El carpintero gallego que localizó la Europol implica a los bancos en su gran red de fraude

Su huida fue rocambolesca y en su captura en Portugal intervino la Europol. Todo muy cinematográfico para un simple carpintero, pero José Manuel Costas era algo más que eso, era el cabecilla de una trama de facturas falsas que constituía de hecho la mayor red de fraude fiscal descubierta nunca en Galicia. Su tamaño era tal que la causa se dividió en más de 90 sumarios. Y de todos los juicios celebrados, el que este lunes comenzó en Vigo es el primero con Costas presente. En su declaración ante la jueza, el líder de Las 5 Jotas —nombre de la empresa familiar que le servía de tapadera— lo reconoció todo. “Movía yo más dinero en un día que todo Cabral”, afirmó con socarronería, en referencia a uno de los barrios más populosos de la ciudad.

Un total de 11 directivos de sucursales bancarias de Vigo, donde tiene su sede Las 5 Jotas, acompañaron en el banquillo al principal encausado, acusados de permitirle actuar a su antojo. Todos ellos tuvieron que escuchar las palabras del mayor de los hermanos Costas cuando afirmó: “Todos los que hay aquí están implicados, y algunos más que faltan. Estaban todos al tanto, me atendían unos y otros. Me lo consentían todo”. Ese todo era la apertura de cuentas bancarias a nombre de otras personas sin el consentimiento de estas. Costas, según su relato, falseaba las firmas de los supuestos titulares, lo que le permitía realizar movimientos de ingreso y reintegro de grandes cantidades de dinero en cualquiera de las oficinas implicadas.

Todos los que hay aquí están implicados, y algunos más que faltan. Estaban todos al tanto, me atendían unos y otros. Me lo consentían todo

Lo hacía, por ejemplo, en cuentas abiertas a nombre de sus empleados, algunos de ellos rumanos. José Manuel, cliente de muchas de esas sucursales desde 1990, se limitaba a avisar por teléfono la víspera para que el dinero estuviese disponible. “Cualquiera de ellos me cogía el teléfono, todos sabían perfectamente que el dinero era para mí y a un rumano nunca le habrían permitido retirar el dinero”, dijo. Todos ellos consentían porque movía cantidades muy elevadas, “más en un día que todo el barrio de Cabral”, en la zona donde se encuentra la sede de la empresa. En una sola operación, podía ingresar o retirar 400.000 euros o medio millón, lo que permitía a las sucursales usar esos fondos como margen para otras operaciones. “Nosotros movíamos mucho dinero, a ellos les venía bien, cubrían sus espaldas, tapaban sus huecos y, además, ascendían”, confesó.

El denominado juicio de los bancos es uno de los más importante de las hasta 90 vistas relacionadas con el caso de Las 5 Jotas, una empresa dedicada al negocio de las casas prefabricadas, pero que también ofrecía el negocio ilegal de las facturas, que falseaba a medida con finalidades muy diversas, desde el blanqueo a la justificación de gastos inexistentes. Junto al presunto cabecilla de la trama, se sientan en el banquillo exdirectivos de sucursales de La Caixa, BBVA, Banesto y Banco de Galicia, a los que se acusa de dar cobertura a la trama en el periodo no prescrito, entre 2007 y 2011. El valor total de la estafa ha sido cifrado en 150 millones de euros. El resto de los juicios concluyó con un centenar de empresarios condenados, muchos de ellos conocidos adjudicatarios de obra pública.

En una sola operación podía ingresar o retirar 400.000 euros, lo que permitía a las sucursales usar esos fondos como margen para otras operaciones

La tranquilidad con que José Manuel Costas confesó los hechos en la sesión de este lunes puede estar relacionada con el agotamiento de la punición por el delito continuado de que se le acusa. Al jefe de la trama le correspondería una pena de dos años, pero dado que acumula un sinfín de condenas relacionadas y lo máximo que se le puede imponer es el triple de la condena más alta, seis años de cárcel, el fiscal estimó que ya no se le debe imponer pena efectiva.

Parte de los directivos de sucursales que se sentaban en el banquillo corroboraron las palabras de Costas. En total, fueron cinco los que se declararon culpables del delito de falsedad continuada en documento mercantil, los de BBVA y La Caixa. Todos ellos habrían colaborado en el cobro de las facturas falsas y en el reintegro de 10 millones de euros que fueron presuntamente devueltos en efectivo y en negro a las mismas empresas a las que se facturaba. Su confesión se realizó a cambio de que la Fiscalía les redujese a un tercio la petición de condena inicial, que pasó de dos años y medio de cárcel a nueve meses, una pena que pretenden sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad.

El resto de los directores, subdirectores, interventores y cajeros implicados, en cambio, decidieron seguir con el juicio y se declararon engañados por Costas. Él era “un cliente respetable” que les engañó, abusando del “exceso de confianza”. Los directivos del Banco de Galicia y Banesto (ambos actualmente pertenecientes al Santander), en concreto, negaron haber consentido o promovido operaciones fraudulentas o irregularidades en la apertura y movimientos de cuentas. En el caso de Banco de Galicia, los trabajadores señalaron a una misma persona, un empleado que hacía labores de cajero. En cuanto a una oficina en concreto de Banesto en el barrio de Teis, las acusadas señalaron que los movimientos realizados eran por cantidades “irrelevantes”: pequeños ingresos para satisfacer las cuotas de autónomos de los empleados. Es una opinión respaldada por el propio Costas, que señaló a la jueza que estas trabajadoras “no tienen nada que ver” con la trama.

Parte de los directivos de sucursales que se sentaban en el banquillo corroboraron las palabras de Costas. Cinco se declararon culpables

El caso es conocido no solo por el volumen del fraude, sino también por la fuga de José Manuel, en paradero desconocido entre julio de 2016 y junio del presente año, cuando fue capturado en el país vecino. Huyó cuando estaba a punto de entrar en la cárcel para cumplir una condena de seis años, lo que le hizo ingresar en la lista de los 50 fugitivos más buscados por la Europol, el organismo que agrupa y coordina todas las Fuerzas de Seguridad europeas. Para facilitar su localización, el organismo policial internacional ofreció una detallada descripción física del principal acusado —50 años, 1,77 de estatura, ojos marrones—, acompañada de tres fotografías recientes.

Su captura estuvo a la altura de las circunstancias: fue detenido a 80 kilómetros de la frontera con España cuando salía de cenar con su novia de un restaurante de la localidad de Esposende. La prensa del país vecino narró cómo fueron sus últimos meses antes de ser atrapado. Llevaba una doble vida totalmente insostenible por su falta de medios económicos, que le obligaba a pernoctar en la casa de los padres de su novia portuguesa. Algunos amigos de la pareja le tuvieron que prestar dinero e incluso comida y ropa para que saliera adelante mientras trataba de ocultarse de la policía. Empezaba a ser visto como un indigente, lo que precipitó la operación Fado.

El amplio recorrido judicial del caso se inició a finales de la pasada década, tras la denuncia de varios trabajadores a los que Hacienda les atribuía una facturación demasiado elevada que no cuadraba con sus números.