¿Izquierda ruidosa o mayoría silenciosa? El barrio que decidirá el urbanismo en Valencia

Una barrera de palés, enrejados envejecidos y planchas de madera de distintos tamaños y tonalidades parcelan de forma irregular parte de los solares sin urbanizar del norte de Benimaclet. Los 270.000 metros cuadrados de descampados de este barrio popular de Valencia, fronterizo con la huerta de Alboraia, albergan uno de los conflictos urbanísticos más calientes de la ciudad, que podría dirimirse, o no, la noche del 28 de mayo en función del resultado de las elecciones municipales.

Aquí las formaciones a la izquierda del PSOE despliegan todo el argumentario de la dicotomía pueblo-poderosos. Metrovacesa, la promotora participada por el Santander, BBVA y FCC (Carlos Slim), es propietaria de la mayor parte del suelo, clasificado como urbanizable y sin ningún valor medioambiental reconocido, y ha intentado sacar adelante un proyecto urbanístico que incluía 1.345 viviendas y oficinas. Acaba de ganar una primera batalla en los tribunales después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya fallado a favor de que el ayuntamiento tramite el Plan de Actuación Integrada (PAI) y e inicie la evaluación ambiental.

La candidata conservadora, María José Catalá, propone desatascar el PAI, pero no ha definido cómo, evitando entrar en la refriega

El Partido Popular se ha puesto de perfil en la polémica sobre el modelo de desarrollo de los solares pendientes de urbanizar. La candidata conservadora, María José Catalá, propone desatascar el PAI, pero no ha definido cómo, evitando entrar en la refriega y confiando en llevar a su cesta a los vecinos descontentos con la situación y la división del Gobierno municipal. Aunque Irene Montero eligió esta plaza para atacar a Compromís acusándolo de ser "un partido de centro" y pedir el voto para la candidata local de Unidas Podemos, Pilar Lima, la batalla más intensa se está librando entre el PSPV-PSOE y la coalición del alcalde, Joan Ribó.

Los socialistas encabezados por Sandra Gómez son partidarios de respetar los derechos de aprovechamiento que el PGOU de 1988 otorga a los dueños del suelo con el fin de sacar partido de las cargas urbanísticas que lleva aparejadas y financiar así una gran zona ajardinada, arreglar el campo de fútbol del barrio y liberar espacios dotacionales. Para ello, son partidarios de mantener el número de viviendas, aunque rediseñando su arquitectura y eliminando, por ejemplo, los residenciales cerrados que proponía originalmente Metrovacesa para que la trama de calles sea abierta.

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Los socialistas se han encargado del buzoneo de una publicación con imágenes y explicación del proyecto que quieren desarrollar, convencidos de que, frente al ruido de los colectivos alternativos, hay una mayoría silenciosa partidaria de urbanizar las parcelas y generar nuevos espacios públicos. Buscan combatir el tópico de que Benimaclet es un barrio decantado hacia Compromís y abrirse una vía entre posibles votantes, incluso de centro derecha.

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En el flanco de Compromís, Unidas Podemos, la asociación de vecinos y colectivos de izquierda alternativa y anarquistas como el Centre Social Okupat Anarquista (CSOA) L'Horta, se aboga por mantener los huertos urbanos que se han ido consolidando fuera de ordenación, con sus casetas improvisadas (algunas cerradas con candado), reducir al mínimo las viviendas y soterrar la ronda que separa los solares urbanizables de los espacios de huerta, protegida formalmente, que hay al norte, con el fin de crear una transición verde. "La apuesta tiene que ser una urbanización que entienda que no se puede hacer una muralla de pisos entre la huerta y la ciudad. Tiene que ser una urbanización con una transición hacia la huerta", insiste el alcalde Joan Ribó en declaraciones a El Confidencial.

El problema de esta solución, además del embrollo burocrático de cambiar el PGOU para modificar todo el planeamiento, es el coste que podrían suponer las posibles indemnizaciones a los propietarios del suelo y las obras de soterramiento. Además de que la pérdida de derechos de aprovechamiento por la menor edificabilidad reduciría las cargas urbanísticas, es decir, la promotora ya no tendría que asumir el coste del jardín central y la urbanización para equipamientos que propone el PSPV-PSOE. "No se puede desclasificar el suelo y hacer lo que uno quiera", ha advertido Sandra Gómez sobre las consecuencias jurídicas del conflicto.

El riesgo de que se mantenga el bloqueo es alto. Un cambio de Gobierno puede propiciar un planteamiento distinto. Pero ello no evitará la conflictividad, porque los defensores del modelo alternativo al que está vigente en el PGOU no parecen dispuestos a bajarse de su posición. Ha habido incluso choques con la policía, como cuando la Sareb, dueña de una parte del suelo, quiso desalojar el local del CSOA. La infiltración de un agente encubierto en los colectivos contrarios al PAI generó mucha polémica en la ciudad tras descubrirse en febrero pasado, porque los grupos vigilados consideran que sus actividades no suponen una amenaza para la seguridad ni son delictivas.

"Hay mucha gente que sí quiere resolver el problema y ve con buenos ojos que se construya un gran jardín. Muchas personas están cansadas de lo que hay ahora, con los descampados degradados y sin urbanizar", dice una vecina del barrio, que prefiere mantener el anonimato.

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Quién ganará las elecciones en esta zona es una incógnita interesante en la contienda municipal de la tercera capital de España. Benimaclet es uno de los 13 distritos de la ciudad en los que Compromís fue la fuerza más votada en las elecciones de 2019. Uno de cada tres electores (31,03%) eligió la papeleta valencianista, por delante del PP (19,6%), el PSPV (18,5%) y Ciudadanos (16,8%). Pero si se cumplen los pronósticos y los populares absorben al votante de Ciudadanos, es probable que emerjan como primera fuerza, frente a una izquierda dividida sobre el modelo urbanístico.

La respuesta a este debate urbanístico, que servirá también para despejar la visión sobre otros desarrollos pendientes: la noche del 28 de mayo.