“Es una victoria de todos”

Meirás: 15 años para la mayor sentencia contra el franquismo de la democracia

El historiador que lideró el movimiento para la recuperación del inmueble celebra que el fallo asume la "falta de legitimidad" del régimen de Franco

Foto: La jueza condena a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado. (EFE)
La jueza condena a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado. (EFE)

Carlos Babío era este 'histórico' 2 de septiembre un hombre feliz. El investigador que con más ahínco ha buscado pruebas para la devolución del pazo de Meirás al patrimonio nacional, coautor junto a Manuel Pérez Lorenzo del libro 'Un pazo, un caudillo, un espolio', no acepta felicitaciones, porque cree que la enhorabuena ha de ser “para toda la sociedad”. “Es una victoria de todos”, proclama. Únicamente le salen palabras solemnes: “No solo ha caído un símbolo del franquismo; es una derrota del relato que se impuso tras la victoria en la guerra del dictador”.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, conocida este miércoles, culmina 15 años de lucha que le han valido varias denuncias de la familia Franco por supuestas injurias, aunque Babío se remonta más atrás, a finales de los setenta, para contextualizar la batalla por la recuperación. Fue entonces cuando comenzó la exigencia de que los Franco devolvieran el pazo, una propiedad adquirida durante la Guerra Civil con donaciones forzosas de vecinos y trabajadores para ser regalada al dictador. Aunque, efectivamente, hubiera que esperar hasta mediados de la pasada década para ir sumando efectivos cruciales como la Diputación de A Coruña, los ayuntamientos coruñés y de Sada, el Parlamento de Galicia y el Gobierno de España, siempre con el acicate de los movimientos de recuperación de la memoria histórica.

Lo que realmente satisface del fallo al historiador es que se detiene a analizar qué fue el franquismo y en qué contexto se produjeron los hechos fundamentales que analiza la sentencia, para acabar señalando la “falta de legitimidad” del régimen de Franco, a quien en reiteradas ocasiones se refiere la magistrada como “el autoproclamado jefe del Estado”. En ese sentido, la del juzgado de A Coruña es “la sentencia más importante contra el franquismo de la democracia”. “Queda claro que el proceso de traspaso a los Franco se hizo en un contexto de guerra y represión, lo que significa un avance desde el punto de vista de reconstrucción de la verdad. No hay otra sentencia contra el franquismo en España de esta envergadura, ni ninguna que tenga en consideración el momento histórico en el que se produjeron los hechos”, celebra.

En cuanto a los hechos en sí, el fallo pone la lupa en dos: la donación efectuada en 1938 de la finca denominada Torres o pazo de Meirás y el contrato de compraventa de la finca firmado tres años más tarde, en lo que la magistrada considera “una simulación” de carácter fraudulento. La donación, señala la sentencia, se hizo a Franco como jefe del Estado, y la segunda vino a soslayar esa circunstancia para inscribir la finca a título individual.

Solo la reciente aparición del acta notarial inicial, la de 1938, ha permitido desenmarañar el espinoso debate de la titularidad. Fue gracias a la intervención de la Abogacía del Estado, que en 2019 presentó una demanda de 100 folios basada en ese documento, que permanecía oculto en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña. “Siempre supimos de la existencia de esa escritura, porque habíamos encontrado multitud de referencias documentales, pero para nosotros era imposible acceder a ella”, relata Babío. La intervención del Gobierno desbloqueó la aportación del título que desmontaba de pies a cabeza el embuste ideado por el dictador.

La doble inscripción permitió crear de forma artificiosa la apariencia de que Francisco Franco adquiría Meirás por un precio de 85.000 pesetas, una cantidad que el informe de la Abogacía de Estado califica de “irrisoria”. Pero si esa segunda compraventa “simulada” ha sido fundamental para la sentencia, la otra pata en la que se apoya es el uso que se dio durante el franquismo al pazo que en su día perteneció a Emilia Pardo Bazán: el de residencia oficial. “Entre 1941 y 1975, Meirás se convirtió en palacio de verano, en la alternativa estival a El Pardo”. Célebres son los consejos de ministros que anunciaban el fin del periodo veraniego, o las recepciones y actos de Estado que allí se desarrollaban. “Eso queda claramente resuelto con el fallo, porque es fundamental”.

Babío espera que la decisión judicial sirva para apoyar otras reclamaciones de devolución al Estado de propiedades de los Franco, aunque es consciente de las circunstancias específicas que rodean el litigio del pazo de Meirás. Mariano Sánchez Soler, autor de varios libros sobre la familia del dictador, también comparte ese moderado optimismo. “Se ha roto un tabú, una política heredada de la Transición que establecía que no se podía tocar a nadie”, se felicita el escritor y periodista, que espera que otros conflictos como los de las esculturas del maestro Mateo o la Casa Cornide se resuelvan de forma satisfactoria para quienes reclaman su devolución.

“Cada caso es distinto, pero lo que está claro es que se abre un camino hacia la investigación y la claridad. Es una forma de romper con la opacidad y la oscuridad que la dictadura extendió sobre estas posesiones”. Entre esas cuestiones consideradas hasta ahora intocables, incluye a la Fundación Francisco Franco, depositaria de decenas de miles de archivos históricos y que el Ministerio de Cultura considera de propiedad pública. “Ya no hay intocables, y esperemos que la fundación se ilegalice finalmente y esos documentos sean recuperados por el Estado”, apunta.

A las declaraciones de satisfacción por la sentencia se sumaron este miércoles los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Xunta, que se incorporó a la denuncia presentada por el Gobierno. “Es una buena noticia para el Estado de derecho, para el interés general y para Galicia”, resumió el 'conselleiro' de Cultura en funciones, Román Rodríguez. Respecto a los argumentos jurídicos aportados por el Ejecutivo gallego, afirmó que “fueron asumidos para defender el proceso civil por el cual se consigue que Meirás regrese al patrimonio público”. La sentencia, añadió, es una demostración de que cualquier familia “tiene derechos y obligaciones”.

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