Archivan la última pieza de la visita del Papa a Valencia en la que estaba imputado Camps
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EL JUEZ NO VE DELITO EN CONTRATOS

Archivan la última pieza de la visita del Papa a Valencia en la que estaba imputado Camps

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia considera que la fundación que organizó el evento religioso tenía naturaleza privada y no ve delito en la forma de adjudicar contratos

placeholder Foto: Camps saluda a Benedicto XVI. (EFE)
Camps saluda a Benedicto XVI. (EFE)

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia ha archivado la causa penal abierta contra el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el que fue su vicepresidente, Víctor Campos, y el obispo auxiliar Esteban Escudero, entre otros, por los contratos realizado por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, responsable de organizar la visita del Papa Benedicto XVI a la capital del Turia en el año 2006. La instrucción se abrió a petición del Juzgado Central 5, que ha juzgado la pieza sobre el mismo asunto por la que han sido condenados recientemente los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) y el exdirector de la Televisión Valenciana, Pedro García.

La instructora ha investigado presuntos delitos de la Fundación V Encuentro desde su constitución en el año 2005 hasta su liquidación en el año 2014. En concreto, los contratos que suscribió con 11 empresas, la posterior aportación de la suma de 2.000.000 euros por parte de la Generalitat valenciana en el año 2010 en concepto de dotación fundacional y la asunción de deudas en el año 2014 por importe de 1.306.897 euros, que según la Fiscalía integraban tipos penales relativos a la prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude funcionarial.

Foto: Bernie Ecclestone y Francisco Camps. (EFE)

Sin embargo, la jueza, Carmen Cifuentes, considera que la entidad organizadora del evento, pese a haberse financiado básicamente con fondos públicos, tenía una naturaleza privada en el momento de las contrataciones y, por tanto, no debía regirse por la ley de contratos públicos, razón por la que ha estimado que no hay indicios suficientes de delito y ha archivado la causa, según la resolución remitida a las partes a la que tuvo acceso El Confidencial. Uno de los testigos que avaló esa condición privada de la fundación fue el actual secretario autonómico de Hacienda, Francesc Gamero, de Compromís y una de las personas de confianza de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra.

"No existe indicio alguno de que los investigados se hubieran concertado al inicio para constituir una Fundación con el fin de delinquir, que tuvieran conocimiento de que la Fundación debía someterse a la normativa de la contratación del sector público para suscribir los contratos que suscribió y que con dicho conocimiento y 'a sabiendas' de esa naturaleza púbica que se defiende y de manera arbitraria se hubieran concertado para eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios para favorecer así a las mismas", escribe la magistrada.

Foto: Los acusados de la pieza de la visita del Papa, cuando comenzó el juicio en marzo. (EFE)

Sobre el papel jugado por Camps en la toma de decisiones, el auto judicial señala que, pese a haber ocupado el puesto de presidente de honor de la citada fundación, no tenía "ninguna atribución concreta que conste y de lo actuado durante la instrucción no se ha revelado participación alguna en la actividad de la Fundación, más allá de su presencia en actos institucionales por su carácter, también, de Presidente de la Generalitat Valenciana".

"Ninguna de las personas que han prestado declaración durante la instrucción manifestó haber visto al Sr. Camps por las dependencias de la Fundación, ni en las reuniones del Patronato, ni en los llamados 'grupos de trabajo' ni haber tratado con él temas relativos a la Fundación o haber recibido instrucción alguna del mismo de la naturaleza que fuere en relación a la actividad de la Fundación", señala el escrito de sobreseimiento provisional de la magistrada Carmen Cifuentes.

"Ninguna de las personas que han prestado declaración en la instrucción manifestó haber visto a Camps por las dependencias de la Fundación"

Además, el auto explica sobre las aportaciones de fondos públicos a la fundación que "nada ha quedado indiciariamente probado respecto al ánimo de lucro que debería estar presente en el momento de desarrollar la conducta". "Todas las decisiones tomadas por el Consell que afectaba a los caudales públicos —tanto la aportación de 10.000 euros en la construcción de la Fundación, como los dos millones de 2010, o el acuerdo de asunción de deuda de 2014— se adoptaron con los informes favorables de la Intervención de la Conselleria de Economía y de la Abogacía de la Generalitat, comprobados y fiscalizados posteriormente por la Sindicatura de Cuentas", se escribe contra el criterio de la Fiscalía.

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