IGLESIAS Y GARZÓN CARGAN CONTRA EL TRIBUNAL

Polémica con el auto del Supremo: presenta a Franco como jefe del Estado desde 1936

El 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil, el jefe del Estado y presidente de la Segunda República era Manuel Azaña, situación que no se plasma en el escrito de los jueces

Foto: Fotografía de archivo tomada el 3 de diciembre de 2011 que muestra el interior de la basílica del Valle de los Caídos. (EFE)
Fotografía de archivo tomada el 3 de diciembre de 2011 que muestra el interior de la basílica del Valle de los Caídos. (EFE)

El Tribunal Supremo atendió este martes la medida cautelar solicitada por los nietos de Francisco Franco y paralizó de manera preventiva la exhumación del dictador. Cinco jueces de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo plasmaron su decisión en un auto de 10 páginas, un escrito en el que subrayan el "perjuicio irreversible" que se produciría si la sentencia termina por dar la razón a la familia con la exhumación ya finalizada. Más allá de los argumentos que exponen para justificar la medida, que no va más allá de aceptar la medida cautelar solicitada y evita entrar en el fondo del asunto, la polémica llega con una frase que incluyen en la página 8, pues esta reconoce a Franco como "jefe del Estado" desde el 1 de octubre de 1936.

Polémica con el auto del Supremo: presenta a Franco como jefe del Estado desde 1936

Aunque es cierto que el bando sublevado proclamó a Franco máxima autoridad de España ese día y que, por tanto, no hay otra fecha posterior en la que se produjese tal nombramiento, asumir esta tesis implica echar por tierra el Estado republicano, que en ese momento se asentaba sobre la legalidad de la Constitución española de 1931. El 1 de octubre de 1936, en plena Guerra Civil, el jefe del Estado y presidente de la Segunda República era Manuel Azaña, situación que no se plasma en el auto de la Sección Cuarta de lo Contencioso-Administrativo, en el que se presenta a Franco como "jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975".

La afirmación del Supremo no ha tardado en suscitar críticas en las redes sociales. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha sido uno de los primeros en denunciar el auto y ha asegurado que reconocer a Franco como jefe del Estado desde 1936 "dice mucho, demasiado, sobre el tipo de altas instancias judiciales que tenemos en este país". Su mensaje, publicado en Twitter, se resume en la siguiente frase: "Franquismo institucional que sale por los poros del sistema democrático". Una idea similar a la que ha compartido poco después el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien considera que la afirmación "es una auténtica barbaridad" y carga de forma directa contra los propios jueces: "Quizá la cercanía de uno de los jueces a la Fundación Franco, en algunos de cuyos actos ha participado, explique esto". También Carles Puigdemont se ha sumado a las críticas, pero en su caso ha optado por publicar el tuit en inglés: "No puedo creerlo. El Tribunal Supremo español considera que el dictador Francisco Franco es oficialmente jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, al comienzo de la Guerra Civil española y, por lo tanto, legitima el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República española".

Antes de lanzarse contra esta frase concreta de los magistrados, los líderes de IU y Podemos ya habían abierto fuego contra su decisión de paralizar de forma preventiva la exhumación. "El Tribunal Supremo paraliza la exhumación de la momia de Franco, lo que demuestra dos cosas: el papel lamentable de la Justicia democrática de España, incomprensible desde parámetros europeos, y la chapuza legislativa del PSOE", afirmó en un primer momento Garzón. "El Supremo ha apoyado el obstruccionismo de la familia del dictador por encima de los derechos de las víctimas del franquismo y del mandato del Congreso. La exhumación de Sanjurjo prueba lo fútil de esta decisión. Franco debió dejar de tener un mausoleo de Estado hace muchos años", criticó por su parte Iglesias.

Al margen de los ataques políticos, los jueces del Supremo alegan en el auto que si no suspenden la exhumación y esta se ejecuta, nada impediría que, de estimarse la impugnación de los nietos de Franco, se tuvieran que devolver sus restos al Valle de los Caídos, donde descansan desde su muerte, en noviembre de 1975. "En este sentido, no habría una irreversibilidad material. Ocurre, sin embargo, que en tal hipótesis la situación que se produciría sería extraordinariamente perjudicial no solo para los recurrentes [la familia], sino también para el interés público, por las singularidades y únicas circunstancias que concurren en este caso", defienden.

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