Lío por la subida salarial de los diputados valencianos en plena crisis del coronavirus

El 23 de enero de este año, China descubría al mundo los riesgos del coronavirus con el bloqueo total de la ciudad de Wuhan, con varios millones de habitantes. Habían llegado tarde. El contagio ya se había extendido a 400 ciudades. Apenas un mes después, el 25 de febrero, en la lejana Europa, todavía dubitativa sobre la enfermedad e impactada por las drásticas medida del régimen de Xi Jinping, la Mesa de las Cortes Valencianas, con PSOE, Compromís, Podemos, PP y Ciudadanos, se reunía para aprobar diversos acuerdos. Entre ellos figuraba uno que nadie cuestionó pero que visto en el actual contexto ha generado una pequeña tormenta política en el universo autonómico. Aprobó una subida salarial con efecto retroactivo a 1 de enero para todos los parlamentarios y el personal al servicio de la Cámara del 2%, lo que implicará un gasto añadido de 285.726 euros con cargo al presupuesto de 2020.

No es una cantidad desorbitada y el incremento se justifica por el real decreto impulsado por el Gobierno el 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público para el presente ejercicio. Ese decreto fue validado por el Congreso de los Diputados con 291 votos a favor y la única abstención de Vox. De hecho, otros parlamentos como la Asamblea de Madrid hicieron lo mismo que las Cortes Valencianas un día después, el 26 de febrero.

Sin embargo, la subida salarial ha tenido efectos a partir del pasado 13 de marzo, cuando el acuerdo de la Mesa se publicó en el Boletín de las Cortes Valencianas. Ese día ya se habían suspendido las Fallas de Valencia, Madrid había cerrado colegios, bares y restaurantes y el virus había dejado 120 muertos y más de 4.000 contagiados.

El PP dice que renuncia a la subida, Vox recuerda que no la votó y PSOE y Compromís abren la puerta a revisarla cuando se retomen las sesiones

Tras hacerse público el incremento salarial, las formaciones de la oposición al Consell del Botànic han sido los primeros en exigir un cambio en el acuerdo y la renuncia al incremento salarial, aunque no han formalizado todavía ningún escrito oficial para tramitar un cambio en el acuerdo de la Mesa. "Desde el Partido Popular de la Comunidad Valenciana renunciamos a la subida de sueldo pactada para toda la Administración. Es momento de que todo esfuerzo vaya a la sanidad para detener el coronavirus. Reclamo a Ximo Puig una reducción del 30% en asesores, publicidad y ayudas discreccionales. Solo juntos venceremos", manifestaba a través de su cuenta de Twitter la presidenta regional de los conservadores, Isabel Bonig. "Esta subida era para el sector público y administraciones y consideramos que hoy el dinero debe ir destinado a las verdaderas urgencias. Esperamos que el resto de grupos lo secunde", indicaba también la cuenta del grupo popular.

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La formación de derecha radical Vox también lanzó un comunicado recordando que no forma parte de la Mesa (es el único partido que no tiene sitio porque el reglamento contempla cinco puestos y se quedó fuera). "No tenemos ni voz, ni voto, ya que fuimos vetados de la misma, a pesar de tener más diputados que otros partidos que sí tienen representación, quedando por tanto fuera de las deliberaciones y asuntos que se tratan en la misma, así como de lo que allí se vota", indicaban en la nota del grupo parlamentario.

El grupo de Ciudadanos lanzó un comunicado en el que anunciaba la creación de un fondo solidario que se destinará a la lucha contra el coronavirus. Además, los naranjas instaron a todos los miembros del Consell, concejales y cargos públicos a los que les corresponde esta subida "a que imiten la iniciativa de Ciudadanos y donen lo correspondiente a quienes más lo necesitan en estos momentos: los implicados en combatir esta enfermedad y lo más afectados por ella".

Ciudadanos anuncia la creación de un fondo para que sus diputados donen el importe de la subida y se destine a la lucha contra el virus

La posición de Compromís ha sido ambigua. Justifica la medida al señalar que es anterior la irrupción del virus y estaba prevista, auque deja la puerta abierta a una posible marcha atrás. "Hay que decir que se trata de una actualización previa a esta crisis sanitaria, aprobada en el mes de enero por parte del Gobierno central del 2% a los trabajadores públicos, ahi están incluidos todos los parlamentos autonómicos y así se trasladó en el parlamento valenciano. Las Cortes hemos sido solidarias en otras ocasiones y cuando volvamos a la actividad lo valoraremos todo, como no puede ser de otra manera", señaló el portavoz de Compromís, Fran Ferri.

También se pronuncio sobre la polémica el portavoz del grupo socialista Manolo Mata. "No tenemos ninguna subida diferente a la que ha tenido todo el resto del conjunto del sector público español, todos los departamentos, todos los funcionarios, todos los gobiernos. Pero después de que pase esta horrible pandemia será el momento de tomar decisiones". Sobre cuándo podría plantearse la revisión, Mata indicó: "Estamos deseando volver a la normalidad. No somos muy diferentes de los demás; tenemos hija e hijos que están afectados por ERTEs, amigos contagiados por el coronavirus. Lo que estamos deseando es volver para habilitar el mes de julio, ver si se habilita el mes de agosto y ver si se recupera el tiempo perdido y tomar las decisiones que toquen respecto a todo, incluidas las retribuciones".