la xunta abre diligencias informativas

'Mails' sin respuesta, teléfonos sin coger... Así impiden los Franco visitar Meirás

El Ayuntamiento de Sada denuncia el “incumplimiento” de la obligación de la familia de abrir a las visitas el polémico edificio de recreo del dictador

Foto: El pazo de Meirás. (EFE)
El pazo de Meirás. (EFE)

Teléfonos que nadie levanta, correos electrónicos sin respuesta, cancelaciones por supuestos motivos de seguridad… Todo son dificultades para visitar el pazo de Meirás, abierto obligatoriamente a recorridos turísticos desde que fue declarado bien de interés cultural en 2008. El sistema para acceder a la mansión de los Franco nunca funcionó correctamente, pero este verano la situación se ha tensado, a partir de la presentación en julio de la demanda del Gobierno en los juzgados de A Coruña para reclamar la devolución del pazo. El Ayuntamiento de Sada denunció la situación, y la Xunta ha intervenido con la apertura de diligencias informativas

Las autoridades del ayuntamiento coruñés trasladaron a la Consellería de Cultura las quejas de numerosos ciudadanos que este verano no han podido realizar las visitas. El 'conselleiro' Román Rodríguez anunció que la Xunta impondrá una multa si se comprueba la veracidad de los hechos denunciados, “sin ningún tipo de duda”. Recuerda la Xunta que ya impuso una sanción a los propietarios por incumplir la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia. “Esta Administración hace cumplir la ley a todas las familias, sea cual sea”, advirtió. Aunque lo cierto es que la familia del dictador nunca llegó a pagar aquella multa.

La Fundación Francisco Franco gestiona la apertura al público de una forma peculiar, y con unas explicaciones que han provocado el enfado de muchos de los visitantes. Algunos de ellos han trasladado sus quejas por un cartel en el que se sostiene que en España se produjo un “genocidio de católicos”. Un grupo de la Universidad de Verano sobre el pazo, que finalizó con tres visitas, denunció que el guía estuvo “cinco minutos hablando del levantamiento”, aludía siempre a Franco como el Generalísimo o el Caudillo y no hizo alusión alguna a la polémica por la titularidad.

Acto reivindicativo para reclamar la devolución del pazo al patrimonio público. (EFE)
Acto reivindicativo para reclamar la devolución del pazo al patrimonio público. (EFE)

La oposición pone en tela de juicio la diligencia de la que hace gala el Gobierno gallego para hacer cumplir la ley a la familia del dictador. El diputado del BNG Luís Bará reclamó “agilidad y contundencia” en la tramitación del expediente informativo a la familia Franco, ya que el que se abrió en 2017, que derivó en una sanción de 4.500 euros a los Franco, no llegó a hacerse efectivo por el fallecimiento en ese periodo de Carmen Franco y por “la lentitud en la tramitación”, que se prolongó durante más de seis meses. También la portavoz de Galicia en Común en el Congreso de los Diputados, Yolanda Díaz, acusó a la Xunta de “no ejercer sus competencias en materia de memoria histórica y democrática”, ya que el régimen de visitas, denunció, se viene incumpliendo desde 2009.

La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia obliga a los propietarios de un bien de interés cultural a permitir una visita pública y gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día, que serán definidos previamente. En el caso de Meirás, en agosto esos recorridos guiados son oficialmente los dos primeros y los dos últimos días del mes, pero en un horario menor que el establecido legalmente, de tres horas por jornada. La apertura al público la gestiona la Fundación Nacional Francisco Franco.

El Gobierno local de Sada reclama a la Xunta que en esta ocasión se tenga en cuenta la reincidencia en los conflictos para visitar el pazo a la hora de imponer una multa, ya que la que se impuso en 2017 se estipuló como una falta leve, lo que limitaba la sanción a un máximo de 6.000 euros. La ley gallega prevé agravar las multas cuando se ha producido una conducta similar en los cinco años anteriores. Para infracciones graves y muy graves, la normativa autonómica establece sanciones de entre 6.001 y 150.000 euros y de entre 150.001 euros y un millón, respectivamente.

Respuesta de la Fundación Franco

La Fundación Francisco Franco, mientras, ha calificado de “absolutamente falsas” las denuncias del Ayuntamiento de Sada, y tacha de “incalificables y difamatorias” las declaraciones de su alcalde, que denuncia que en el mes de agosto los Franco cambian el régimen de visitas de forma unilateral y sin previo aviso. “Están siendo analizadas por nuestro equipo jurídico al objeto de estudiar las acciones legales que procedan conforme a derecho”, advierte la entidad. Y añade que durante el presente mes de agosto los recorridos se están realizando “todos los viernes con absoluta regularidad y dentro del cupo máximo de personas establecido para cada visita”. La página web de Turismo de la Xunta, mientras, señala la apertura al público para los días 1, 2, 30 y 31 de agosto en horario de 11:00 a 12:30 y de 15:00 a 16:30, tres horas en total. La fundación admite que “por razones de personal”, la atención telefónica de reservas se ha reducido a dos días laborables durante agosto, precisamente el mes de mayor demanda turística.

El de las visitas no es el único desafío que mantienen los herederos de Franco con la Administración. La demanda que presentó el Gobierno este mes de julio pretende no solo anular el título de propiedad del pazo por “fraude” sino también frenar su venta, al estar inscrita en un portal inmobiliario por ocho millones de euros. Los juzgados de A Coruña accedieron a la medida cautelar de anotar la demanda en los folios registrales del pazo, para frenar un traspaso que dificultaría la recuperación. La familia Martínez-Bordiú Franco sigue con su intención de encontrar un comprador para el polémico inmueble, que mantiene en venta a través de la agencia de viviendas de lujo Mikeli, sin alusión alguna al conflicto sobre su titularidad.

La demanda presentada por el Gobierno se basa en la aparición de un documento notarial que, según sostiene la Abogacía del Estado, demuestra que la escritura de compraventa de 1941 es un texto simulado y completamente nulo, un fraude cuya finalidad exclusiva era permitir, en el futuro, una posesión de Franco y sus herederos a título particular.

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