Absueltos por el juez, condenados por la sociedad: la cara B de la macrocausa de Nóos

Elisa Maldonado acababa de salir de la consulta de maternidad en el Hospital la Fe de Valencia cuando le sorprendió el volumen de llamadas perdidas en su teléfono móvil. Fue el jueves 1 de diciembre de 2011. Hacía apenas un mes que la Policía Judicial había registrado la sede de la Presidencia de la Generalitat valenciana y los despachos de la empresa autonómica Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). Había estallado el caso Nóos en la Comunitat Valenciana. "Entré en el coche y tenía 80 millones de llamadas de la policía de delitos económicos de Palma. A las cuatro de la tarde estaba declarando frente a [el fiscal Anticorrupción, Pedro] Horrach en un cuarto de dos por dos. Estaba embarazada de gemelos con 22 semanas de gestación y me acababan de dar la baja esa misma mañana. El ginecólogo me había prohibido trabajar y me había indicado que no me sometiera a situaciones de riesgo".

Licenciada en Derecho, máster en Asesoría Jurídica por el Instituto de Empresa y 44 años de edad, Maldonado llevaba hasta entonces casi cuatro años al frente de la gerencia del Museo Picasso de Málaga. En enero de 2008 había pasado de un cargo de gestión en una empresa pública en una administración gobernada por el Partido Popular a la gerencia de un museo de prestigio dependiente de la Junta de Andalucía, en manos del PSOE. Nadie le pidió el carnet, ni le preguntó por su afinidad política. La suya prometía ser una carrera profesional de corte técnico hasta que la macrocausa que ha llevado a la cárcel a Iñaki Urdangarin se le cruzó en el camino.

"Al día siguiente llamé a Sevilla para avisarles. Incluso, me desplacé para explicarles lo que había pasado, pero ya no me quisieron recibir. La Junta de Andalucía llegó a decir que prefería que no se me viera por allí". Fue sustituida temporalmente, despedida un año después y su plaza fue amortizada por el Gobierno andaluz alegando razones de "austeridad", lo que le impidió ganar una demanda posterior por despido nulo. Desde entonces no ha vuelto encontrar un empleo. La huella de Google puede ser un asesor implacable en manos de cualquier responsable de recursos humanos.

Se te veta inmeditamente, aunque tengas una sentencia absolutoria. Quien pensaba que lo habíamos hecho mal lo sigue pensando

Maldonado es una de las nueve personas absueltas por la Audiencia Provincial de Baleares, primero, y por el Tribunal Supremo, después, en un procedimiento que ha durado más de siete años e infinitas portadas de periódicos y tertulias de televisión. Ninguno de los dos tribunales consideró punible su actuación en los convenios que la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) suscribieron con el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin para la celebración de tres ediciones (2004, 2005 y 2006) de un foro sobre eventos deportivos denominado Valencia Summit por el que cobró más de un millón de euros. Cuando ella llegó a Cacsa, el primero de los acuerdos ya estaba firmado. Su papel en el asunto se había limitado a elaborar un informe justificativo y otro jurídico a instancias de la Sindicatura de Cuentas. El tribunal balear consideró que, en su posición de gerente de la empresa pública, actuó conforme a la legalidad y dictó una resolución absolutoria en el delito de falsedad de documento público.

Lo mismo ocurrió con dos de los exdirectores de la sociedad de la Generalitat, José Manuel Aguilar y Jorge Vela, y con el que fue secretario autonómico de Eventos y Proyectos, Luis Lobón, entre otros. Ambos tribunales entendieron que no podían ser condenados por prevaricación porque la naturaleza mercantil de la Ciudad de las Ciencias generaba dudas suficientes en la forma de relacionarse con la entidad de Urdangarin. El Ministerio Fiscal defendía que se trataba de una entidad de derecho público y, por tanto, el acuerdo con el Instituto Nóos no debió tramitarse como convenio, sino como contrato de prestación de servicios o una subvención (que calificó de encubierta) con concurrencia y publicidad.

Sin embargo, la Audiencia de Palma y el Supremo concluyeron que podía regirse por el derecho privado y que, consecuentemente, no cabía admitir que los acusados pudieran haber tomado una decisión administrativa a sabiendas de su ilegalidad. Los expedientes, tal como se tramitaron, no eran ajenos a la ley. Un argumento similar emplearon para exculpar a los responsables de la Fundación Turismo Valencia, entre ellos Alfonso Grau, el que fue mano derecha de Rita Barberá

En todos los años de instrucción sobrevoló el hecho de que el acuerdo con Urgandarin tenía un carácter político promovido por los superiores de los procesados en la Ciudad de las Ciencias. Los fallos recogen numerosos indicios de esto: comunicaciones del cuñado del rey Felipe VI a Francisco Camps; encuentros con Barberá, entonces alcaldesa de Valencia, hoy fallecida; inclusión de los Summit de Urdangarin en los planes de acción del Consell con motivo de la America's Cup; o autorizaciones de los convenios por el consejo de administración de la empresa pública y el patronato de la FTVCB.

