Atiende la medida pedida por la familia

Nuevo varapalo a Sánchez: el TS paraliza por unanimidad la exhumación de Franco

La decisión es tomada por unanimidad y supone una bomba en la línea de flotación de los planes de Pedro Sánchez, que contaba con acometer el desenterramiento el próximo 10 de junio

Foto: Vista general de la basílica del Valle de los Caídos y de su cruz de 150 metros de altura. (Juanma Romero | EC)
Vista general de la basílica del Valle de los Caídos y de su cruz de 150 metros de altura. (Juanma Romero | EC)

El Tribunal Supremo decidió este martes la paralización preventiva de la exhumación de Francisco Franco, una postura que no es favorable para el Gobierno de Pedro Sánchez. Cinco jueces de lo Contencioso-Administrativo fallaron sobre la congelación cautelar del traslado de los restos del dictador a su nueva ubicación en Mingorrubio-El Pardo, aceptando los argumentos de la familia en contra de sacar, sin sentencia firme, el cuerpo de su actual lugar de enterramiento en el Valle de los Caídos. De hecho, señalan que han de adoptar la suspensión ante el "perjuicio irreversible" que se produciría si al final resolviesen que los nietos tuviesen razón. También lo hacen para salvaguardar no solo los intereses de los recurrentes, sino también el "interés público".

La decisión, que estaba en manos de cinco magistrados de la Sección Cuarta, ha sido tomada por unanimidad, y supone un torpedo en la línea de flotación de los planes de Sánchez, que contaba con proceder a la salida del dictador de la basílica el próximo 10 de junio, dentro de solo seis días. El fallo no cierra, en cualquier caso, la puerta a un futuro cambio en el lugar de descanso de los restos, pero paraliza, por el momento, uno de los planes estrella del Ejecutivo socialista que ha ido chocando con problemas legales casi desde el arranque.

No ha sido fácil, como demuestra el hecho de que la sección falle 'in extremis' sobre la cautelar, a las puertas del pistoletazo de salida que fijó el Consejo de Ministros. Durante los pasados días, el Gobierno había seguido dando pasos hacia la exhumación. El pasado 11 de mayo, se publicó en el BOE un decreto por el que se desvincularon de Patrimonio Nacional los derechos funerarios que la institución tenía sobre el panteón de Mingorrubio-El Pardo, lugar en el que se encuentra enterrada la mujer de Franco, Carmen Polo, y que la Moncloa pretende utilizar para inhumar al propio dictador tras sacarlo del Valle de los Caídos. Con este cambio, los socialistas pueden ya tomar la decisión de forma directa sin depender de Patrimonio Nacional y, de hecho, el Ejecutivo socialista ya comenzó a acondicionar la cripta en cuestión esta misma semana para tener preparado el correspondiente nicho el próximo 10 de junio.

Nuevo varapalo a Sánchez: el TS paraliza por unanimidad la exhumación de Franco

En vista de que desde la Moncloa seguían adelante con su calendario, el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, presentó un nuevo escrito ante el Supremo hace una semana en el que instaba al tribunal a poner fin al procedimiento de exhumación. Para ello, el letrado subraya dos argumentos por encima del resto. En primer lugar, que "no concurre el presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar un real decreto ley una vez no estamos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad", refiriéndose así al paraguas legal con el que los socialistas pretenden justificar la exhumación. A continuación, el letrado subraya que la fórmula del real decreto ley no puede ser utilizada cuando afecte a derechos y libertades fundamentales, "como sucede en este caso", apuntando en este sentido al derecho a la libertad religiosa de los familiares de Franco, al derecho a la intimidad personal y familiar y al derecho a la igualdad ante la ley.

De igual forma, Utrera-Molina sostiene que el Gobierno no es competente para llevar a cabo la exhumación, pues la decisión corresponde a la autoridad eclesiástica, que en este caso, según el letrado, es el prior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. "No se trata de que el Ejecutivo haya de obtener una simple autorización de acceso a la basílica, sino que es necesaria la autorización eclesiástica para la propia exhumación", asegura.

También incide en que "tanto el proyecto arquitectónico de exhumación, que fue redactado por Patrimonio Nacional (en un solo día), como el informe favorable del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial [al que pertenece el templo] para la realización de las obras necesarias para llevar a cabo la misma (que se basa en el anterior) adolecen de graves deficiencias", por lo que considera que debe pararse la exhumación. Por último, apunta a que se requiere autorización por parte de la Comunidad de Madrid al competente en materia de sanidad mortuoria, trámite que asegura que no se ha cumplido, aunque lo cierto es que el Ejecutivo regional sí dio su visto bueno el pasado diciembre.

