El EX DIRECTOR GENERAL PRESENTÓ LA DENUNCIA

Una venganza destapa un supuesto fraude en un gran centro tecnológico gallego

La empresa gallega Gradiant ha sido acusada de supuestas justificaciones fraudulentas de los fondos que recibía de la Unión Europea

Foto: Imagen del vídeo promocional de la empresa Gradiant.
Imagen del vídeo promocional de la empresa Gradiant.

Todo empezó con un despido. Si David Vázquez no hubiese sido destituido como director general de Gradiant a los pocos meses de tomar posesión del cargo, probablemente el supuesto fraude en la justificación de subvenciones con fondos de la UE en el centro tecnológico, uno de los más importantes de Galicia, nunca hubiera salido a la luz. Pero la denuncia que Vázquez presentó ante el juez se atribuye al despecho, una especie de venganza de un directivo que conocía las presuntas irregularidades en la entidad, especializada en telecomunicaciones. De momento hay cinco imputados, entre ellos un conocido líder empresarial y el ex director general de Innovación de la Xunta.

Esta semana compareció en los juzgados de Vigo Manuel Varela, director general de la Agencia Galega da Innovación entre enero de 2013 y julio de 2016. Previamente lo habían hecho Jorge Cebreiros, presidente de la principal asociación empresarial de Galicia, la provincial de Pontevedra —además de dueño de la empresa InfoJC—, y José Luis Fernández, alto directivo de Televés, una de las empresas de telecomunicaciones integradas en el patronato de Gradiant. Todos ellos lo hicieron como investigados. Tras sus declaraciones, el juzgado número 4, en suplencia de la titular del número 1, citará a declarar a otros dos imputados. Se trata del gerente de Gradiant desde 2013, Fernando Jiménez, y del de Balidea, otra de las empresas implicadas.

Hasta 25 subvenciones investigadas

No solo el número de investigados ha aumentado tras la primera ronda de declaraciones. También lo ha hecho el de proyectos bajo sospecha, que inicialmente se circunscribía a dos actuaciones desarrolladas por Gradiant: Sixic, enfocada al sector sanitario, y Centinel, sobre edificios inteligentes. Ahora son hasta 25 los que examina el juez, lo que vendría a confirmar un sistema generalizado de supuesto fraude consistente en la presentación de facturas falsas o infladas para justificar subvenciones de la Unión Europea, e incluso el desarrollo de proyectos ficticios. Las últimas investigaciones amplían el período bajo sospecha a los últimos 10 años.

Gradiant es uno de los principales centros tecnológicos de Galicia, rodeado hasta ahora de una gran reputación

La investigación judicial provocó la salida de la Xunta este verano del patronato del también denominado Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia, que presidía el 'conselleiro' de Economía, Francisco Conde. El Gobierno gallego anunció además que se personaría en la causa, por considerarse parte perjudicada. Tras ese abandono, su patronato integra a las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo; a seis de las compañías más importantes del sector TIC que operan en Galicia (Arteixo Telecom, Egatel, Indra, R, Telefónica y Televés), y a la Asociación Empresarial INEO, que a su vez agrupa a un gran número de empresas gallegas del mismo ámbito.

Gradiant es uno de los principales centros tecnológicos de Galicia, rodeado hasta ahora de una gran reputación. Fue impulsado en 2007 por grupos de investigación de la Universidad de Vigo como fundación privada con el objetivo de alinear la I+D universitaria con las demandas empresariales. Cuenta con 91 empleados, el 87% de ellos personal investigador. Pese a su carácter de entidad sin ánimo de lucro, sus ingresos totales en el año 2016 fueron de 4,4 millones de euros. La mayor parte de sus proyectos cuentan con financiación europea.

Todos los implicados que han comparecido ya ante el juez han negado su implicación en los hechos, pero el que con mayor vehemencia lo sostuvo fue el presidente de los empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. "Esto es una mentira y una venganza; algo que no tiene ni pies ni cabeza y que lo único que busca es causar daño a personas, instituciones y empresas", declaró a la salida de los juzgados. La suya no ha sido la declaración más sustanciosa para el el sumario. Según fuentes de la investigación, fue el ex alto cargo de la Xunta quien ofreció el testimonio más largo y detallado, y el que habría dado origen a las dos nuevas imputaciones y a la ampliación del abanico de proyectos bajo la lupa del juez.

Manuel Varela se desvinculó de los hechos que se le imputan, pero los datos que aportó permitieron ampliar la investigación. El titular del juzgado número 4 solicitó además nuevas pruebas documentales a Gradiant y al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. El CDTI es el organismo encargado de canalizar las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i.

Granja de ordenadores para minar Bitcoins. (Foto: Marko Ahtisaari/Flickr)
Granja de ordenadores para minar Bitcoins. (Foto: Marko Ahtisaari/Flickr)

El caso está destapando que bajo lo que parecía un centro tecnológico ejemplar existía un funcionamiento dudoso y un descontento generalizado entre trabajadores y directivos. Un grupo de empleados remitió al juzgado en abril facturas de InfoJC que pretenden probar irregularidades de su socio director, el presidente la patronal pontevedresa, que formó parte del patronato del centro tecnológico. Los empleados, que pidieron "permanecer en el anonimato para que no se tomen represalias" en su contra, denunciaron un "posible caso de abuso de posición dominante" de Cebreiros "como representante de la asociación INEO en el patronato" de Gradiant, que sustentan con la presentación de cuatro facturas presuntamente falsas.

Tal y como publicó en agosto el diario 'Atlántico', la primera factura, de diciembre de 2012, asciende a 8.306 euros por la elaboración de un supuesto proyecto de promoción y comunicación de Vindeira, una plataforma tecnológica gallega de las TIC. Otra es de mayo de 2013 y por importe de 14.399 euros, por el mantenimiento anual de hardware de enero a diciembre de ese año, cuando Gradiant ya contrataba esos servicios a otras empresas. La tercera, de mayo de 2013 y por importe de 17.061 euros, se emitió por supuestos servicios por recuperación de datos en servidores e implementación de sistema de copias de seguridad, un trabajo para el que no consideran más capacitado a InfoJC que a la propia Gradiant. Y la cuarta y última, de junio de 2013 por importe de 20.491 euros, se refiere a trabajos de consultoría para la puesta en marcha de proyectos de salud.

La directiva del centro tecnológico niega los hechos. Asegura que todos sus proyectos están sometidos a un exhaustivo control y que la Fiscalía de Pontevedra ya archivó en septiembre de 2015 el caso a raíz de una autodenuncia del centro tecnológico. La defensa de Jorge Cebreiros y José Luis Fernández reduce la acusación a un ajuste de cuentas de David Vázquez por su despido en junio de ese año justificado por su "mala gestión". Según afirmaron, durante ese proceso el exdirector ya insinuó la existencia de irregularidades, por lo que el centro se denunció ante la Fiscalía de Pontevedra para buscar el archivo, que se decretó el 14 de septiembre. Pero Fernández, que atribuye su cese al descubrimiento de estas prácticas, acudió con su acusación a los juzgados de instrucción, y ahí se desató un caso que desde entonces no ha parado de crecer.

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