Metrovacesa arranca la batalla legal contra el bloqueo de su plan estrella en Valencia

El bloqueo del plan urbanístico estrella de Metrovacesa en Valencia ya ha llegado a los tribunales. La agrupación de interés urbanístico que concentra más del 50% de la propiedad en el sector del llamado PAI de Benimaclet, que lidera la promotora y en el que participa también la Sareb, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) contra la decisión de la vicealcaldesa, Sandra Gómez, de rechazar su solicitud para convertirse en agente urbanizador y desarrollar el programa. Este contempla la construcción de 1.300 viviendas y la generación de espacios dotacionales y zonas ajardinadas sobre una superficie ahora sin urbanizar de 270.000 metros cuadrados al norte de la ciudad.

La concejala socialista, responsable del área de Urbanismo, firmó el pasado mes de febrero la resolución por la que rechazaba la propuesta de la promotora, invitándola a revisar el proyecto para adecuarlo a los objetivos de la Agenda 2030, recortar alturas en los edificios centrales más cercanos a las zonas ajardinadas y a la trama del barrio, reducir las parcelas verdes privadas para ganarlas a zonas públicas y mantener el volumen de viviendas dotacionales o de protección pública en unas 350. Además, proponía intercambiar usos para elevar el porcentaje de metros de techo terciario a costa de derechos en residencial, desde el 13% de la propuesta inicial al 20%.

Se trata de modificaciones que la agrupación de propietarios está dispuesta a estudiar y a incorporar a su alternativa, según admiten a El Confidencial fuentes de Metrovacesa en un encuentro mantenido con medios de comunicación este miércoles. Los cambios, que no comprometen los aprovechamientos, encajarían en sus proyecciones. Pero la promotora cree que para introducir esos nuevos elementos no hace falta, como pretende el consistorio, poner el contador a cero de la tramitación administrativa, revisar de nuevo todo el planeamiento del barrio ni abrir un nuevo proceso de participación ciudadana como el que ya se produjo la pasada legislatura y que desembocó en el proyecto presentado por los dueños del suelo. De ahí que estos hayan optado por llevar el bloqueo actual a los tribunales para intentar reactivar el expediente.

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La resolución de Urbanismo ahora recurrida ante el TSJ se produjo como respuesta intermedia a la negativa de Compromís y el alcalde, Joan Ribó, a dar salida al plan urbanístico tal como llegaba a las puertas del consistorio. La formación valencianista se ha alineado con movimientos vecinales y de izquierda alternativa, como Cuidem Benimaclet, que defienden la desclasificación parcial de los terrenos de urbanizables a rústicos para convertirlos en huerta y una importante reducción de la edificación. Esto implicaría modificar el PGOU de 1988 y recortar los aprovechamientos urbanísticos ya reconocidos legalmente, lo que conllevaría otra lluvia de demandas de los propietarios reclamando indemnizaciones económicas. Metrovacesa calcula que podrían alcanzar los 50 millones de euros.

Compromís también defiende urbanizar por gestión directa, algo a lo que se oponen los socialistas porque el ayuntamiento tendría que asumir la ejecución y la inversión inicial, de cerca de 20 millones de euros, para luego pasar la factura en forma de cargas urbanísticas a los propietarios. El consistorio no dispone de crédito actualmente para abordar esas obras.

La promotora ha denunciado por la vía civil la ocupación de sus parcelas en Benimaclet

Por ahora, el consistorio no ha movido ficha en ninguno de estos sentidos. La estrategia parece ser dejar que la pelota siga rodando, lo que mantiene el actual 'statu quo', es decir, la paralización del proyecto. Marear la perdiz, en términos coloquiales. Ribó y Sandra Gómez se reunieron hace varios días con las asociaciones para ofrecerles abrir un nuevo proceso de participación ciudadana en un encuentro al que no invitaron a los dueños, que ven innecesario volver a pasar ese trámite. "No nos parece riguroso, el proceso de trabajo anterior duró tres años y las propuestas de entonces ya están recogidas en el proyecto, en el que el 82% del suelo se destina a usos públicos y se respetan los huertos, las alquerías y los caminos históricos", explican. "Nosotros somos escépticos con el resultado de ese proceso de participación, porque en las cuestiones fundamentales no parece que exista acuerdo, en lo que se refiere a la edificabilidad y clasificación del suelo".

Respaldo a las ocupaciones

Una parte importante de los terrenos, de hecho, está ahora mismo ocupada por algunos de estos colectivos vecinales y de izquierda alternativa, que han improvisado cabañas, pequeños huertos en los descampados. Metrovacesa, que ha mantenido este año sendos encuentros con dirigentes de Compromís y del PSPV-PSOE por separado, ha iniciado ya la vía civil para exigir judicialmente el desalojo de las parcelas ocupadas con el fin de recuperar su posesión, según explican las mismas fuentes.

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Se está produciendo la circunstancia de que miembros del equipo de gobierno municipal han respaldado abiertamente estas ocupaciones. El concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, participó el pasado mes de marzo en una concentración para plantar árboles en parcelas de Metrovacesa, que comunicó la ocupación de su solar a la Policía Local. Los agentes levantaron un acta, pero no evitaron la acción por entender que en ese momento no podían acreditar la propiedad del suelo.

Grezzi anunció este miércoles la licitación de un concurso de ideas (15.000 euros) para proyectar el soterramiento del tramo de la Ronda Norte que circunvala la cara norte de Benimaclet con el fin de conectar en superficie los terrenos pendientes de urbanizar con la huerta que sí está protegida legalmente en el lindante término de Alboiraia, una de las reivindicaciones de los colectivos contrarios al proyecto urbanístico que lidera Metrovacesa. Sería el primer paso para la 'rustificación' de la zona ahora urbanizable.