26 años de cárcel por el mayor escándalo de facturas falsas de Galicia

Aquella popular carpintería del extrarradio de Vigo llamada Las 5 Jotas en honor a los cinco hijos de su fundador, todos ellos con nombres que empiezan por jota, era en realidad la mayor lavadora de dinero de Galicia. Más que la madera, su materia prima eran las facturas, que falseaba a medida para empresarios de toda Galicia, pero principalmente de Vigo, con finalidades muy diversas, desde el blanqueo puro y duro a la justificación de gastos inexistentes. Así creció un negocio mucho más lucrativo que las casas prefabricadas, y que derivó en el mayor caso de fraude fiscal descubierto en Galicia, con una facturación fantasma próxima a los 150 millones de euros en el período 2005-2010.

Una condena de 26 años y medio de prisión para el administrador de la empresa Darzal, que también deberá abonar más de 6 millones de euros en multas y responsabilidad civil a Hacienda, es la última sentencia de las que han salido de una macrocausa que ha sido segregada en un total de 90 sumarios y en el que están implicados un centenar de empresarios. Más de 70 de los casos se han saldado en condenas, mientras que el resto se han resuelto por medio de conformidades con la Agencia Tributaria y la Fiscalía. Para cerrar el escándalo resta una última vista, que sentará en el banquillo a 12 directores, interventores y empleados de sucursales bancarias.

El fallo del caso Darzal condena a uno de los jefes de Las 5 Jotas, Jacobo Costas, a dos años de cárcel por falsedad y a nueve como cooperador necesario de nueve delitos contra la Hacienda Pública, además de a una multa de 3,3 millones de euros. Pero no era él, sino su hermano José Manuel, en paradero desconocido desde julio de 2016, el auténtico cabecilla de la organización. La huida del carpintero vigués le permitió eludir la cárcel cuando estaba a punto de ingresar en ella para cumplir una condena de seis años. José Manuel Costas figura en la lista de los 50 fugitivos más buscados por Europa, el organismo que agrupa y coordina a todas las Fuerzas de Seguridad europeas. Para facilitar su localización, el organismo policial internacional ofreció su descripción física —50 años, 1,77 de estatura, ojos marrones—, acompañada de tres fotografías recientes. De momento, la búsqueda ha sido infructuosa.

Para cerrar el escándalo resta una última vista, que sentará en el banquillo a 12 directores, interventores y empleados de sucursales bancarias

La actividad delictiva de los hermanos Costas no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración de empleados y directores de sucursales bancarias, que estaban acostumbrados a las sospechosas transferencias a las cuentas de Las 5 Jotas, su mejor cliente, que luego se traducían en retiradas masivas de dinero en efectivo. En una ocasión, como quedó acreditado en los juicios, el banco se vio obligado a duplicar las rutas de los furgones blindados para surtir de líquido a José Manuel Costas, que aquel día salió de la oficina bancaria con 300.000 euros ocultos en una bolsa negra.

El dinero que ingresaba Las 5 Jotas en sus cuentas bancarias se lo devolvía rápidamente en efectivo a los autores de las transferencias, que podían generar así la apariencia de un gasto inexistente. Los dos hermanos acumulan más de 100 años de cárcel cada uno, aunque las penas por el mismo delito se refunden y solo deberían cumplir seis.

El último caso con sentencia, el de la empresa Darzal Consultoría y Prevención S.L., es también el más importante de los vistos en los juzgados de Vigo. Su desarrollo se dilató en el tiempo debido a repetidas suspensiones del proceso a lo largo de un año. El fiscal sostuvo que entre 2005 y 2009 las empresas implicadas, entre ellas y sobre todo Darzal, recibieron facturas ficticias por un importe total de 8,6 millones de euros de base y 1,3 millones de IVA. El fraude a Hacienda superó los 3,9 millones de euros, de acuerdo con el fallo del juez.

En el juicio, el administrador de Darzal adujo en su defensa que los Costas le habían chantajeado, que nunca entregó ni recibió dinero en efectivo y que los 8,6 millones de euros se corresponden con facturas reales, ya que Darzal adquirió el 'know-how' de Las 5 Jotas, además de patentes, tecnología y diseños destinados a potenciar y desarrollar a través de otras empresas. En este sentido, presentó proyectos previstos como un hotel ecológico y una urbanización de casas de madera en Navacerrada. También sostuvo que participaban en la financiación de una fábrica de Las 5 Jotas en Cea (Ourense).

Todos estos argumentos fueron reducidos por el fiscal a simples "patrañas", mientras que las pruebas de la acusación le parecieron "contundentes, abundantes y claras". A esta conclusión, incluida en su informe final, contribuyó lo declarado por una inspectora de Hacienda, que tachó las facturas presentadas por Darzal de "vagas" y "nada concretas". "Solo existieron en papel, no han dejado rastro alguno", añadió la perito, que subrayó también que esas facturas nada tienen que ver con la actividad de la empresa, dedicada a la coordinación de seguridad y salud en obra pública. Cada vez que se realizaba el pago de una de estas facturas, el grupo Las 5 Jotas "lo retiraba inmediatamente", relató la inspectora.

Darzal fue implicada en el caso por el cabecilla de la trama, que antes de su huida dio detalles de la existencia de las facturas falsas con dicha empresa

Darzal fue implicada en el caso por el cabecilla de la trama, que antes de su huida dio detalles durante uno de los juicios de la existencia de las facturas falsas con dicha empresa. Según su versión, Darzal habría recibido facturas por casi 9 millones de euros en diferentes conceptos nunca ejecutados, como obras en una carretera de Málaga y el AVE A Coruña-Madrid. Darzal reaccionó anunciando una querella contra José Manuel Costas. "Es todo un bluf para tomarle el pelo a las empresas, solo le faltó decir que habíamos matado a Kennedy", le contestó en la prensa local un portavoz de Darzal. Pero la sentencia viene a confirmar lo denunciado por el jefe de Las 5 Jotas.

El amplio recorrido judicial del caso se inició a finales de la pasada década, tras la denuncia de varios trabajadores a los que Hacienda les atribuía una facturación demasiado elevada que no cuadraba con sus números. Pese a la elevada cantidad de empresarios condenados en las decenas de causas en que se fragmentó la investigación, solo han ingresado en prisión uno de los dueños de Las 5 Jotas y un colaborador de la familia, José Luis Mosquera, quien llegó a estar en la cárcel ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la multa.