"Un plazo razonable"

En su auto [aquí en PDF], los jueces del Supremo alegan que si no suspenden la exhumación y esta se ejecuta, nada impediría que, de estimarse la impugnación de los nietos de Franco, se tuvieran que devolver sus restos al Valle de los Caídos, donde descansan desde su muerte, en noviembre de 1975. "En este sentido, no habría una irreversibilidad material. Ocurre, sin embargo, que en tal hipótesis la situación que se produciría sería extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes [la familia], sino también para el interés público, por las singularidades y únicas circunstancias que concurren en este caso".

El TS para la medida por el "perjuicio irreversible" que acarrearía si luego tuviera que volver a su tumba Franco, "jefe del Estado desde 1936"

Dicho de otro modo: podría darse el caso de que, si no se congelara la decisión del Gobierno, la impugnación de los descendientes prospere una vez sacado Franco de Cuelgamuros. En esa circunstancia, el dictador debería regresar al Valle de los Caídos, situación que generaría "un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de don Francisco Franco Bahamonde".

Más allá de los argumentos que exponen para justificar su decisión, la polémica llega con una frase que los jueces incluyen en la página 8, pues en ella se reconoce a Franco como "jefe del Estado" desde el 1 de octubre de 1936. Aunque es cierto que el bando sublevado proclamó a Franco máxima autoridad de España ese día y que, por tanto, no hay otra fecha posterior en la que se produjese tal nombramiento, asumir esta tesis implica echar por tierra el Estado republicano, que en ese momento se asentaba sobre la legalidad de la Constitución española de 1931. La afirmación de los jueces ha provocado críticas en redes, destacando en este sentido las de los líderes de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y de Podemos, Pablo Iglesias.

Se pospone la ejecución

La resolución remarca que precisamente la convergencia de los intereses de la familia con el "interés general" hace que se deba acordar la suspensión cautelar en tanto se dicta sentencia. También porque prevén que el fallo llegue "en un plazo razonable", dado que el caso no reviste mayor complejidad. Así que el interés público vinculado a la exhumación "no se verán afectados" por un tiempo prolongado. De cualquier modo, con el 10 de junio a la vuelta de la esquina, la decisión de los jueces no se ha hecho esperar: de momento, el dictador no saldrá del Valle de los Caídos.

El Gobierno incide en que es una suspensión cautelar y que al final el TS le dará la razón, y culpa a los nietos de toda la obstaculización

El Ejecutivo reaccionó a la noticia este martes con un breve comunicado en el que no se da ni mucho menos por vencido. Recuerda que la suspensión cautelar acordada por el Supremo simplemente indica que el Gobierno "pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto". "No es extraño", señalan fuentes oficiales de la Moncloa, que el alto tribunal paralice momentáneamente una decisión "cuya legalidad tiene que revisar a instancia de parte", informa Juanma Romero.

"Obviamente, la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, el Gobierno está convencido de que el Tribunal Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los recursos planteados por la familia Franco", remachan las mismas fuentes.

Nuevo varapalo a Sánchez: el TS paraliza por unanimidad la exhumación de Franco

Ayer, cuando se barruntaba la decisión del Supremo, la vicepresidenta del Ejecutivo y la responsable última del expediente, Carmen Calvo, achacaba todos los problemas que Sánchez se ha ido encontrando al afán de los descendientes del dictador por poner piedras en el camino. "Es evidente que nos gustaría que todo hubiera ido más rápido, pero es que la familia Franco y su entorno han utilizado todos los mecanismos a su alcance para obstaculizar un objetivo, legal primero, democrático, ético y político de este Gobierno". La número dos insistía en que la suspensión no afecta al fondo del asunto, que es aplicar una ley "que tiene que conseguir para España que el dictador no esté en un lugar de homenaje y de honor". "Alcanzar el objetivo último importa más que todo el camino que tengamos que recorrer", sostuvo, incidiendo en que el Ejecutivo seguirá trabajando para ejecutar la exhumación cuando tenga ya el visto bueno del Supremo.

Vista de la capilla donde yace Carmen Polo y en la que descansará, si el TS lo autoriza, su esposo, Francisco Franco, en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo de Madrid. (EFE)
Vista de la capilla donde yace Carmen Polo y en la que descansará, si el TS lo autoriza, su esposo, Francisco Franco, en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo de Madrid. (EFE)

En la Moncloa se aferraron al último párrafo de la resolución de los magistrados para reforzar su impresión de que al final le darán la razón: el auto dice que "no hay duda" de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto que la exhumación se lleve a cabo "también está presente el interés general". El que "expresa", siguen los magistrados, la Ley de Memoria Histórica. "Pues bien, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable. Por tanto, los intereses públicos vinculados a la exhumación que ahora suspendemos no se verán afectados por un tiempo prolongado si es que, finalmente, debieran prosperar", culmina el Supremo. El Gobierno subraya así que los jueces "no discuten el interés general" de la medida adoptada y pone el foco en su promesa de que resolverán el caso en un tiempo corto.

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