"Estos procesos no pueden ser tan largos. Son como un cepo que te tiene trabado el tobillo", dice José Manuel Aguilar, exdirector de Cacsa

El juez instructor José Castro y el fiscal Pedro Horrach propusieron al TSJ valenciano investigar a Camps o Barberá, ambos aforados autonómicos. Ello hubiera supuesto probablemente perder una parte importante de la causa en favor del tribunal autonómico o de Tribunal Supremo, por la elección de Barberá como diputada en el Congreso a partir 2015 y de Gerardo Camps desde las generales de 2011, superior directo de Lobón, Aguilar, Vela y Maldonado. Pero en 2013, la Sala de lo Civil y Penal de Valencia rechazó la competencia al no advertir en aquel momento suficientes indicios. Descartados los políticos, Horrach y Castro fueron a por los cargos técnicos para sostener la "trama valenciana" del caso Urdangarin.

¿Que fue de la vida de estas personas, eximidas por la Justicia de cualquier responsabilidad penal, durante los siete años de instrucción? ¿Cómo puede cambiar el escenario vital y social de alguien implicado en una macrocausa de estas características que luego ha resultado exculpado?

"Se te veta inmediatamente, aunque tengas una sentencia absolutoria. Quien pensaba que lo habíamos hecho mal lo sigue pensando. Lo vemos en los telediarios y tertulias serias y no serias. Siguen pensando que tuviste algo que ver", reflexiona la exgerente de Cacsa y el Museo Picasso. Ella ha tratado sin éxito de encontrar un empleo estos años y ha aprovechado para dedicarse a sus hijos. "He enviado curriculums sin recibir ninguna contestación. Incluso a veces he tenido que pedir dinero a mis padres, que han estado en tratamiento y han envejecido mucho. Lo más preocupante es lo que pasa a tu alrededor. Cómo lo vive tu marido, tus hijos en el colegio", explica mostrándose positiva porque en su caso los niños eran pequeños y no se han enterado de lo ocurrido. A partir de otoño, "con dos sentencias en la mano", contempla reincorporarse al mercado laboral.

José Manuel Aguilar ha tenido hasta hace muy poco su vivienda embargada judicialmente como medida preventiva para atender una posible responsabilidad económica en caso de sentencia condenatoria. "Hace una semana envié a la audiencia de Palma un escrito para que se levantaran los embargos que pesan sobre mi casa". Durante estos años ha creado tres empresas. "Para ello he tenido que hacer disposiciones de dinero personal. Cada vez que lo hacía me daba pánico pensar que pudieran condenarme y que dijeran que había hecho un alzamiento de bienes", explica el que fue director del complejo diseñado por Santiago Calatrava. Dejó el cargo en 2004, nada más firmar el convenio con Nóos, tras recibir una oferta de una contratista, Secopsa. Tras abandonar esta compañía decidió emprender por su cuenta.

"Estos procesos no pueden ser tan largos. Son como un cepo que te tiene atrapado el tobillo. Le pregunté al juez Castro a la cara que qué tenía contra mí, que por qué había cuestionado mi honorabilidad personal y profesional. Le dije: 'dígame que hago yo aquí'. Y no me pudo contestar", relata a este periódico. "Se viven situaciones tremendas porque hay gente muy mala. Ha salido mi cara en las noticias de las nueve y mi hija ha llegado a recibir una llamada de una amiga porque su padre le ha dicho que me ha visto en la televisión". Aguilar y el resto de absueltos son muy críticos con la instrucción de Castro y el papel jugado por Horrach.

Ha salido mi cara en las noticias y mi hija ha recibido una llamada de una amiga porque su padre le ha dicho que me ha visto en la TV

Este antiguo responsable de la Ciudad de las Artes y las Ciencias advierte de los daños colaterales que provocan a nivel personal este tipo de causas tan mediáticas, donde muchas veces los instructores lanzan redes como barcos de pesca de arrastre que cautivan todo lo que queda atrapado en ellas. "Hay mucha gente a mi alrededor que lo pasó mal. Yo lo único que quería era una sentencia que dejase claro que no había motivo para condenarme para que estas personas que creían en mí y que me importan la tuvieran para enseñarla a quien quisieran. El resto del mundo seguirá pensando que soy un corrupto. Pero contra eso no puedo hacer nada", señala.

