Las aparadoras buscan en Europa un reconocimiento similar al de las mariscadoras

El Parlamento Europeo tardó tres años en publicar una resolución de apoyo a las mujeres de la pesca y de ahí que las aparadoras del calzado se hayan tomado como carrera de fondo su pelea para conseguir que Bruselas les dé el reconocimiento que llevan tiempo reivindicando sin éxito en España y en la Comunidad Valenciana. Hace cuatro años se fundó la Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche y hace seis semanas, una delegación de este colectivo estuvo en la capital belga con el objetivo de volver a visibilizar lo que consideran “un maltrato continuado”.

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Isabel Matute encabezó un grupo de una decena de mujeres que tienen una media de 55 años y llevan más de 20 años cosiendo zapatos en sus casas sin contrato. La Unión Europea es su última oportunidad para conseguir “justicia” ante un drama que lleva décadas implantado en la industria del calzado ilicitano y que parece condenado al fracaso social. La asociación se ha apoyado en el europarlamentario Miguel Urban, del partido Anticapitalista, para iniciar su demanda ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y que, a priori, ha sido admitida a trámite y para buscar apoyos entre los representantes europeos.

En su primera visita, el pasado 22 de septiembre, se reunieron con un grupo de eurodiputados españoles —Ernest Urtasun (Catalunya en Comu); Inma Rodríguez Piñeiro y Cristina Maestre (PSOE); Diana Riba i Giner y Jordi Solé (ERC), y Ana Miranda (BNG)— y la vicepresidenta de la Comisión de Empleo. El trámite para llegar al Comité de Peticiones es laborioso, pero todo parece que, a pesar de que había reticencias a entrar en un asunto de un Estado miembro, la iniciativa sigue adelante porque han presentado la suficiente documentación y testimonios para que sea analizada en los próximos meses.

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Las consecuencias de este punto pueden sacar los colores al Gobierno central y al autonómico y, sobre todo, podría acabar con una visita de inspección europarlamentaria. “Ellas están algo desanimadas, pero yo no y vamos a continuar peleando”, decía Isabel Matute en la rueda de prensa que dieron en Bruselas, cuando un periodista les preguntó cómo se sentían. La presidenta de la asociación subraya que “en esta lucha llevamos mucho tiempo y ya no tenemos nada que perder; pero hemos visto de lo que son capaces otros colectivos de mujeres”. En la conversación, están presentes desde las ‘chicas de la limpieza’ a las mariscadoras y rederas. Para Matute, son un modelo inspirador.

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La referencia más evocadora la encontramos en el Parlamento Europeo el 29 de agosto de 2017 con una resolución sobre las “mujeres pesqueras” que tenía fecha de 27 de febrero de 2014 sobre “medidas específicas en el ámbito de la Política Pesquera Común para desarrollar el papel de la mujer (2013/2150(INI))”. El documento contiene un párrafo decisivo y que puede ser clave en esta reivindicación. En concreto, el punto 17 insta a los Estados miembros a que “reconozcan jurídicamente la labor de las mujeres que contribuyen económicamente a la unidad familiar y aquellas que lo hacen mediante su trabajo, aun no remunerado; aseguren las ayudas a las mujeres concediéndoles los subsidios por desempleo en caso de interrupción (temporal o definitiva) del trabajo, el derecho a una pensión, la conciliación entre la vida profesional y familiar, el acceso a la licencia parental (cualquiera que sea su estatus de unión en el seno de la pareja), la seguridad social y los servicios sanitarios gratuitos y la protección frente a los riesgos a los que se exponen al trabajar en el sector marítimo y pesquero”.

Diferencias y similitudes

Pero ¿es posible llegar a este punto? En un primer análisis, la principal similitud con las mariscadoras es que el colectivo afectado son mujeres, sin contrato o con contratos muy precarios, del que se han derivado jornadas maratonianas y enfermedades laborales no reconocidas como tales. “La lista es larga: problemas cervicales, de columna, de caderas; otras muchas relacionadas con problemas de circulación como trombosis”, relata Isabel. “Yo he perdido el 36% de vista periférica en un ojo”, comenta otra de las aparadoras que fue a Bruselas. “Vas al médico y cuando te dicen que te dan la baja, no te la pueden dar porque no tienes contrato”, detalla.

