Los 'campeones' discapacitados de Denia a los que la Generalitat debe 8 mensualidades

Cuando Aprosdeco nació en 1974, Franco todavía estaba vivo. España estaba cerca de acariciar la democracia y un grupo de padres decidió sumar fuerzas para crear servicios y recursos pedagógicos para minimizar los problemas de inserción social y la calidad de vida que presentaban sus hijos, con discapacidades intelectuales, y sus familias. Aquellas primeras experiencias cuajaron en 1987 con la creación del Centro Ocupacional La Xara de Denia (Alicante), un lugar de encuentro, empleo y conexión social cuando termina la etapa de escolarización cuya titular es la Generalitat, pero que gestiona la Asociación Pro Deficientes Psíquicos Marina Alta desde que abrió sus puertas en 1990.

En sus instalaciones, se atiende a personas adultas con síndrome de Down, autismo o parálisis cerebral residentes en 12 municipios de la comarca alicantina. Son casi un centenar de 'campeones', que bien podrían haber participado en la premiada película de Javier Fesser, y que aquí aprenden a cocinar, a llevar vidas independientes o a fabricar productos que pueden comercializarse. Esta 'familia' la forman los más de 30 empleados y 91 usuarios con diversidad funcional intelectual que atienden.

Pero La Xara, que añade hoy un centro de día al centro ocupacional, ha sufrido este 2021 el peor arranque de año desde que comenzó a andar. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha llegado a adeudar a Aprosdeco hasta ocho mensualidades del contrato de gestión, por un importe de casi 670.000 euros. La razón del retraso está en el atasco burocrático que se ha producido entre los departamentos de la Generalitat en el periodo transitorio que se ha abierto por la caducidad del contrato de gestión, hace año y medio, y la licitación de uno nuevo, del que queda abrir el tercer sobre para conocer el adjudicatario.

Esta circunstancia genera una figura administrativa conocida como 'resarcimiento por enriquecimiento injusto', un nombre que, así, de entrada, impacta, pero que en realidad obedece al hecho de que el centro ocupacional y de día no puede ser clausurado hasta que se adjudique el nuevo contrato por la función social que realiza. El concesionario sigue prestando el servicio fuera de contrato y tiene derecho a recibir la remuneración por ello. "En los últimos cinco años, hemos estado un par de veces en esta figura y hemos sufrido retrasos, pero nunca habían llegado a ocho meses, casi nueve, como ahora. Estamos acostumbrados a jugar con cuatro o cinco meses de retraso. Nos hemos quejado en varias ocasiones al gabinete de [la vicepresidenta y 'consellera'] Mónica Oltra, pero ya no responden", explica Ana Zambrana, directora de La Xara.

También argumenta que, al contrario que otras concesionarias de servicios sociales de la Conselleria de Políticas Inclusivas, como Eulen o DomusVi, Aprosdeco no tiene pulmón para aguantar más y tampoco puede acogerse a los anticipos de tesorería a bajo interés que ofrece el Instituto Valenciano de Finanzas por la situación administrativa en la que se encuentra su contrato. La directora considera inasumibles las condiciones que ofrecen los bancos para aliviar sus tensiones de tesorería.

La consecuencia del retraso es que los 33 empleados se han quedado esperando la nómina de junio y la paga extra. "Estamos al límite. Solo tenemos para pagar los impuestos. A lo mejor para Eulen no es nada, pero para nosotros ocho meses son cantidades muy importantes", añade Zambrana sobre las cuentas de la asociación sin ánimo de lucro, que preside Ana Vadillo, madre del cocinero Quique Dacosta. Concejales de los ayuntamientos de Denia, Xàbia o El Poble Nou de Benitatxell han respaldado las movilizaciones del centro, donde los empleados acuden a trabajar con camisetas con el lema 'Yo no trabajo gratis'. Los medios locales se han hecho eco de los problemas de La Xara, toda una institución en la comarca por su labor social.

Pendientes de la Intervención

A preguntas de El Confidencial, fuentes del equipo de Oltra lamentaron la situación que se ha generado y explicaron los retrasos por el bloqueo burocrático que se produce con los llamados expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto. Se trata de facturas que suelen acumularse en paquetes para pasarlas por el pleno del Consell y tienen que superar el filtro de la Intervención de la Generalitat.

Según explicaron desde la 'conselleria', esta pasada semana se liberó un pago de 90.000 euros y el consejo del Gobierno autonómico ha aprobado ya las mensualidades de diciembre y febrero, con otros alrededor de 180.000 euros, aunque todavía están pendientes de recibir la luz verde de la Intervención antes de pasar a Tesorería. La deuda actual asciende todavía a 579.000 euros. Pero mientras se resuelve el atasco administrativo, ya se están generando nuevos derechos en favor de la gestora del centro ocupacional conforme pasa el mes de julio, que tiene que atender gastos, pagar facturas y pagar las nóminas a su plantilla de trabajadores. Es el contraste entre la vida real y el universo paralelo que a veces domina la burocracia de la Administración, cuyos tiempos tienen muy poco que ver con los intereses de los colectivos a los que en teoría presta servicio.