¿Familia Franco o Estado? 17 testigos para dilucidar la propiedad del Pazo de Meirás

Un total de 17 testigos comparecerán durante tres días en el juicio por la reclamación del Estado de la propiedad del Pazo de Meirás, actualmente en manos de la familia Franco, que comienza este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña.

El juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña celebrará durante esta semana el juicio, en la que el Estado reclama a la familia Franco la propiedad del inmueble, ubicado en Sada (A Coruña), según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

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En la causa figura como parte demandante la Abogacía del Estado y como intervinientes que también solicitan la devolución de la propiedad están la Xunta, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña. Como parte demandada se han personado seis miembros de la familia Franco y una sociedad mercantil.

Este lunes comparecerán como testigos un guardia hortelano del pazo hasta 1990, dos vecinos de Meirás, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña, el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo tras el fallecimiento de Francisco Franco y el alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007.

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También declarará un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco, suegro de una de las demandadas y que asumió labores de gestión sobre la rehabilitación del pazo tras su incendio y parcial destrucción en 1978.

También declarará un amigo de la familia Martínez-Bordiú Franco, suegro de una de las demandadas y que asumió labores de rehabilitación del pazo

La estrategia jurídica de la Abogacía del Estado en este juicio se centrará en demostrar la irregularidad de la compra por Francisco Franco y la posterior administración del inmueble por parte del Estado.

"Civil, no político"

Por su parte, los herederos de Franco alegan que han poseído como dueños "hasta hoy", de "buena fe" y "con justo título" el inmueble, en el que no se han hecho inversiones a costa del erario público.

A su vez, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, ha asegurado que este juicio es "de naturaleza civil", por lo que espera que "no haya ninguna implicación política". Utrera Molina ha llegado pasadas las 8:40 horas al Juzgado de Primera Instancia número 1.

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"Lo que se discute es la propiedad de un inmueble. Esperamos que no haya ninguna implicación de tipo político porque no lo es", ha insistido en declaraciones a los periodistas. Además, ha reprochado a las administraciones públicas haberse olvidado del edificio durante más de cuatro décadas. "Tanto el Estado como el resto de las instituciones que hoy están personadas lo abandonaron por completo en el 1975 y solo se acordaron 44 años después", ha apostillado.

En este sentido, ha añadido que "no se acordaron cuando se destruyó, no se acordaron cuando se incendió, no se acordaron cuando hubo que reconstruirlo y se acuerdan ahora".

Sin embargo, ha reconocido que la causa "evidentemente tiene un trasfondo político", pero tanto él como el otro letrado de la familia Franco, Antonio Eduardo Gil Evangelista, van a defender "el derecho a la propiedad" de los herederos del dictador. "Nuestros clientes son los legítimos propietarios que han estado manteniendo y pagando todos los impuestos del Pazo de Meirás durante los últimos 45 años", ha afirmado.

"Es un bien público"

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, la socialista Pilar López-Rioboo, acompañada del abogado del Estado jefe en Galicia, Javier Suárez, ha confiado a las puertas de los juzgados de A Coruña en que el juicio será "satisfactorio" para todos tras insistir en que "es un bien público".

"El Pazo de Meirás es un compromiso del Gobierno con la memoria y la recuperación de bienes para el uso público que se comenzó con sacar al dictador del Valle de los Caídos", ha subrayado la subdelegada en declaraciones a los periodistas.

Sobre la estrategia de la Abogacía del Estado en el juicio, López-Rioboo ha señalado que "la segunda escritura del año 41 no es válida", ya que "la válida es la del 38", uno de los argumentos que se expondrá en estos días.

"Día histórico"

Por su parte, el alcalde de Sada, Benito Portela, ha calificado de "día histórico" la apertura del juicio y ha considerado que es "el inicio de la gran recuperación de la dignidad de las víctimas del régimen". En declaraciones a los medios, el regidor cree que el proceso judicial es "importantísimo".

"Los documentos aparecidos y reconocidos por la parte demandada reconocieron que no le valió ni un duro a Franco, por lo tanto entendemos que tiene que ser patrimonio público de una forma efectiva de una vez", subrayó Portela.

El alcalde de la localidad coruñesa señaló que Meirás ha sido durante muchos años "el epicentro del régimen fascista" y un "símbolo", por lo que cree que el juicio significará "el inicio de una gran recuperación de la dignidad para todas las víctimas del régimen".