Sin embargo, la resolución europea hacía referencia a un contexto amplio. Como desde la propia asociación reconocen, estamos ante un conflicto más localizado. Elche y la comarca del Vinalopó son los grandes productores de calzado de España y, según Isabel Matute, el problema no se da en otras zonas del país, “porque no hablamos de las grandes marcas o fábricas, sino de la subcontratación”. “Sí se realizan inspecciones, pero el taller lo cierran y al día siguiente lo abren con otro nombre y, de todas maneras, aquí hablamos de mujeres que han estado o están trabajando con la máquina de coser desde su casa. Hay contratos para trabajar en el domicilio, pero ni se paga, con un poco de suerte te contratan por dos horas o cuatro y luego estás diez o 12 o lo normal es que te paguen por pares”.

17.000 mujeres no alcanzan los años cotizados suficientes para la jubilación por la economía sumergida

El estudio de referencia que utiliza este colectivo es el realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante Josep Antoni Ibarra, quien señaló que “hay alrededor de 17.000 mujeres en la comarca que han trabajado en la industria del calzado y que no alcanzan los años cotizados suficientes para la jubilación por culpa de la economía sumergida”.

Frustración

Esta es una situación sobre la que España legisla al igual que la Comunidad Valenciana, que tiene las competencias en empleo. El problema es que las medidas son ineficaces, según la asociación, y lo más importante es que las soluciones no se ven y estas mujeres se acercan a su jubilación “teniendo a penas siete u ocho años cotizados cuando han trabajado desde los 14 años”, apunta Isabel.

“Nos hemos reunido con la patronal y nos dicen que denunciemos”, explica; pero hay “listas negras” y si lo haces ya no te llaman. “Nosotras insistimos en la necesidad de controlar la transversalidad. Sería tan fácil como ir a las marcas y preguntarles de dónde han salido esos zapatos”. Matute reconoce que, en la actualidad, la situación ha mejorado algo, aunque no ha cambiado nada. “Ahora no es tan descarado, no ves furgonetas como veías antes, que iban a casa de las aparadoras a recoger los pares. Se hace de otra manera más discreta”.

Afrontar con solvencia la deuda pendiente con las denominadas mujeres invisibles del calzado es, hasta la fecha, una crónica de frustraciones. La asociación ha presentado tres PNL y “las guardan en el cajón”, sentencia Isabel Matute. “Todas se han aprobado por unanimidad, pero nada, no han hecho nada”, lamenta. La presidenta estuvo el año pasado en las Cortes Valencianas participando en la Mesa sobre economía sumergida y también destaca que colaboran en muchos estudios de las universidades para visibilizar esta “dramática situación para algunas mujeres”. En Bruselas, llegó a decir que la ministra Irene Montero le ha llamado en ocasiones para ir a sus mítines y mostrar la sensibilidad hacia las aparadoras, pero “nada”. “Hemos ido al Instituto de la Mujer que se supone que debe tener más sensibilidad”, añade.

Un presente paradójico

Mientras la batalla sigue adelante, la coyuntura del sector se ha convertido en una paradoja. Tras la pandemia, el calzado vive una segunda relocalización como bien aseguró la presidenta de la patronal Avecal, Marián Cano, a El Confidencial, y se enfrentan a una vuelta sin “relevo generacional”. La formación cualificada se ha convertido en un obstáculo a salvar y es una cuestión difícil de salvar porque “coser” un zapato no es algo que se aprenda a hacer en dos días y en dos meses.

China no resultó tan ventajosa como parecía, primero, por sus problemas internos y, ahora, con la pandemia, por su política de cierre y la auténtica locura en la que se han convertido los gastos logísticos. Sin embargo, un mismo problema tiene dos respuestas muy diferentes. La patronal está impulsando formaciones y buscando acuerdos para poder resolver esta carencia.

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La Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado de Elche expone un argumento muy distinto. Por una parte, asegura que es lógico que se dé esta circunstancia tras años de economía sumergida. “Ninguna quiere para sus hijas lo que hemos pasado nosotras. Ellas nos han visto trabajar en casa y saben lo que cuesta y lo que se paga. Es lógico que quieran hacer cualquier otra cosa”, sostiene Matute.

Por otro lado, desde el colectivo, denuncian que hay un intento por reproducir este sistema clandestino en países como Marruecos. “Aparar es un trabajo artesanal y se necesitan años y práctica para aparar un zapato de calidad con sus piedras. Ahora han llevado a algunas compañeras para formar a otras mujeres” en el país vecino, “así que sí, la paradoja existe”.