El Gobierno reclama ante la Justicia el pazo de Meirás a los Franco

La Abogacía del Estado ha presentado una demanda contra la familia Franco por la propiedad del pazo de Meirás. Lo ha hecho en los juzgados de A Coruña después de hallar un acta notarial de 1938, desconocida hasta la fecha y que probaría las tesis que el Gobierno ha recogido en alrededor de 100 folios. Así, el Ejecutivo solicita la devolución del enclave, según ha informado el diario 'El País'.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado hoy que el Gobierno haya iniciado esa reclamacióna la familia Franco de la propiedad del Pazo de Meirás para el Estado por considerar que "actuaron contra derecho".

Al ser preguntado hoy durante una entrevista en RTVE sobre si el Gobierno tiene la intención de que el Pazo de Meirás pase a ser del Estado, el jefe del Ejecutivo en funciones ha respondido: "sin duda". Y acto seguido ha alegado que lo hará porque los Franco actuaron "contra derecho". "Así de claro", ha zanjado.

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El documento habría sido firmado ante notario en el despacho del gobernador civil en ese año e implicaría que la venta efectuada a Franco tres años después sería "fraudulenta". Según esta versión, la residencia ya era de la jefatura del Estado. El escrito constata que fue vendida a la Junta pro Pazo por parte de los descendientes de Emilia Pardo Bazán a cambio de más de 400.000 pesetas, una cantidad muy superior a la que años después se reflejaría en el documento del traspaso a Franco, 85.000 pesetas.

Ese segundo intercambio tuvo lugar el 24 de mayo de 1941 y fue entre Franco y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora. Fue este documento el que sirvió para poner la propiedad a nombre del caudillo.

El escrito presentado ahora por el Gobierno de Sánchez reza que "es evidente que nos encontramos ante un negocio sin causa (negocio simulado), dado que el inmueble objeto de este contrato de compraventa había sido ya vendido años antes” y “entregado al jefe del Estado” en un acto oficial en diciembre del 38. La demanda ha sido presentada contra los nietos del dictador, Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú, junto con la mercantil Prístina SL, ligada a la familia.

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En este sentido, también apunta que ya en 1938 “el inmueble estaba siendo remodelado y los accesos e infraestructuras que daban servicio a la finca estaban siendo mejorados y ejecutados por la Diputación y por la Jefatura Provincial de Obras”.

El fin de la demanda es que pase a ser del Estado la propiedad del enclave, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2008 y que se encuentra a la venta por ocho millones de euros en un portal inmobiliario. Es por esta última circunstancia que los abogadoshan pedido a la Justicia que, como medida cautelar, la demanda sea tenida en cuenta en el registro del pazo para evitar que la recuperación se vea afectada si se produce un cambio de propietario.

La presentación de esta demanda llega en plena disputa por la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, ordenada por el Gobierno y paralizada cautelarmente por el Supremo. El pasado 4 de julio, el alto tribunal escuchó los argumentos de los autores de un informe pericial aportado por la familia Franco en el que defiende la mayor seguridad que implicaría un traslado de sus restos a la catedral de la Almudena en detrimento del enclave escogido por el Ejecutivo, el cementerio de Mingorrubio-El Pardo.