El último cartucho de la Generalitat para rescatar fondos del pufo millonario de la F-1

No iba a costar ni un euro, pero ha terminado por pasar una factura de cerca de 300 millones de euros a las arcas públicas valencianas en forma de construcción del circuito (98,67 millones con sobrecostes), cánones pagados al patrón de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone (100M), derechos de televisión (26M para la TV valenciana), obras complementarias, un yate para invitados o masivas compra de entradas desde las empresas públicas. El último pagaré que el Gran Premio de Valencia impulsado por el expresidente autonómico Francisco Camps endosó a la Generalitat fue la decisión del gobierno regional de su sucesor, Alberto Fabra, de asumir por 99 céntimos la compra de Valmor, la empresa organizadora del certamen creada por Bancaja (hoy Bankia), el empresario Fernando Roig y el empresario y expiloto, Jorge Martínez ‘Aspar’.

Esa adquisición supuso a la Administración autonómica asumir una deuda adicional de 23,87 millones. Tras el cambio político de 2015, el nuevo Ejecutivo regional de coalición de PSPV-PSOE y Compromís, con respaldo inicial de la Fiscalía Anticorrupción, trató de recuperar parte del dinero personándose en causas judiciales contra los responsable políticos y de la empresa autonómica Circuito del Motor (gran pagana de la fiesta automovilística), con reclamaciones de responsabilidad civil.

La Abogacía no recurrirá el archivo de la pieza de la compra de Valmor, pero seguirá acusando en la del aval promovido por Camps y los contratos menores

Sin embargo, a lo largo del último año, la Generalitat ha acumulado importantes reveses judiciales que han cercenado las opciones de rescatar fondos y atribuir responsabilidades penales. En ambos casos, están ligados a la operación de compra de Valmor. Primero fue el Tribunal de Cuentas, quien pese a reconocer que esa adquisición fue una decisión lesiva para los fondos públicos que generó un quebranto en las arcas autonómicas, entendió que no había responsabilidad contable. La hipoteca de compromisos adquiridos por la Generalitat con el Gran Premio había alcanzado tal magnitud, que dejar caer a la empresa organizadora hubiera tenido “consecuencias igualmente negativas” en lo económico y que las 'exconselleras' Lola Johnson y Trinidad Miró y los altos cargos implicados en aquella compra actuaron conforme a informes justificados.

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Esa resolución del Tribunal de Cuentas, que no fue recurrida por la Abogacía de la Generalitat por entender que no iba a encontrar respaldo en casación en el Tribunal Supremo, ha sido clave en el archivo de la causa judicial penal por la compra de la empresa. Esta semana se conoció la confirmación de ese archivo por parte del juzgado de Instrucción 2 de Valencia, respaldado además por la Fiscalía Anticorrupción, que ha cambiado de opinión después de que el anterior fiscal que llevaba el caso, Vicente Torres, dejase las causas para incorporarse como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La Fiscalía también decidió apoyar el archivo de la causa que investigaba el papel del propio Camps en las negociaciones con Ecclestone. Sin embargo, en otoño del año pasado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia decidió reabrir la llamada pieza 1 de Valmor por entender que existían indicios para seguir investigando un posible delito de prevaricación en grado de tentativa por parte del expresidente valenciano por propiciar la firma de un contrato por el que la Generalitat sustituía a Bankia (antes Bancaja) como avalista de la empresa privada Valmor. Ese aval no llegó a ejecutarse, pero precisamente porque la empresa fue comprada por la institución regional y se hizo cargo de todos sus compromisos.

La Abogacía de la Generalitat se decanta por no recurrir en la Audiencia Provincial el cierre de la pieza de la compra de Valmor, donde no cuenta con respaldo del juez instructor ni de Anticorrupción, pero tiene previsto mantener la posición acusadora la causa del aval negociado por Camps y en una tercera pieza en la que se investigan los contratos menores encargados por la empresa pública Circuito del Motor relacionados con la organización del Gran Premio. Son las dos únicas vías que le quedan para tener alguna opción de buscar responsabilidades penales (y con ello las civiles económicas) por una sucesión de ediciones deportivas fastuosas en los años de vino y rosas previos al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de las que han quedado como herencia un agujero en las cuentas públicas y la pista asfaltada de circuito urbano de Valencia, ahora abandonado e invadido por arbustos y maleza a la espera de un desarrollo urbanístico que tampoco termina de concretarse.