Una reivindicación y dos malas manifestaciones: Alicante logra 51 millones extra en los PGE

Un día gris es la mejor metáfora en la que se puede quedar la reivindicación de los empresarios ante las bajas inversiones de los PGE en la provincia de Alicante. La segunda manifestación convocada este viernes por la Plataforma Per un Finançament Just fue un fracaso —apenas 500 personas acudieron a la plaza de la Montañera ante la Subdelegación del Gobierno—, aunque los convocantes se mostraron públicamente contentos por el paso dado.

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Fuera de los micrófonos sí se escuchó algún: “Hemos pinchado”. Tras la pancarta había un público principalmente político. Solo faltó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que estuvo en la clausura de un congreso en Valencia con la vicepresidenta Yolanda Díaz, y Vox, único partido que está fuera de la plataforma. Las banderas rojas de los sindicatos vistieron un espacio en el que no hizo falta ni cortar el tráfico ni cerrar el aparcamiento subterráneo.

Sin embargo, la falta de apoyo ciudadano estuvo sobradamente compensada con la presencia de asesores, diputados provinciales, autonómicos, nacionales, alcaldes y todo el Gobierno valenciano a excepción de Puig. También patronal y sindicatos movilizaron a sus principales dirigentes. Junto a ellos diferentes organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio —estaba tanto José Vicente Morata, presidente de la de Valencia, como Carlos Baño, de la de Alicante— y una lista de asociaciones de diferente ámbito: vecinales, ONGD o Educación.

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Además de la amenaza de lluvia, la concentración venía precedida del anuncio de que el Gobierno había aceptado una enmienda en los PGE para asignar 51 millones extra a la provincia de Alicante. El único diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, lo hizo público el miércoles pasado en Valencia, donde se han consignado 10 millones extra.

Desde las filas socialistas había satisfacción, porque a todas luces se consiguió minimizar el impacto de una reivindicación que, en octubre, parecía abrir una grieta difícil de cerrar. Algo parecido se sentía en Compromis y Unides Podem. Sin embargo, por parte del Partido Popular, su presidente autonómico, Carlos Mazón, mantuvo el discurso de críticas hacia Puig por no estar y mantener la bandera de las reivindicaciones para la provincia.

En cualquier caso, esta segunda manifestación ha evidenciado aún más que la batalla para que Alicante salga de la última posición en inversiones queda circunscrita a los despachos. En la primera protesta organizada por la Cámara de Comercio el pasado 3 de noviembre, se congregaron más de 2.000 personas, una cifra que, a priori, evitaba hablar de éxito, pero eludía la de pinchazo.

Dos manifestaciones después, la rentabilidad de la operación en el corto plazo está por ver con la aprobación definitiva de las cuentas del Gobierno. Ahora pasará de 160,8 a 211,8 millones y a tener consignados otros 61 que por “error” no se tenían referenciados, es decir, un total de 272,8 millones. En el anteproyecto de PGE, el territorio contaba con 85,48 euros por habitante en inversiones, según los datos difundidos por el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca). Esta cantidad significaba quedarse a la cola de España y muy lejos de una media nacional de 283,72 euros y lejos de la penúltima que era Jaén con 110 euros. Con estos pluses, en principio Alicante dejaría la última posición, pero no el vagón de cola.

¿Parche económico o primer paso?

Para algunos se ha confirmado el esperado parche económico. Para otros, esto no ha hecho más que empezar. Las interpretaciones asomaron continuamente, tanto en las declaraciones a medios como en los corrillos, que duraron poco. Había varias convocatorias previstas y nadie quería enfrentarse a las preguntas incómodas.

Empresarios alicantinos se mostraron decepcionados, porque 51 millones se considera una “limosna”. La percepción era la misma que a finales de octubre, cuando se sucedieron las reuniones, primero, con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la subdelegada, Araceli Poblador, y, posteriormente, con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Pues fuera de esta ecuación queda el anuncio de la Generalitat valenciana y especialmente trabajado por el equipo de Arcadi España de que este año el 40% de las inversiones autonómicas vayan a parar a la provincia. “Se ha empezado a corregir”, indicaba el propio conseller en la manifestación, “la infrafinanciación” a la que está sujeta Alicante.

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En el lado positivo, la patronal, los sindicatos y todos los partidos, salvo el PP, han entendido que la postura adoptada partía de la unidad y que es el camino a seguir para solucionar el agravio con la Comunidad Valenciana y, especialmente, con la provincia alicantina. “Seguro que, en 2024, los presupuestos van a ser para Alicante los que tienen que ser”, señalaba Salvador Navarro. Tanto el presidente de la patronal valenciana como los representantes de los sindicatos, Ismael Sáez (UGT PV) y Ana García (CCOO PV) apuntaron a la necesidad de corregir la deuda histórica estimada en 55.000 millones, donde el 70% tiene como origen la infrafinanciación. Esta cantidad “debe quedar a cero”, defendió García.

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En la lista de demandas, también estuvo presente la política fiscal y la ejecución de las obras. En este sentido, Navarro definió los 51 millones de la enmienda como “una línea en los presupuestos”. Así que para los promotores de la reivindicación —CEV, Ineca y Cámara de Comercio— la palabra clave era “bien”. La lista se había completado, pues al menos para CEV e Ineca lo realmente importante es acabar con una tendencia iniciada en 2008, cuando Alicante, a pesar de mantenerse como cuarta o quinta provincia de España en aportación al PIB, empezó a perder inversiones por parte del Estado.

Ahora queda esperar que los trámites de las enmiendas se cumplan y que el Gobierno de Sánchez cumpla lo acordado

Otra cuestión es la postura de la institución cameral. Su presidente, Carlos Baño, ha sido crítico con la manera en la que se ha planteado la batalla. El nuevo titular de la Cámara calificó como “bueno” todo acto de reivindicación y evitó estar en la primera línea para la foto. Desde que convocara la manifestación del pasado día 3 con el lema Se acabó y unas cuñas en radio en un tono mucho más agresivo al expuesto por la Plataforma, la unidad empresarial exhibida en primera instancia ha quedado tocada. Solo hay que leer los dos manifiestos para ver como las posturas se han ido separando.

Ahora queda esperar que los trámites de las enmiendas concluyan y que el Gobierno de Sánchez cumpla lo acordado. Las asociaciones de vecinos de la zona sur de Alicante afectados por el proyecto de la variante del tren que debe unir el centro de la ciudad con el aeropuerto se sumaron a la manifestación con sus propias pancartas y confían en que lo prometido —esos 51 millones extras contemplan su petición de obras en la fachada marítima— sea una realidad tangible en breve.