Camps busca su última oportunidad en el PP para esquivar la Audiencia Nacional

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps sigue empeñado en rehabilitar su imagen pública y regresar a la primera línea de la política. Su primer objetivo declarado es intentar encabezar la lista municipal del Partido Popular al Ayuntamiento de Valencia. Sus reiteradas manifestaciones en este sentido, que también ha comunicado en privado a los dirigentes de su partido, generan incomodidad en la organización conservadora, entre otras cosas porque cuestiona la labor de la persona elegida por la dirección para intentar recuperar la tercera capital española, la actual portavoz municipal, María José Catalá, secretaria general del PPCV y síndica del grupo popular en las Cortes Valencianas.

Sin embargo, consciente de la dificultad de regresar por la puerta municipal, Camps ha comenzado a deslizar un plan B, una segunda opción que plantea como premio de consolación, pero que puede esconder efectos secundarios que van más allá de la política para entroncar con el proceso judicial que todavía tiene pendiente de resolver. En una entrevista reciente publicada por 'ABC', Camps, que ahora trabaja como letrado colaborador autónomo en el despacho de su amigo y abogado Pablo Delgado, planteaba la posibilidad de volver a ser diputado. “Volver a ser parlamentario me gustaría también. No estaría mal”, dice. Algo que automáticamente le otorgaría la condición de aforado.

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El expolítico popular ha salido indemne de las causas vinculadas al Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en Valencia durante su mandato. También resultó exonerado de las causas por los costes de la visita del papa Benedicto XVI a España en 2006. Pero aún tiene por señalar la fecha del juicio oral en la Audiencia Nacional por la adjudicación en 2009 a la empresa de la trama Gürtel, Orange Market, del expositor de grandes proyectos de la Generalitat de la feria Fitur de aquel año.

El juez José de la Mata rechazó los recursos de sus defensas y acordó en septiembre de 2019 el procesamiento de Camps por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias. Fue tras una instrucción fuera de lo habitual, pues el magistrado decidió dar marcha atrás a una investigación que ya había cerrado a raíz de las declaraciones del que fue número dos del PP valenciano Ricardo Costa en la pieza relativa a la financiación irregular de las campañas electorales. Costa, que fue condenado en esa causa aunque resultó eximido de entrar en prisión gracias a su confesión, apuntó a Camps como responsable último de las decisiones, algo que este negó cuando tuvo que comparecer. También Álvaro Pérez, subalterno de Francisco Correa, atribuye a Camps la decisión de adjudicarle el contrato de Fitur.

La Audiencia todavía no ha puesto fecha al juicio pendiente. La Fiscalía Anticorrupción reclama dos años y medio de prisión al ‘expresident’. La Sala de lo Penal está juzgando ahora la pieza relativa a los contratos presuntamente amañados en Boadilla. La siguiente causa del largo culebrón del caso Gürtel está previsto que sea la de las adjudicaciones del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Si es así, es muy probable que el juicio contra Camps no llegue hasta finales de 2022 y el año 2023. ¿Qué pasaría si para entonces el exdirigente del PP ha logrado que su partido lo incluya en unas listas y ha resultado elegido? Pues que en el caso de que se tratase de la lista a las Cortes Valencianas, recuperaría la condición de aforado y se abriría un escenario complejo desde el punto de vista procesal.

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Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, corresponde al Tribunal Superior de Justicia autonómico decidir sobre el enjuiciamiento de los parlamentarios autonómicos. Así está redactado: “Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunidad Valenciana, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”.

De Flors a Ceres

Es decir, podría darse la circunstancia de que el sumario de la pieza 5 regresase al TSJCV, el mismo tribunal que decidió deslindar la investigación contra Camps de los indicios de financiación ilegal del PP y los contratos de la Generalitat con la Gürtel. El entonces instructor, José Flors, ahora jubilado, limitó la responsabilidad al caso de los trajes, del que Camps fue absuelto de cohecho pasivo por un tribunal popular.

De la Sala de lo Penal de aquellos años sí queda el juez José Ceres, que también participó en la instrucción de las piezas de Gürtel, que regresaron a la Audiencia Nacional cuando los investigados perdieron la condición de aforados en las autonómicas de 2015.

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EFE

Fuentes jurídicas creen que, una vez cerrada la instrucción, designado tribunal —Camps ha intentado recusar al magistrado que debe juzgarle, José Ricardo de Prada, por "aversión" al PP— y a falta solamente de señalar las fechas del juicio, sería muy improbable que no fuera la Audiencia Nacional quien dilucidase la responsabilidad penal aunque el acusado obtuviese el aforamiento autonómico. Pero lo que está claro es que se abriría un escenario nuevo que habría que resolver.

La cuestión es si el PP de Pablo Casado y Carlos Mazón iría contra su propio código ético al incluir a un procesado por corrupción en sus listas. Desde la dirección popular, marcan distancias con Camps y guardan silencio a la hora de calificar sus intenciones. Pero no son pocos en la formación conservadora los que ya replican su mensaje de haber sido tratado injustamente por la Justicia durante todos estos años. Habrá que ver si eso se traduce en la inclusión en una candidatura justo antes de que tenga que sentarse por última vez en un banquillo.