Le pregunté al juez Castro: 'dígame qué hago yo aquí'. Y no me pudo contestar

Algunos de los procesados de Nóos han tenido que recibir tratamiento psicológico. Lo confesó Mercedes Coghen, que fue consejera delegada de la fallida candidatura olímpica de Madrid 2016, en una entrevista con 'El País'. "Había mucha gente empastillada", señaló de forma gráfica sobre las vistas orales del juicio del que también salió absuelta.

Tamara Peral, psicóloga forense y responsable del Instituto de Psicología Jurídica y Mediación, explica que muchas personas que se ven envueltas en procesos judiciales, sean estos sentenciados en firme o absueltos por faltas de pruebas, sufren durante el periodo de enjuiciamiento una serie de consecuencias que en muchas ocasiones, sin un tratamiento adecuado, pueden prolongarse de por vida. "Como seres humanos nos caracterizamos por tener resiliencia, esa capacidad de superar cualquier hecho traumático que suceda en nuestro entorno, sin embargo, no todas las personas tienen esa fortaleza para seguir adelante. Hablamos entonces de esas consecuencias o secuelas psicológicas que vienen tras un episodio amargo en nuestra vida", señala.

"En ese momento aparecen las palabras impotencia, rabia, miedo, tristeza o angustia. Todo ello puede derivar en ansiedad, estrés, o, en mayor medida, trastornos asociados a esa experiencia, como depresión, estrés postraumático o trastorno adaptativo", añade. "Se ha de pensar que la persona puede perder su puesto laboral, la relación con los iguales merma y la familia puede, en ocasiones, no ser el mejor apoyo. Por otra parte, la persona afectada no descansa bien, puede tener problemas alimenticios, no querer relacionarse con nadie y, además, tener que estar expuesta continuamente en los medios de comunicación. Por ese motivo, siempre es recomendable realizar un seguimiento médico y psicológico para que las personas inmersas en procesos de larga envergadura sean capaces de continuar con su vida diaria de la mejor forma posible", concluye tras una consulta de El Confidencial.

El pánico de los funcionarios a verse envueltos en causas judiciales ha convertido los procedimientos administrativos en una carrera de obstáculos

Hay otro impacto colateral. El pánico de los funcionarios a verse envueltos en causas judiciales tras la lluvia de casos de corrupción ha convertido los procedimientos burocráticos de la Administración en una carrera de obstáculos que ralentiza todos los expedientes públicos, especialmente en territorios salpicados por muchas causas, como la Comunitat Valenciana. Nadie quiere firmar nada que no venga avalado o justificado jurídicamente hasta el extremo. Hay modificados de obra en colegios de poblaciones que llevan años con sus niños en barracones que tardan meses en resolverse porque los funcionarios ponen todo tipo de pegas antes de darles luz verde.

Funcionarios paralizados

A esta psicosis ha contribuido, además, la estrategia de judicialización como forma de oposición del PP contra el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra y en ayuntamientos en manos de la izquierda. Los populares quieren que sus adversarios políticos prueben su propia medicina. Hasta la fecha no se han producido procesamientos pero se somete al escrutino de los instructores la labor de todo tipo de funcionarios, interventores o abogados de la Generalitat.

El Consell valenciano ha aprobado recientemente un decreto que extiende la posibilidad de que la Generalitat y su sector público instrumental (empresas y fundaciones) puedan suscribir pólizas de seguro de responsabilidad civil que cubran los gastos y costes legales cuando se produce una contingencia judicial. La iniciativa busca amortiguar los miedos del cuerpo funcionarial a firmar y participar en procedimientos admnistrativos o de contratación. La medida no es nueva. Algunas empresas como la Ciudad de las Ciencias ya contratan desde hace años este tipo de pólizas, si bien no tienen efecto cuando se dictan sentencias condenatorias o una conducta dolosa para la Administración.

El seguro ha servido a los absueltos del caso Nóos, por ejemplo, para cubrir muchos miles euros (la cifra supera holgadamente los 100.000 euros por cabeza) en gastos legales y de defensa, desplazamientos, hoteles, etc. Hay que tener en cuenta que el juicio de Nóos en Palma se prolongó durante casi seis meses.

En el caso de los exculpados de Cacsa pudieron contar con este respaldo económico, pero aun así, no es fácil tener que descuidar un empleo o una empresa para acudir a un juicio de estas características y, en general, no todos los procesados por causas de corrupción cuentan con estas pólizas. El impacto económico puede terminar de arruinar la vida de los imputados.