entre 12.000 y 15.000 viviendas de alquiler social asequible. “No se sacará todo de golpe. La primera fase será de 3.500 viviendas” ha explicado Pau Pérez, con una media de tres personas por piso.

TE PUEDE INTERESAR

Los grandes bancos congelan el 'Sareb' de pymes por diferencias internas

Jorge Zuloaga

Este Plan Viena en Cataluña en su primera fase corresponde a 10 solares de los 43 que se impulsan para promover vivienda social asequible en toda España. Se cede el terreno durante 80 años y un promotor que se compromete a hacer la promoción para alquilar a un precio un 20% más barato que la media de la zona. En el caso de Cataluña, ninguno de esa decena de solares se encuentra en el área metropolitana de Barcelona, donde viven más del 67% de la población catalana. Tras los 80 años, los pisos revierten en una administración pública.

El Proyecto Viena ha topado con la subida, los tipos de interés se han puesto en el 4%, pero se está pactando que el BEI aportará financiación. “En este momento se está negociando entre la Comisión europea y el BEI, pero no saldremos demasiado pronto”, ha apuntado Torres. El proyecto necesita una inversión de 400 millones y en esencia en este momento depende de lo que esté negociando el BEI. En Cataluña la inversión supondrá unos 100 millones de inversión con unas 600 viviendas en proyecto, según ha desvelado Pau Pérez de Acha.

Pérez de Acha ha añadido: "Este año casi venderemos 10.000 viviendas, y en su mayoría son a personas físicas"

El valor bruto de los activos de la Sareb es más de 26.000 millones pero el deterioro por el valor de activos son 11.626 millones. Javier Torres ha reconocido que este año. Ahora el FROB tiene el 51% del capital y los socios privados incluso han abandonado el consejo.

Torres ha defendido que “vendemos 9.000 viviendas al año. No es que tengamos las vivienda en zonas en donde no quiere vivir nadie. En 2022 registramos 8.153 viviendas vendidas a un precio medio de 97.000 euros”.

Por su parte, Pérez de Acha ha añadido que “este año casi venderemos 10.000 viviendas, y en su mayoría son a personas físicas. No son paquetes que vendemos a un sólo comprador”.

Relación con la Generalitat

“Con la Generalitat tenemos una relación muy estrecha”, ha explicado Pérez de Acha, y se sigue negociando con ellos para cederles más vivienda. Los convenios con las administraciones públicas son una constante en la gestión diaria en la Sareb: Se han firmado 62 convenios y ya hay un total de 1.980 viviendas en convenio en 2023.

En Cataluña, la Sareb tiene 24 promociones de vivienda, lo que quiere decir 1.416 viviendas que se acabarán destinando a alquiler social. En total Sareb tiene 21.000 viviendas a disposición de las administraciones.

A partir de 2027 el Gobierno de turno tendrá que decidir el futuro de la Sareb

Sareb factura 2.361 millones y pierde 1.506 millones, al año. Las pérdidas se deben en buena parte a la depreciación de 11.626 millones en el valor de los activos, en buena parte de valor de los suelos. La deuda está en torno a los 30.000 millones de euros, en su mayoría en bonos que vencen en 2027. En diez años ha amortizado el 40% de su deuda.

Sobre el futuro, Torres ha valorado que “lo que pase en el año 2027 tendrá que ser valorar por el Gobierno de turno en ese momento: o introducir años de prórroga o llevar la sociedad a liquidación trasladando suelos a Sepes y que el alquiler social pase a cargo de las comunidades autónomas, por ejemplo”.